PRECIO PLENO
Como el tipo de cambio es una gigantesca transferencia de riqueza de unos argentinos a otros es que lo debe decidir el Congreso. No lo hace.
Autora: Iris Speroni
No pareciera un pedido desmedido.
Ése y no otro era el reclamo del Senador por Santa Fe Lisandro de la Torre al Ministro de Agricultura Luis Duhau en la década del 30.
De la Torre acusaba a los frigoríficos británicos de manipular el precio del ganado en pie. Afirmaba que abusaban de posición dominante (oligopsonio) y pagaban animales jóvenes, sanos y pesados a precio de vaca vieja. En particular a ganaderos pequeños y medianos.
Sostuvo que el Ministro Duhau recibía precios preferenciales para su propio ganado como pago encubierto por permitir las irregularidades en el mercado de la carne. El Ministro rechazó los cargos. La controversia termina en el asesinato del senador Bordabehere, quien interceptó un bala disparada por el guardaespaldas de Duhau contra De la Torre.
¿Por qué traigo a la memoria un episodio de casi 100 años de antigüedad? Porque el tema de no cobrar el precio pleno no es nuevo en la Argentina. Tampoco es exclusivo de los productos agropecuarios.
El historial nuestro es largo y no sólo por parte del estado. Ejemplo: mercado del girasol décadas atrás. Para evitar abusos el sector demandó al gobierno formar la Junta Nacional de Granos (1933) y la Junta Nacional de Carnes (1934).
Tiempo después el gobierno monopolizó el comercio exterior y formó el IAPI. Fue una iniciativa sovietizante que tuvieron casi todos los países occidentales en la década del ‘50. Australia desarmó la suya pocos años atrás debido a escándalos de corrupción y lavado de dinero.
EEUU hoy tiene una gigantesca intervención en los mercados agrícolas domésticos. El Departamento de Agricultura de EEUU, tiene un presupuesto anual de U$S 151 mil millones, de los cuales el 80% se destina al pago de complementos alimentarios (nuestros planes sociales).
Estos subsidios se canalizan en sólo algunas cadenas de comercialización, beneficiadas arbitrariamente. Así mismo facilitó la concentración de la producción en grandes grupos económicos como Smithfield Foods (*).
Es por todos conocida la distorsión europea del mercado de producción y elaboración de alimentos.
Son mercados con distorsiones privadas y gubernamentales. La gran diferencia en nuestro caso es que el campo mantiene a todo el resto del país, desgracia inigualable.
Nuestras distorsiones
IAPI. Fue hecho a semejanza de otros institutos de posguerra similares. Mecanismo: el estado vendía los productos al precio del mercado internacional y le pagaba al productor lo que arbitrariamente decidía.
Esa intermediación le dejaba ingresos al estado y reducía en igual medida los ingresos de los productores. En algunos productos la diferencia era sustancial.
Ese dinero el gobierno la usaba para administrar el estado, invertir en bienes públicos y subsidiar a la industria.
El golpe de estado del ´55, que había prometido liberar a los productores de la carga de subsidiar a la industria, lejos de ello, continúa con la práctica con otras herramientas.
Los mecanismos de apropiación del precio de los productos agropecuarios que se inauguran en la segunda mitad de la década del ‘50 subsisten hasta hoy.
a. Derechos de exportación,
b. tipo de cambio diferenciado o artificialmente bajo,
c. FMI como instigador del expolio al sector agropecuario.
Argentina se une al Fondo en 1958 durante el gobierno de Frondizi.
Incluyo al FMI en la ecuación. Las soluciones ofrecidas por sus burócratas han sido las mismas por 62 años, desde 1958 a la fecha: derechos de exportación y desdoblamiento del tipo de cambio y/o retraso cambiario. Jamás una idea diferente.
Insisten hoy en “aconsejar” los derechos de exportación; impuesto que no existe más en el mundo.
Precio Pleno
¿Cómo funcionan estos mecanismos de apropiación? Si un producto tiene un precio internacional de 100 dólares la unidad, con los derechos de exportación, al productor le llega lo que el poder ejecutivo arbitrariamente decida. Puede ser 98, 95, 81 ó 67. Este último guarismo es con una alícuota de derecho de exportación del 33%.
No termina ahí. El estado en lugar de entregarle en divisa el precio arbitrariamente decidido por el propio estado, resuelve darle pesos y no divisa. ¿Cuántos pesos? Los que el estado arbitrariamente disponga, porque el gobierno determina el tipo de cambio a utilizar para cada transacción, en lugar de entregarle la divisa al dueño de la cosa, como determina el Código Civil.
Hay una doble intervención. El resultado es la destrucción de la rentabilidad del productor.
En el caso de la manipulación del tipo de cambio, afecta no sólo a los productores agropecuarios sino a todos los exportadores. Impide la exportación de helicópteros para Cicaré, el software u otros servicios, o las de aberturas de aluminio para la industria metalmecánica. La Argentina debería ser el principal exportador de maquinaria agrícola del mundo (como lo somos en muchos otros rubros). No lo somos exclusivamente por la política cambiaria. Esta decisión gubernamental mata empleo y deprime el nivel salarial de sectores enteros.
Así se apropia el estado del dinero del campo. ¿Qué hace con ese dinero? Varias cosas. Gran parte se lo da a los bancos. Otro, menos, al Club de la Obra Pública, o paga la AUP, la Asignación Universal para Petroleros, para que el estado chino o la Shell o Exxon puedan tener dinero para explotar nuestro petróleo. El resto se usa para pagar jubilaciones, otra, en cantidades desconocidas e inauditables para “acción social”, lo que esto signifique, y una cantidad pequeña en comparación (menos del 10% del presupuesto nacional) para pagar los sueldos de los tres poderes federales.
Es por esta razón que la Constitución Nacional sabiamente determina que tanto los derechos aduaneros (los derechos de exportación) como la política monetaria y la determinación del tipo de cambio (¿alto? ¿bajo? ¿unificado? ¿desdoblado?) sea atribución y potestad del Congreso Nacional.
Un tipo de cambio alto significa prosperidad para Formosa, Corrientes, Misiones, Chaco, Salta, Catamarca, La Rioja, Cuyo, etc.. También significa que los empleados públicos no puedan irse de vacaciones a París o al Caribe.
Un tipo de cambio bajo significa pobreza para todo el interior que sólo recibirá una parte del precio pleno por su algodón, porotos, garbanzos, carne, té, madera, pacú, girasol, lana, aceite de oliva, ajo, cebolla, vinos finos, etc. Eso sí, el muchacho de mesa de entradas conocerá Barcelona.
Como el tipo de cambio es una gigantesca transferencia de riqueza de unos argentinos a otros es que lo debe decidir el Congreso. No lo hace. Se ocupan de cuanta banalidad existe, pero de que Formosa o Tucumán reciban el precio justo, no se ocupan. Lo delegan en el poder ejecutivo, lo que está prohibido por la propia Constitución.
Estos no son los únicos daños contra la rentabilidad del sector, los cuales enumeraré para futura referencia: el alto costo del flete atenta contra la rentabilidad de todo el aparato productivo argentino. Tal vez sea hora de que el sector agropecuario se haga cargo de los FFCC. No existe campo sin FFCC en Argentina. Lo entendió Avellaneda. ¿Por qué ahora no se entiende?
Otros mecanismos de destrucción de rentabilidad son las restricciones para arancelarias para exportar. Existen IAPIs privatizados para los amigos del poder.
Todo pedido del sector debe concentrarse en exigir al congreso que el productor reciba el precio pleno de su trabajo y que la carga impositiva sea la misma que para el resto de los ciudadanos. Pedir el precio pleno por el trabajo de uno no es un privilegio, es un derecho constitucional.
Sin diputados y senadores, quienes no somos representados seguiremos dándole nuestros impuestos al gobierno para que solvente bancos, petroleras, compañías de transporte, automotrices, el club de la obra pública y fundaciones con objetivos contrarios al bien de la Nación.
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(*) Si bien es ficcional y para nada detallado o preciso, la tercera temporada de la serie Shooter gira alrededor del Secretario de Agricultura y negocios poco claros.
