EL PELIGROSO JUEGO DE LA CIA EN MÉXICO
Las operaciones encubiertas al sur de la frontera amenazan con descontrolarse.
Autor: Juan David Rojas (@rojasrjuand)
Nota original: https://www.theamericanconservative.com/in-mexico-the-cia-is-playing-a-dangerous-game/
La semana pasada, el New York Times arrojó nueva luz sobre las actividades encubiertas de Estados Unidos en México, incluidas las recientes muertes de dos agentes de la CIA en el estado fronterizo de Chihuahua. El reportaje del *Times* revela cómo funcionarios de inteligencia estadounidenses establecieron una relación con un fiscal mexicano corrupto, con el objetivo de crear una base para operaciones contra los cárteles. Dado que el gobierno mexicano se opone a la presencia de espías estadounidenses en su territorio, la CIA tuvo que actuar con un nivel adicional de secretismo, colaborando con funcionarios estatales y otros intermediarios para facilitar su presencia al sur de la frontera.
El hombre que se encuentra en el centro de estas acusaciones es Guillermo Zuany Portillo, quien hasta mayo se desempeñó como fiscal antisecuestros de Chihuahua. En 2025, el Departamento de Estado revocó la visa estadounidense de Zuany debido a sus presuntos vínculos con cárteles; anteriormente, cuatro testigos habían acusado al fiscal de complicidad en el asesinato de dos agentes de policía ocurrido en 2022. Sin embargo, pocos meses después, la visa de Zuany fue restituida, coincidiendo con el momento en que asumió el papel —informal— de enlace local para la CIA.
Según el reciente reportaje del *Times*, Zuany puso en contacto a agentes de inteligencia estadounidenses con la policía estatal de Chihuahua con el fin de desarrollar una nueva unidad de fuerzas especiales. Una vez integrados en el cuerpo policial, los agentes de la CIA ayudaron a planificar operaciones de seguridad e identificar objetivos para realizar redadas. Participaban habitualmente en estas misiones —llegando incluso a proporcionar fuego de cobertura en al menos una ocasión—, aunque siempre se aseguraban de ocultar su identidad utilizando insignias de la policía estatal de Chihuahua.
En abril, esta unidad llevó a cabo su operación de mayor envergadura: una incursión en un laboratorio de metanfetamina en la remota Sierra Madre, en la frontera con el estado de Sinaloa, una zona azotada por el narcotráfico. En ella participaron cuatro agentes de la CIA; durante el trayecto de regreso, el convoy tuvo que recorrer caminos sinuosos en un terreno de difícil acceso. Uno de los vehículos, en el que viajaban dos agentes de la CIA, tuvo problemas de visibilidad y se precipitó por un barranco de unos 90 metros (300 pies) de profundidad, lo que provocó la muerte de todos sus ocupantes.
El incidente desató una fuerte controversia política entre la presidenta de México, de tendencia izquierdista, Claudia Sheinbaum, y la gobernadora conservadora de Chihuahua, Maru Campos. Sheinbaum se ha resistido firmemente a las presiones de la administración Trump para permitir que personal de seguridad estadounidense opere en el país; además, la legislación mexicana prohíbe que agentes extranjeros realicen operaciones sin la autorización expresa del gobierno federal. Según se ha podido determinar, la presencia de los agentes de la CIA fallecidos nunca fue notificada a las autoridades en Ciudad de México: uno de ellos ingresó al país con una visa de turista, mientras que el otro lo hizo con un pasaporte diplomático.
Campos sostiene que desconocía las actividades de la CIA en su estado, aunque Zuany afirmó lo contrario en un mensaje enviado al diario The Times. Asimismo, en mayo, Campos habría autorizado la creación de un centro de vigilancia conjunto con cinco agencias estadounidenses en Ciudad Juárez. Si bien la gobernadora ha logrado evitar, hasta el momento, un proceso de destitución, su fiscal general, César Jáuregui, fue detenido y acusado de traición a la patria en relación con este caso que involucra a la CIA. Tras la revelación de estos hechos, las fiscalías federal y de Chihuahua emitieron órdenes de captura contra Zuany; este huyó a Estados Unidos, donde, según se informa, se encuentra bajo la protección del gobierno estadounidense.
Existe, por supuesto, razón para creer que Sheinbaum —quien ha profundizado la cooperación en materia de seguridad con Washington en otros ámbitos— es más consciente de las actividades de la CIA en su país de lo que ha dejado entrever. En cuanto al atentado con coche bomba ocurrido en marzo contra presuntos miembros de un cártel en las afueras de la Ciudad de México, funcionarios de inteligencia anónimos revelaron posteriormente que fue obra de los estadounidenses, quienes presuntamente se coordinaron con las autoridades mexicanas. Cabe plantearse dos grandes interrogantes al respecto: en primer lugar, ¿de qué operaciones de inteligencia estadounidense tiene conocimiento el gobierno de la Ciudad de México? Y, en segundo lugar, ¿hasta dónde está dispuesta a llegar la Casa Blanca en este asunto?
Los antecedentes en Chihuahua sugieren que la administración Trump está empleando diversos mecanismos para facilitar las operaciones de la CIA en todo el país. Con este fin, parece estar buscando vínculos más estrechos —y al margen de la legalidad— con gobiernos estatales de la oposición que se muestran dóciles.
Otro aspecto es la revocación de visados y otras posibles medidas punitivas. Resulta llamativo que la revocación de visados a cargos electos se haya aplicado exclusivamente a políticos del partido gobernante de Sheinbaum, Morena, especialmente a aquellos que gobiernan en estados situados a lo largo de la frontera con Estados Unidos. De los seis estados mexicanos fronterizos, la mitad están gobernados por Morena y la otra mitad por partidos de la oposición. Sin embargo, solo los gobernadores de Morena —Marina del Pilar, de Baja California; Alfonso Durazo, de Sonora; y Américo Villarreal, de Tamaulipas (aunque este último ha cuestionado dicha información)— han sufrido la revocación de sus visados, todo ello bajo la acusación de mantener presuntos vínculos con cárteles.
Para ser claros, ninguno de los tres gobernadores de Morena ha sido imputado, aunque la administración estadounidense tomó la medida sin precedentes de hacer públicos los cargos contra el gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya —miembro de Morena—, a principios de este año. Asimismo, algunos gobernadores de la oposición —como Samuel García, de Nuevo León, y Estéban Villegas, de Durango— estarían bajo investigación; no obstante, siguen pudiendo viajar libremente a Estados Unidos.
El patrón sugiere que la presión de la Casa Blanca sobre los políticos mexicanos es inversamente proporcional a la disposición de estos últimos para colaborar con las agencias de inteligencia estadounidenses, para bien o para mal. Paradójicamente, muchos de los objetivos de la CIA en Chihuahua lograban escapar, lo que llevó a las autoridades estatales a sospechar que Zuany —actualmente prófugo y bajo protección estadounidense— les daba aviso. Cabe preguntarse, entonces, si a la Casa Blanca le interesa, en última instancia, ampliar el acceso de sus agencias al sur de la frontera como un fin en sí mismo.
Otra posibilidad —que no excluye la teoría anterior— es que el principal objetivo de la administración Trump sea debilitar al partido gobernante de cara a las elecciones legislativas y estatales del próximo año (incluidas las que se celebrarán en cuatro estados fronterizos). Las encuestas sugieren que Morena y sus aliados volverán a dominar el panorama, aunque es posible que pierdan sus supermayorías en el Congreso y algunas gubernaturas.
Sea como sea, Trump está jugando un juego peligroso al sur de la frontera. Si, como se sospecha, la CIA está actuando de manera unilateral contra los traficantes en todo México, el riesgo de que se produzcan más bajas y represalias es enorme. Desde el asesinato del agente de la DEA Enrique Camarena en 1985, los cárteles mexicanos han evitado atacar a ciudadanos estadounidenses —y, en particular, a funcionarios— por temor a represalias contundentes. Esto podría cambiar en caso de una intervención estadounidense de mayor envergadura.
Muchos republicanos, incluidos aquellos que en teoría abogan por la contención, consideran que vale la pena sustituir un conflicto indefinido con la Fuerza Quds del Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica (IRGC, por sus siglas en inglés) por otro conflicto indefinido contra los capos de la droga en México. Esta perspectiva es profundamente errónea. Es muy probable que una intervención militar en México se descontrole, dando lugar a una nueva «guerra sin fin», esta vez en nuestro propio vecindario. Un agravamiento del caos en México tendría graves consecuencias económicas para Estados Unidos (al fin y al cabo, es nuestro mayor socio comercial); y, lo que quizá sea más importante, podría avivar una nueva crisis migratoria que echaría por tierra, de un solo golpe, el logro más destacado del segundo mandato de Trump.
Por poco glamuroso que pueda parecer, a Washington le conviene aprovechar al socio competente en materia de seguridad que tiene actualmente en Ciudad de México. Las incautaciones de fentanilo al sur de la frontera han alcanzado niveles récord, mientras que, al norte de la misma, han caído a mínimos históricos; además, México ha extraditado —en algunos casos, de manera irregular— a cerca de 200 líderes del narcotráfico a Estados Unidos. Y, contrariamente a su imagen de heroína progresista, Sheinbaum ha emprendido una ofensiva contra los cárteles que ha resultado sorprendentemente exitosa, en parte gracias a una política de encarcelamiento masivo.
Bajo la gestión de Sheinbaum y del secretario de Seguridad, Omar García Harfuch, el número de encarcelamientos mensuales se ha triplicado en comparación con los gobiernos anteriores, tanto de Morena como de la oposición. Si esta tendencia continúa, la población penitenciaria de México alcanzará cerca de 350.000 personas para el final del mandato presidencial, frente a las 220.000 registradas en 2024. No es casualidad que los homicidios hayan disminuido aproximadamente un 50 por ciento desde 2024. La administradora de la DEA, Terry Cole, ha elogiado a Harfuch por la cooperación histórica en materia de seguridad entre ambos países.
La administración Trump está lidiando actualmente con las consecuencias desastrosas de una intervención militar agresiva llevada a cabo a 7.000 millas de Estados Unidos. Haría bien en evitar el riesgo de incurrir en nuevas aventuras militares justo en nuestra propia puerta.
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Juan David Rojas
Juan David Rojas es un corresponsal de The American Conservative con sede en el sur de Florida. Antes de incorporarse a la revista, trabajó como analista de inteligencia en el sector privado y como periodista independiente especializado en el hemisferio occidental. También es columnista en UnHerd.
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