NUCLEOELÉCTRICA ARGENTINA
Autora: Laura V. Canale* (@LauVic)
En
medio de un plan de reformas profundas, el gobierno del presidente Milei avanza
con la apertura del capital de Nucleoeléctrica Argentina S.A. (NA-SA) a
inversores privados. La medida, que forma parte del paquete de la Ley Bases
sancionada en 2024, contempla la incorporación de hasta un 49 % de
participación privada, sin perder el control estatal. La decisión genera
entusiasmo en sectores empresariales, pero también inquietud entre
especialistas, sindicatos y actores vinculados a la soberanía energética.
Un
poco de historia: qué es y qué hace NA-SA
NA-SA
nació en 1994, en un contexto de reestructuración del sector energético argentino,
con la misión de operar las centrales nucleares del país. Actualmente, tiene a
su cargo tres plantas en funcionamiento:
- Atucha I (1974), ubicada en
Lima, provincia de Buenos Aires
- Atucha II (puesta en marcha en
2014, tras décadas paralizada), también en Lima.
- Embalse (1983), en la provincia
de Córdoba
Estas
tres centrales en 2024 generaron 10.449.015 MWh, lo que representó el 7.35% de
la electricidad total consumida en el país aproximadamente.
NA-SA
en la actualidad impulsa la extensión de vida útil de Atucha I, que una vez
concluida podría operar por 20 años más.
En
su esquema original, el Estado nacional es el accionista mayoritario con el
79 %, acompañado por la Comisión Nacional de Energía Atómica (CNEA) con el 20 %
y Energía Argentina S.A. (ex ENARSA). Es decir, se trata de una empresa
íntegramente pública, altamente especializada y estratégica.
También
participa en proyectos de desarrollo como el reactor modular CAREM 23,
el primero de su tipo en América Latina que sigue siendo un proyecto
estratégico de desarrollo íntegramente nacional. Pero se descartó su versión comercial de 32 MW
por falta de viabilidad económica según manifestaciones del propio gobierno
nacional.
¿Qué
se busca con la apertura al capital privado?
En
2024, con la sanción de la Ley Bases, Nucleoeléctrica Argentina S.A. (NA-SA)
fue incluida en el listado de empresas estatales “sujetas a privatización”. Sin
embargo, el texto final aprobado por el Congreso aclara que la privatización
será parcial, con el Estado manteniendo el control accionario y las decisiones
estratégicas.
El
actual presidente de NA-SA, Demian Reidel, que además lidera el denominado Plan
Nuclear Argentino, explicó que la participación privada podría permitir el
financiamiento de proyectos clave, como nuevas centrales, obras de
mantenimiento, sitios de almacenamiento de combustible y expansión de capital.
Las
iniciativas de Reidel al frente de Nucleoeléctrica reflejan una estrategia más
amplia de apertura al sector privado en áreas clave de la infraestructura
energética. Y uno de los objetivos a corto plazo es avanzar con la
privatización parcial de Nucleoeléctrica, promoviendo la colaboración
público-privada para modernizar y expandir la infraestructura nuclear del país.
Una
de las metas más destacadas del Plan Nuclear Argentino es la construcción de
nuevos reactores modulares de 300 MW, con diseño nacional, que se sumarán al
complejo nuclear de Atucha. Según el mencionado Plan, se construirán cuatro
reactores modulares en el predio que hubiese ocupado el reactor de potencia
Atucha III (de tecnología y fabricación china), proyecto que quedó trunco.
Estos
pequeños reactores modulares (SMR) comprenden el trabajo coordinado de INVAP,
NA-SA, CNEA, CONUAR y otros organismos públicos, junto con jugadores privados y
capital externo.
El
gobierno busca atraer inversores nacionales e internacionales, especialmente en
el marco del auge de los reactores modulares pequeños (SMR). Un acuerdo
reciente con inversores estadounidenses, promovido por la Cancillería y la
empresa INVAP, apunta a construir un SMR argentino para abastecer centros de
datos de inteligencia artificial en la Patagonia.
Reidel
también buscará implementar lo que denominó el “modelo Gillette” para exportar
uranio. Es decir, construir y exportar reactores modulares de tecnología y
fabricación argentina, conjuntamente con su elemento combustible: uranio
extraído, procesado y enriquecido en el país. “De la misma forma en que te
venden la maquinita de afeitar y los repuestos...”, según sus propias palabras.
Considera que estos logros atraerán inversiones de empresas que verán al país
como un lugar seguro para sus data centers.
¿Oportunidad
o amenaza?
Ya
el anterior Presidente de NA-SA, Alberto Lamagna, destacaba a inicios de abril
de 2025 (Demian Reidel asumió a fines de abril) que si uno quiere incorporar
capital privado a una compañía estatal, que tiene tres centrales nucleares y
una de ellas ha iniciado el proceso de “revamping” (prolongación de su vida
útil), en primer lugar tiene que invertir. Y en ese momento agregaba que
incorporar un 49% de capital privado, era muy conveniente en un tiempo de
grandes oportunidades, ya sea de negocios como de inversiones en el sector
nuclear en el mundo, traccionado especialmente por la necesidad de energía que
tienen en particular los data center y la inteligencia artificial. Estas
condiciones se mantienen en la actualidad.
Personalmente
agregaría que la necesidad de energía es indispensable para la actividad
económica de un país en general y para su población, que se contrapone con el
abstencionismo al que nos inducía endiabladamente la forzada ex Agenda 2030,
hoy 2045 (por que ni para cumplir plazos sirve la izquierda ideológica y
fanática). Las distintas fuentes de energía coexistirán, sin importar su
origen. Y si nuestro suelo es bendecido con diferentes recursos naturales, es
absurdo no aprovecharlos para nosotros y las futuras generaciones, con el
debido cuidado y respeto por el ambiente.
Recordar
siempre que la energía accesible a toda una población es desarrollo, y el
desarrollo es riqueza. Una premisa más que comprobada e incuestionable.
Volviendo
al cado NA-SA, los defensores de la industria nuclear que sostenemos que la
energía nuclear es limpia, confiable y estratégica, reconocemos que el
ingreso de capitales privados permitirá ampliar capacidades pero destacamos que
debe hacerse sin resignar el control nacional por su intrínseca calidad de
estratégica. En este caso se trata de una apertura acotada, sin que el Estado
pierda el timón de decisiones sensibles.
No
obstante, y para ser justos, se deberían escuchar las voces críticas que advierten
que el proceso podría ser un paso hacia una privatización total a futuro,
afectando la soberanía energética y el carácter público de la empresa. Así
mismo, sectores gremiales denunciaron un desfinanciamiento del sector alertando
por la situación del personal técnico.
Además,
existen interrogantes sobre el encuadre jurídico y ambiental de nuevos
proyectos: ¿quién regulará la actividad? ¿qué rol tendrán organismos como la
Autoridad Regulatoria Nuclear o la CNEA si se suman capitales extranjeros?
Todas incógnitas de planteo y solución indispensables. Porque solo se teme a lo
que no se conoce.
Una
empresa con buenos antecedentes
En
los últimos años, NA-SA ha mostrado una performance operativa destacada. En
2024 registró récord de generación eléctrica, incluso durante un contexto de
restricciones presupuestarias. También logró acuerdos de financiamiento con
organismos internacionales, como el Banco de Desarrollo de América Latina
(CAF), para obras de almacenamiento y mantenimiento.
Como
se mencionó anteriormente, en 2025 la empresa comenzó oficialmente la extensión
de vida de Atucha I, una obra de gran envergadura técnica que implicará el
recambio del reactor y la modernización integral del sistema para entregar
energía segura y de base por 20 años más.
El
futuro del átomo argentino
La
decisión de abrir parcialmente NA-SA a capital privado en verdad que encierra
una discusión más amplia: ¿cuál debe ser el rol del Estado en sectores
estratégicos como la energía nuclear? ¿Cómo conjugar inversión, desarrollo
tecnológico y soberanía?
Argentina
cuenta con un recorrido singular en materia nuclear, con capacidades que
incluyen desde la exploración de uranio (aunque hoy en día no hay minería de
uranio) hasta el diseño, construcción y exportación de reactores de potencia e
implementos para la medicina nuclear y la industria en general. El desafío está
en no alterar y afectar ese ecosistema público-privado y en garantizar que las
decisiones de hoy no comprometan el futuro de una industria de alto valor
agregado y proyección global.
El
debate está sobre la mesa y recién empieza.
