DUEÑOS DEL BIEN COMÚN
Si recibe financiamiento extranjero, que sea explícito.
Sin Factura, por Malena de Covarrubias
Autora: Malena de Covarrubias
Nota original: https://uganda.substack.com/p/duenos-del-bien-comun
Esto es Uganda (@estoesuganda)
Es poco lo que se mueve mientras ocurre el Mundial. Pero algo siempre pasa.
Mientras todos se sacaban su fotito de futbolero, en Uganda, el oficialismo aprovechó para celebrar la visita del DJ Nick Warren. El cholulismo no es exclusividad suya, basta recordar cuando la oposición reivindicó la obra de L-Gante. Más chetos o con pretensión popular, el ejercicio es el mismo.
Lo que llama la atención es que homenajeen al británico animador del hedonismo sin contenido de los acomodados cuando, en los últimos años, el oficialismo levantó como bandera las políticas moralizadoras para mamis y papis.
Pero la música nunca tiene la culpa.
Lo interesante vino desde el plano nacional, cuando el gobierno envió al Congreso el proyecto de Ley de Transparencia y Publicidad de la Gestión de Intereses, mejor conocida como ley del Lobby.
La reacción de los sempiternos lobistas, que decidieron renombrarla como ley de Participación Vigilada, fue inmediata. La nueva nominación, además de sonora, es particularmente representativa.
El documento que cuestiona al proyecto y señala los permanentes riesgos a la democracia está firmado por Amnistía Internacional, CELS, Fundar, Poder Ciudadano, Democracia en Red, FOPEA y otras entidades que desde hace décadas ejercen una influencia indudable sobre las instituciones argentinas.
En su intervención, los promotores de regulaciones expresan que los requisitos regulatorios para su actividad podrían restringir la libre asociación y someter a las organizaciones a mecanismos excesivos de control.
El proyecto del gobierno, en términos generales, propone identificar quién intenta influir sobre las decisiones públicas, en representación de quién lo hace y cuáles son los intereses involucrados. No prohíbe la incidencia. No impide reuniones con funcionarios. No limita la posibilidad de promover causas, campañas o reformas. Lo que pretende es que esa actividad deje rastros verificables y, si recibe financiamiento extranjero, sea explícito.
No hace falta ser un conspiranoico para saber que existen fondos de inversión que a través de fundaciones promueven una agenda progresista y globalista con una incidencia determinante en organismos internacionales y en las políticas internas de los Estados.
La figura de George Soros, por intermedio de la Open Society, es la más conocida, pero hay varios más, muchos de ellos con relaciones de cooperación entre sí. De hecho, el CELS, Fundar o Amnistía Internacional son algunas de las que reciben la filantropía húngara y, a la vez, se intercambian miembros, ideas e iniciativas.
Esas redes no son una conspiración diabólica, sino una arquitectura de intereses con vocación de influencia, perfectamente legal, aunque funcionalmente opaca. Muy estudiosos y formados, pero un poco tramposos al ocultar sus preferencias partidarias tras la neutralidad tecnocrática del Tercer Sector.
No está mal. Así funciona el sistema. El problema es que quieren encubrir a sus beneficiarios finales y presentar sus propuestas como aportes neutrales de técnicos especialistas solo interesados en el bien común y el desarrollo.
Se pone peor cuando esas organizaciones pueden litigar contra el Estado y, luego, alguno de sus miembros pasa a ocupar un cargo público, desde donde evita u obstaculiza la defensa estatal, aprovechando los beneficios de sanciones, costas y honorarios.
No es una novedad esta operatoria de noble despojo de fondos públicos y, más allá de las declaraciones públicas, difícilmente pueda sorprender a alguien.
Entonces, la pregunta es por qué la transparencia es indispensable cuando se trata de empresas, sindicatos, funcionarios o partidos políticos, pero se vuelve peligrosa cuando alcanza a organizaciones de la elite intelectual que también participan activamente en la formación de políticas públicas.
Los Ungidos por nadie
La crítica al lobby suele construirse alrededor de la imagen de grandes corporaciones negociando beneficios regulatorios en despachos cerrados. Sin embargo, esa representación resulta incompleta. La influencia política no es patrimonio exclusivo de las personas jurídicas organizadas bajo la ley de sociedades.
También ejercen influencia las organizaciones ambientalistas, feministas, indigenistas, las fundaciones especializadas en políticas públicas, los organismos de derechos humanos, los centros de estudios, los colectivos profesionales, las asociaciones vecinales y las organizaciones internacionales.
A pesar de que se vistan de especialistas y pretendan, con eso, obtener una legitimidad democrática extra, ninguno de sus integrantes es elegido por el pueblo soberano que, hasta el momento, delega el poder en los representantes que elige en las elecciones. El informe técnico no tiene fuerza de ley. La causa justa no confiere representación.
Es un vicio común de las elites intelectuales creer que reúnen el conocimiento relevante para saber con exactitud cómo mejorar la vida de la gente, y otorgarse autoridad para incidir en las políticas públicas sin las mismas obligaciones que un empresario, porque a este lo mueve su macabro egoísmo, y a ellos la bondad de sus intenciones iluminadas.
A este fenómeno se lo llamó la visión de los Ungidos: la convicción de ciertos intelectuales y activistas de que poseen una comprensión moral superior que los habilita a tomar decisiones en nombre de todos, sin necesidad de rendir cuentas a nadie.
Lo que distingue a los Ungidos de los simples ciudadanos no es el argumento, sino la persuasión íntima de que sus preferencias coinciden con el bien de la humanidad, y que quienes las cuestionan no están en desacuerdo sino moralmente extraviados.
La disidencia deja de ser una posición legítima y se convierte en un síntoma. El debate, así, se convierte en una terapia pedagógica donde militar es explicar y son necesarias las conversaciones que importan.
Ya a principios del siglo XX Woodrow Wilson planteaba una nueva libertad basada en la dirección de los Ungidos y rechazaba la soberanía popular porque impedía la pericia ejecutiva. Esa misma superioridad moral se traduce en el autoritarismo constructivista del socialismo fabiano, una cualidad generalizada de la clase política ugandesa.
Toda crisis, para fabianos contemporáneos, representa una oportunidad para utilizar el dinero público y el poder del gobierno para promover sus intereses políticos, ideológicos o financieros, que pueden venir recubiertos del manto del desarrollo, la justicia social o el bien común.
Todas estas organizaciones producen informes, elaboran proyectos normativos, participan en audiencias, mantienen reuniones con funcionarios, impulsan campañas públicas, intervienen o financian a medios de comunicación, litigan estratégicamente y buscan modificar decisiones estatales.
Como se conciben poseedores del conocimiento relevante y genuinos intérpretes de la voluntad general, estos intelectuales de élite llegan a una conclusión lógica al querer imponer su visión y considerar que toda otra propuesta es un ataque a los verdaderos valores democráticos.
Pero nadie está en condiciones de asumir que las políticas que prefiere darán los resultados que espera. Las consecuencias no previstas son, siempre, el factor fundamental. La cuestión no es si una política tiene buenas intenciones, sino si tiene buenas consecuencias.
Y quienes se arrogan el monopolio de las buenas intenciones suelen ser los que, ante la falla, el error o la catástrofe, siempre culpan a un factor externo, usualmente a la naturaleza perversa del sistema capitalista desigualitario.
En este punto aparece uno de los argumentos centrales de los críticos del proyecto. Sostienen que hay una desigualdad estructural entre la incidencia de una organización de derechos humanos y la de una empresa que persigue beneficios económicos.
Esa objeción parte de una premisa sumamente particular: existen actores cuyos intereses son particulares y otros cuyos intereses serían públicos o colectivos.
En Uganda lo vemos con frecuencia. Recientemente, se hizo visible en la discusión en torno al proyecto del Parque Acuático. En la ciudad del socialismo ambiental, la participación ciudadana es la forma preferida por la cual las minorías logran restringir o condicionar el funcionamiento institucional.
Hay grupos intelectuales y activistas que desarrollan una tendencia recurrente a identificar sus preferencias particulares con el interés general de la sociedad. Esta dinámica le permite a grupos relativamente pequeños ejercer una influencia desproporcionada respecto de su representatividad social efectiva.
Es la mecánica ordinaria del activismo institucionalizado, que convierte la visibilidad en mandato y el prestigio académico en autoridad política. Y a diferencia del empresario, cuyo éxito o fracaso queda registrado en el balance, el intelectual activista raramente rinde cuentas de sus pronósticos fallidos.
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| Mariela Belski, presidente de Amnistía Argentina, reportaje en La Nación Más. |
La falacia de la participación ciudadana
La participación ciudadana evoca la imagen de personas comunes involucrándose espontáneamente en los asuntos públicos. El socialismo ugandés, que ganó los corazones y las mentes, la tuvo como argumento principal para justificar el reparto de privilegios según criterios de amiguismo y cercanías transaccionales.
Sin embargo, la gente real ni siquiera tiene ganas de ir a votar. La gran mayoría de las convocatorias que se exhiben como ejemplos suelen estar compuestas por grupos organizados, que generalmente asisten a cambio de algún favor o con la expectativa futura de un beneficio sectorial.
Las fundaciones, ONGs, centros de estudios y grupos de activistas le sacaron jugo a esas entelequias logrando financiamiento internacional y un relativo prestigio social para ser el rostro ciudadano en la discusión de las políticas públicas.
Por eso, uno de los fenómenos de las últimas décadas fue la transferencia progresiva de autoridad decisional desde las instituciones representativas hacia espacios de participación sectorial, con políticos mendigando respetabilidad en actores de la sociedad civil.
La idea se presenta como una democratización. Pero quienes efectivamente participan son minorías con tiempo, recursos, conocimientos técnicos y capacidad de movilización. La representación política es sustituida gradualmente por formas de representación moral que no se miden en las urnas.
La transparencia no elimina la influencia. Simplemente permite verla. Y quizás ahí resida la razón principal de la incomodidad que genera este proyecto. Porque por primera vez se propone iluminar los circuitos informales mediante los cuales los especialistas acumulan su prestigio. Y tal vez se descubra que los buenos, en realidad, también querían sacar una ventaja.
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