RIEGO
El riego en la Argentina
Autor: Marcelo Posada
La agricultura de riego ocupa un lugar relevante en la producción agrícola nacional, y en particular, en las denominadas “producciones regionales”, máxime al recordar que dos terceras partes del territorio argentino son áridas o semi-áridas.
El desarrollo de los sistemas de irrigación en el país cuenta con antecedentes precolombinos, en particular en las Regiones Noroeste y Cuyana. Posteriormente, durante la fase de dominación española, se afianzó un primigenio manejo del agua en esas mismas áreas, según la propia tradición peninsular heredada de los árabes. A medida que se afianzaba la organización del país como una nación moderna, comenzaban a formularse, a fines del siglo XIX, las primeras medidas de ordenamiento de la actividad de riego, en paralelo con la llegada y asentamiento de corrientes inmigratorias europeas, muchos de cuyos integrantes eran agricultores que poseían su propia tradición regante. Como corolario natural de ese ordenamiento que se va configurando en los oasis de riego, se dicta en 1909 la primera ley nacional de irrigación.
Como en muchas otras áreas de la información económica, la estadística de riego en la Argentina es fragmentaria y débil, por lo cual se suele recurrir a datos aproximativos antes que a información censal válidamente relevada. Hacia fines de la década de 1950 se irrigaban en el país unas 500.000 ha., alcanzando el millón de hectáreas a fines de los años de 1980. El último Censo Nacional Agropecuario estadísticamente válido que se dispone, el de 2002, indica que en ese año se irrigaban algo más de 1.355.000 ha., y la última estimación (no censal) disponible, elaborada por FAO para 2015 señala que en Argentina se regaban alrededor de 2.100.000 ha. (englobando alrededor de 145.000 regantes).
En términos económicos, la producción agrícola bajo riego revista una elevada importancia, tanto a nivel nacional como regional. Así, cálculos diversos señalan que el 12,5% del Valor Agregado de la producción de todo el sector agropecuario argentino es aportado por las áreas irrigadas, guarismo que se duplica en las jurisdicciones donde la agricultura bajo riego es predominante. Asimismo, la producción de irrigación generaría una relación Valor Agregado / Valor Bruto del orden del 85%. Cuatro provincias son las que concentran más de la mitad del Valor Bruto de Producción bajo riego de todo el país: Mendoza (con casi el 30% del total), Río Negro, Salta y San Juan.
El peso económico de la producción bajo riego adquiere aún mayor relevancia cuando se observa que más de dos millones de empleos se derivan directa o indirectamente de dicha producción irrigada, exponiendo así la importancia presente y a la vez, el enorme potencial de desarrollo y creación de empleo que aparejaría la expansión de la producción irrigada en el país.
Según análisis recientes de FAO, en la Argentina podría incrementarse la extensión irrigada hasta en 800.000 ha. en las áreas actualmente bajo riego, a través de mejoras en la infraestructura y en la gestión del agua, generando así mayores producciones y mejoras en le eficiencia del uso de los recursos. A la par, sería factible incorporar más de 1.500.000 ha. en áreas en las que en la actualidad no existen sistemas de riegos integrales, y otras 4.250.000 ha irrigadas en forma complementaria.
Ahora bien, posee el país agua suficiente para solventar esa expansión regante? Del total de agua dulce disponible, el 70,5% se destina a riego agrícola, el 13% para consumo humano, el 9% para abrevado de ganado y el 7,5% para uso industrial. De ese total, algo más de la mitad proviene de fuentes superficiales (a partir embalses y derivaciones de ríos), y el resto se obtiene de fuentes subterráneas (acuíferos).
El estado del conocimiento acerca de la cantidad y calidad del agua pasible de utilizarse cada año para alimentar los distintos sistemas de irrigación es fragmentario y, según diversas fuentes, no está debidamente actualizado. Un amplio abanico de organismos públicos realiza diversas estimaciones sobre la disponibilidad de los recursos hídricos, cuya información es relevante a los fines de la planificación del desarrollo de la irrigación en el país. La Subsecretaría de Recursos Hídricos de la Nación, el Instituto Nacional del Agua, el Instituto de Clima y Agua dependiente del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria, la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable, entre otros, son algunos de los organismos con injerencia en el monitoreo de la disponibilidad de los recursos hídricos del país, tanto superficiales como subterráneos.
El conocer con precisión la cantidad y la calidad del agua potencialmente disponible para aplicar en irrigación agrícola es una condición sine qua non para diseñar e implementar un plan de expansión e incorporación de nuevas áreas de riego. El actual Gobierno Nacional lanzó, en abril de 2016, un ambicioso Plan Nacional del Agua elaborado por la Subsecretaría de Recursos Hídricos de la Nación. Además de centrarse en temas relacionados con el acceso de la población al agua potable y a los sistemas de saneamiento urbano, el Plan aborda la cuestión de la expansión del riego agrícola en la Argentina. Y para hacer esto último, adopta como pilar el informe de FAO que más arriba se mencionó. Dicho estudio había sido elaborado por técnicos de ese organismo contratados por el Programa de Servicios Agrícolas Provinciales (PROSAP), dependiente del entonces Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca, y presentado públicamente en 2015.
En paralelo al trabajo de FAO, otra área del Ministerio de Agricultura encaraba la elaboración de un Plan Estratégico de Riego, desconectado (y enfrentado) con el estudio que impulsaba PROSAP. Notablemente, mientras el estudio FAO-PROSAP ponía el énfasis en todo el potencial expansivo que tenía la agricultura de riego en el país, en Agricultura el trabajo se sustentó en relevar, inicialmente, todas las limitantes que podrían afectar dicha expansión, de modo de trabajar sobre ellas y luego, recién ahí, generar las condiciones para que se concrete tal expansión regante. La gestión actual de la Subsecretaría de Recursos Hídricos optó por adoptar acríticamente el estudio FAO, incorporándolo al Plan Nacional del Agua. Así, entonces, se anunciaron inversiones que se concretarían para poner en marcha varias decenas de proyectos de irrigación, intentándose que fuesen por el mecanismo de participación público-privada. Hasta el momento, nada de eso se ha concretado, salvo la inauguración de algunas obras que ya habían sido financiadas a través del PROSAP con anterioridad a la asunción de Cambiemos en diciembre de 2015.
Quizás este fracaso hasta el momento del componente de irrigación del Plan Nacional del Agua sea una buena noticia: permitiría revisar las limitantes que se deben enfrentar y subsanar antes de impulsar un proceso expansivo sobre bases frágiles.
FIN DE LA PRIMERA PARTE
Continúa en la segunda parte.
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