LA PESCA ILEGAL NO DECLARADA Y NO REGISTRADA EN EL ATLANTICO SUR
Autora: Por Laura V. Canale * (@LauVic)
En las noches de verano y principios del otoño en el Atlántico Sur el espectáculo sorprende. De lejos parece una ciudad iluminada, pero son barcos. Centenares de barcos poteros, pescando calamar o langostino, que usan la luz para atraer a sus presas. Minuto a minuto, cientos de toneladas son pescadas y procesadas. Nada de eso pasa por Argentina y se está depredando el caladero más rico de la región. Mucha de esa pesca es ilegal y, por ahora, los esfuerzos que se realizan para contrarrestarla son insuficientes.
La pesca ilegal, no declarada o no reglamentada (en adelante, pesca INDNR) tiene lugar en todo el mundo y consiste en pescar sin permiso, fuera de temporada o en zonas prohibidas, utilizar artes de pesca no permitidos, no respetar las cuotas de captura autorizadas, capturar especies protegidas o que no han llegado a la madurez autorizada y no declarar o dar información falsa sobre la captura realizada. Todas actividades ilícitas.
Para afrontar esta problemática, y conforme al Código de Conducta para la Pesca Responsable, el Comité de Pesca de la FAO aprobó en marzo de 2001 el Plan de Acción Internacional para Prevenir, Desalentar y Eliminar la Pesca Ilegal No Declarada y No reglamentada (PAI-INDNR), como un instrumento voluntario para todos los Estados, entidades y pescadores en general. Pero la pesca INDNR sigue incrementándose preocupando a todos los actores del sector pesquero y de conservación incluidas las autoridades gubernamentales, los pescadores cumplidores de las reglamentaciones, los entes de fiscalización y, en general, la sociedad civil.
La pesca ilegal atenta contra los esfuerzos de los Estados y las organizaciones regionales dirigidos hacia una ordenación pesquera responsable, y limita los progresos de los gobiernos hacia la obtención de la seguridad alimentaria de sus poblaciones que dependen de la pesca y al apoyo a los medios de vida sostenibles de los pescadores. La pesca INDNR se considera como la amenaza más grave para la explotación sostenible de los recursos acuáticos vivos.
La Asamblea General de las Naciones Unidas, en su Resolución sobre Pesca Sostenible del año 2006, insistió con profunda preocupación en que la pesca INDNR representa una de las principales amenazas para los ecosistemas marinos provocando serias e importantes consecuencias en la conservación y ordenación de los recursos oceánicos.
Sin embargo, en América Latina y el Caribe, pocos son los Estados que han adoptado planes nacionales para combatir la pesca ilegal.
En el caso argentino, una flota de entre 200 y 500 barcos pesqueros recorre el límite externo de la Zona Económica Exclusiva (ZEE) del país. Si bien esa pesca no es “ilegal” porque se desarrolla en aguas internacionales, esa región adyacente al borde externo de la ZEE representa un campo crucial en la lucha contra la pesca ilegal.
Se trata de flotas prácticamente fuera de control, que en numerosas ocasiones utilizan sistemas de pesca inadecuados y cambian sus banderas e identificación con facilidad para evitar ser reconocidos, atrapados y multados.
Subrepticiamente muchos de esos barcos pesqueros desconocen el límite y se introducen en aguas de la ZEE argentina, configurando la actividad ilícita. Los buques que realizan esta modalidad de pesca son principalmente de China, Taiwan, Corea del Sur, Japón y España, entre otros países.
El área afectada es el hogar de parte de la biodiversidad marina más valiosa del planeta. Las cálidas corrientes oceánicas de Brasil se encuentran con las aguas frías de las Islas Malvinas, sobre una vasta llanura de fondos marinos que se precipita abruptamente en el borde de la plataforma continental. Esto permite que la vida marina prospere.
Sólo cinco naciones capturan el 80% de la pesca en aguas internacionales y muchas veces utilizan mano de obra esclava además de no cumplir con ninguna norma ambiental, laboral, sanitaria ni de seguridad en la navegación.
En su mayoría estas flotas pesqueras buscan calamares (de ahí la denominación de buques poteros), pero también atrapan langostino, merluza, rayas y tiburones. Todo esto sin contar lo que se denomina captura incidental que son los miles de animales que mueren en las artes de pesca, como delfines, pingüinos, albatros, tortugas, etc.
El calamar Illex argentino, además de ser una especie comercial codiciada en todo el mundo, es también una especie migratoria y por ello no siempre se encuentra dentro de la ZEE argentina. Durante la época del año en que, como parte de esta migración se dirige hacia el talud continental y frecuentemente el cardumen sobrepasa el límite exterior de nuestra ZEE, allí es cuando se observa a muchos barcos de bandera extranjera en alta mar, atrapándolos.
Esta pesca es insostenible desde el punto de vista económico y ambiental, requiriendo mucha mano de obra. Hay países, como es el caso de China, que subsidian el combustible y sus equipos convirtiéndose así en cómplices de la depredación en el Atlántico Sur.
Las mayores concentraciones de la flota, se registran entre los meses de febrero y abril, con los últimos registros de más de 300 buques en operaciones (se han llegado a contabilizar hasta 948, según autoridades marinas inglesas y estadounidenses).
Cuando las bodegas están repletas, se realiza el proceso de trasbordo por el cual se traslada el resultado de la pesca a una embarcación auxiliar conocida como “refrigeradora” o “nave nodriza” que procesa y descarga la pesca, permitiendo que los buques más pequeños continúen pescando. Estos barcos de reaprovisionamiento y/o bodega congelada, también llamados ‘reefers’, en su mayoría son embanderados en Panamá.
Aunque el trasbordo es habitual en el comercio pesquero internacional, en alta mar estas operaciones camuflan una multitud de actividades relacionadas con la pesca ilegal: el “lavado” de pescado no declarado, la depredación descontrolada de la fauna marina, la corrupción corporativa y gubernamental, e incluso el tráfico de drogas, armas y personas.
Las aguas al margen de la ZEE de Argentina se han convertido en un punto de acceso para el transbordo.
En la región del Atlántico Sur tradicionalmente Uruguay ha ofrecido instalaciones portuarias a los barcos que pescan en la región, incluidos a los que pescan ilegalmente. El puerto de Montevideo es considerado como de “regulación laxa” convirtiéndose en el segundo puerto más activo en el mundo por el descargo de capturas no declaradas.
En marzo de 2019 el Ejecutivo uruguayo presentó ante el parlamento nacional un proyecto de China por el cual planea construir un puerto pesquero en Uruguay a través de la empresa Shandong BaoMa Fisheries. Esto facilitará que la flota pesquera china se expanda y compita contra los productos que se pescan dentro de la Zona Económica Exclusiva de Argentina.
El ex Embajador plenipotenciario Roberto García Moritán califica la situación como “peligrosa” porque ayudaría a aumentar la rentabilidad de la flota que ya opera en aguas de altamar en el Atlántico Sur. Este dato conocido públicamente, debiera preocupar seriamente a las autoridades argentinas no solo por el daño ambiental que se estaría infringiendo a nuestro país y la sustentabilidad de nuestros recursos marinos, sino también por el aspecto económico. Si los mercados se saturan con pescados de estas aguas, significa que la demanda de productos argentinos caerá, junto con los precios.
En otras partes del mundo, los reguladores pesqueros regionales establecen límites a la pesca en aguas internacionales, a fin de garantizar la disponibilidad de las poblaciones de peces. Sin embargo, en el Atlántico Sur no existe tal organización.
La Prefectura Naval Argentina, como entidad responsable de asegurar la soberanía marítima en aguas jurisdiccionales, representa la imprescindible y necesaria presencia del Estado ante la localización de la importante flota extranjera en la zona adyacente al límite exterior de la Zona Económica Exclusiva, constituyendo una amenaza permanente a nuestra soberanía.
Efectúa patrullajes con medios aéreos y marítimos que complementa con tecnología aplicada al control, denominado Sistema Guardacostas, que permite la detección y seguimiento de los buques en los diferentes espacios marítimos.
Las organizaciones ambientalistas, los gobiernos y las empresas del sector pesquero están utilizando nuevas tecnologías y grandes bases de datos disponibles al público sobre el tráfico marítimo para controlar la actividad pesquera. Esto ha ayudado a proporcionar una medida de control y transparencia.
Los especialistas recomiendan avanzar hacia una forma de gestión pesquera que involucre a otros países de la región. Se promueve la creación de áreas marinas protegidas en alta mar. Se hace indispensable la colaboración y la coordinación con otros Estados que pescan en una misma área para convenir acuerdos de protección de las poblaciones marinas estableciendo, por ejemplo, límites aceptables anuales para la pesca de las diferentes especies.
Otros también sugieren instalar un sistema de “cajas negras” en los barcos, cuyos datos no puedan alterarse, permitiendo un control adicional para determinar la trazabilidad de las especies capturadas.
El interés en abordar el trasbordo en alta mar está creciendo.
Pero lo que sin duda es fundamental a nivel nacional y regional, es involucrar al sector privado de los países que pescan en la región, así como equipar a la Prefectura (y autoridades similares de los otros países) con nuevas herramientas como drones aéreos y submarinos.
Mas allá de la solución a largo plazo que debiera encontrarse dentro del ámbito de Naciones Unidas, a través de una regulación global que sea efectiva en alta mar y aceptable para la Argentina, nuestro país debe definir una política de pesca en el área adyacente a la ZEE que brinde incentivos para los buques que respetan los límites biológicos durante la actividad. Y, en simultaneo, a través de la modificación del Código Penal de la Nación o de la sanción de una Ley especial, se debe tipificar como delito a la pesca INDNR correspondiéndole una sanción más grave que la actual, de simple multa pecuniaria.
Organizaciones conservacionistas buscan la prohibición total del trasbordo marítimo de especies sobreexplotadas y la creación de registros de buques de transferencia autorizados, así como la presencia de observadores calificados en todos los buques de trasbordo.
Finalmente los especialistas abogan por un acuerdo global que considere a la pesca ilegal como un crimen trasnacional e insta a la ratificación e implementación de un Acuerdo de Medidas del Estado del Puerto (de descarga) para prevenir la pesca INDNR.
*Abogada. Especialista en Derecho Ambiental. Universidad de Buenos Aires.
Docente universitaria.
canalelaura@hotmail.com
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