POR QUÉ LOS RITOS CATÓLICOS DEBEN SER RESPETADOS

Autor: Gerald Warner

Nota original: https://reaction.life/last-rights-why-rites-of-catholics-should-be-observed/

Texto en inglés al pie.

Traducción: @Hyspasia

Nota de la Traductora: El 15 de octubre de 2021 fue asesinado a cuchilladas Sir David Amess, miembro de la Cámara de los Comunes del Parlamento Británico por un musulmán. El Sr. Warner es católico practicante.

El espantoso asesinato de Sir David Amess es coronado por la crueldad con la que se le denegaron los Últimos Sacramentos a un devoto practicante católico. La revelación de la policía de Essex de rechazar el acceso a Sir David por parte de un párroco local para que le administre los últimos rituales ha provocado preocupación e indignación entre los católicos.

No pareciera haber discrepancia entre el relato sobre lo sucedido brindado por el cura y la versión policial. El Padre Jeffrey Woolnough describió cómo arribó a la iglesia metodista de Belfairs en Leigh-on-Sea luego de enterarse que el MP [N. de T.: diputado o miembro de la Cámara de los Comunes] fuera acuchillado: "Cuando llegué ahí, mostré [mi] credencial al policía y le pegrunté si era posible que me acercara, y para ser franco, el policía consultó por radio a un superior y contestó: 'Lo siento, pero no; esto es una escena de crimen' ".

Un vocero de la Policía de Essex sostuvo que preservar la integridad de la escena del crimen era de "la máxima importancia" y que asegurar el área acordonada era "una parte fundamental de toda investigación para asegurar de la mejor manera posible que haya justicia para la víctima y su familia".

Aparentemente, avergonzado por la controversia, el Padre Woolnough desde entonces ha dicho que respeta la decisión policial y que no los critica. Es una muestra de edificante caridad cristiana, pero pasa por alto aspectos de este caso que son de grave preocupación.

Todo el mundo entiende la necesidad de resguardar intacta una escena de crimen, dejando toda posible evidencia forense sin sin perturbaciones. Pero, naturalmente, eso no inhibió a la policía facilitar el acceso a médicos y paramédicos que batallaron para salvarle la vida a Sir David Amess. Esa excepción fue necesaria y reconocida. Entonces, ¿por qué un individuo que concurrió para ocuparse del alma de la víctima fue excluido, cuando fueron admitidos aquellos que se abocaron a su cuerpo?

¿Por qué el oficial que ordenó la exclusión del cura por la radio policial no tuvo la cortesía de discutir la situación con el párroco?  Esa misma persona hubiera hablado sin dudas con cualquier médico que se acercara. Seamos claro sobre el tema del cual estamos hablando. A todas luces, en la situación de Sir David Amess, no había duda de que el trabajo de los médicos no podía ser interrumpidos mientras trataban de salvarle la vida. Nadie está sugiriendo que los últimos sacramentos - confesión, comunión y extremaunción - pudieron ser administrados, de la misma forma que se hace en un hospital junto al lecho de muerte.

Lo que era necesario era el elemento crucial, la absolución de todos los pecados, que hubiera tomado menos de un minuto, brindada a cierta distancia del afligido hombre, pero en el mismo lugar. No era necesaria ninguna interrupción de los procedimientos médicos. Esto podría haber sido explicado a la policía, si algún oficial con suficiente jerarquía se hubiera puesto a disposición. Aparentemente, administrar los últimos sacramentos a las víctimas de crímenes en jurisdicción de la Policía de Essex no es considerado de alguna importancia.

Para los católicos es de suprema importancia. En casos extremos, según el credo católico, podría ser la diferencia entre la salvación y condenación. Es más, hay una larga tradición de sensible cooperación entre el clero católico y los servicios de emergencias para estas situaciones. Durante el SXX, generaciones de oficiales de policía, doctores de hospitales y otros que han servido en la Segunda Guerra Mundial estaban al tanto del heroísmo de los capellanes militares en el campo de batalla, a riesgo de sus propias vidas para administrar consuelo para los hombres moribundos. Entendían la importancia para los católicos de los últimos sacramentos y en forma rutinaria eran llamados los curas a hospitales o accidentes fatales.

Esa cooperación civilizada se ha marchitado.

Como observó el padre Woolnough: "La policía no nos llama excepto que algún familiar pida por ello". Esto es el reflejo de la deliberada marginalización del cristianismo inspirado en el securalismo y ahora tiene efectos seriamente perjudiciales sobre el bienestar espiritual de los católicos, para quienes los últimos sacramentos son de enorme importancia.

La policía no tiene protocolos establecidos para brindar acceso a los sacerdotes a aquellos in articulo mortis. Algún tipo de reglamento debe ser elaborado inmediatamente, en términos generosos, o tal vez redactar alguna legislación menor. Esto hubiera sido un apropiado memorial para Sir David Amess. Detrás de este tema, crucial en sí mismo, yace el corazón de la creciente exclusión de la cristiandad de la esfera pública, en todas sus denominaciones.

Simultáneamente con la emergencia de una posición cada vez más precaria para los católicos en Gran Bretaña en consideración a los últimos sacramentos, ha habido en Francia un violento ataque a una de las instituciones más sagradas de la Iglesia. Este mes el Ministro del Interior, Gérald Darmanin, desarrolló la idea de que los clérigos deben romper el sagrado secreto de la confesión si involucraba el abuso de niños. Esta indignante sugerencia fue incluida dentro de las 45 recomendaciones hechas en el Sarvé Report de abusos sexuales en la Iglesia, cuyos hallazgos superan lo impactante.

Pero un pecado no justifica otro, y la demanda por parte de seculares de que los sacerdotes sean encarcelados si no quiebran el secreto de la confesión, reclamo cada vez más repetido en el mundo, es parte de un ataque general para apalear los principios de la Iglesia. Muchos no-católicos, razonablemente, tiemblan de pensar en arrodillarse, aún anónimamente, y confesar los pecados más secretos, aún los de pensamiento, a un sacerdote. Como cualquiera puede entender, semejante delicada convención depende en su totalidad en la confianza. Para ello, el secreto debe ser absoluto.

Durante dos mil años ha sido una enseñanza inadulterada e inadulterable en la Iglesia Católica que el secreto de la confesión es absoluto, sin admitir ninguna excepción por ningún concepto. Los sacerdotes ha muerto bajo tortura antes que romper el sacramento; hacerlo implica una excomunión automática y probablemente la expulsión del sacerdocio. Las bases teológicas es que la penitencia es confesar los pecados a Dios; el sacerdote es un mero mediador, un instrumento del perdón. Sólo la inviolabilidad del secreto puede adecuadamente proteger al penitente.

En términos seculares, el pedido de la violación del secreto de la confesión es contraproducente; ¿qué abusador sexual se confesará si sabe que el cura puede llegar a denunciarlo a la policía? Todo lo que se lograría sería excluir la posibilidad de que los victimarios se arrepientan, confiesen y amenden sus vidas. Los mismos argumentos pueden ser empleados en los casos de asesinatos u otros crímenes serios.

El arzobispo de Reims, Éric de Moulins-Beaufort, quien también es el Presidente de la Conferencia Francesa de Obispos, dio una respuesta directa, al declarar que el secreto de la confesión está por encima de las leyes de la República Francesa. Eso es verdad, de la misma forma que muchos sacerdotes dieron su vida durante la Revolución Francesa antes que jurar la constitución civil. El Arzobispo fue llamado a una reunión con el Ministro del Interior, seguido de lo cual, tras lo cual las autoridades estatales afirmaron que el clérigo había cambiado su posición. Las aguas quedaron más enlodadas aún luego de un insensato comunicado de la Conferencia de Obispos. Al final, una corrección hecha por el vocero de la agrupación dejo en claro que el Arzobispo y sus confréres episcopales van a defender firmemente su posición en defensa del secreto confesional.

En Australia, fue aprobada una ley en el estado de Queensland, que obliga a los sacerdotes a quebrar el secreto confesional; no tendrá ningún efecto. Sucederá lo mismo con cualquier ley que Australia establezca, en seguimiento de las recomendaciones de la Comisión Real. Esta legislación es fútil, ya que nadie sabe qué ocurre durante la confesión. Es una postura provocativa impuesta a penitentes que busca criminalizar a los curas; si es así, la revulsión pública debería ser intensa. En el año 2019 California trató de implementar una ley contra el secreto de la confesión; tuvo que ser retirada cuando los legisladores estaduales recibieron más de 125.000 objeciones del público.

La Iglesia es el último y principal objetivo en esta guerra cultural. Está acostumbrada a ese rol, en particular desde el surgimiento del marxismo como su principal perseguidor durante el SXX y que sigue atacándola aún hoy. La Iglesia no desmayará. Son gajes del oficio.

En Gran Bretaña, sin embargo, necesitamos ocuparnos del urgente problema de garantizar el acceso a los últimos sacramentos para los fieles, y otros abusos por parte de la sociedad secular.

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Nota Relacionada:

EL ESTABLISHMENT BRITÁNICO CONTRA ALFIE EVANS

Autor: Gerald Warner  

http://restaurarg.blogspot.com/2018/04/el-establishment-britanico-contra-alfie.html

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Last rites: why rights of Catholics should be observed

• Gerald Warner October 20, 2021 

The crowning cruelty in the appalling murder of Sir David Amess was that this devoutly practising Catholic was denied the Last Sacraments. The revelation that Essex Police refused the local parish priest access to Sir David to administer the last rites has provoked outrage and concern among Catholics.

There seems to be no discrepancy between the priest’s account of what happened and the police version. Father Jeffrey Woolnough described how he arrived at Belfairs Methodist church in Leigh-on-Sea in the aftermath of the MP’s stabbing: “When I got there, I showed [my] card to the police and I asked if there was any chance that I can get in, and in fairness, the policeman there radioed through and said: ‘I’m afraid not, this is a crime scene’.”

A spokesman for Essex Police stated that preserving the integrity of crime scenes was of “the utmost importance” and that a secure cordon was a “fundamental part of any investigation to ensure the best possible chance of securing justice for any victim and their family”.

Apparently embarrassed by the controversy, Father Woolnough has since gone on record as saying that he respects the police decision and has no criticism of them. That shows an edifying Christian charity, but it overlooks aspects of this case that are of grave concern.

Everyone understands the need to keep a crime scene intact, leaving possible forensic evidence undisturbed. But, naturally, that did not cause the police to bar entry by doctors and paramedics battling to save Sir David Amess’s life. Their exemption from being excluded was necessary and acknowledged. So, why was the individual who came to minister to the victim’s soul excluded, while those ministering to the body were admitted?

Why did the officer who ordered the priest’s exclusion over the police radio not have the courtesy to discuss the situation with the priest? He would undoubtedly have spoken to any doctor who arrived. Let us be clear about what was at issue. Clearly, in the situation of Sir David Amess, there could be no question of interrupting doctors in their task of trying to save his life. No one is suggesting the full last rites – confession, communion and anointing – could have been administered, as at a peaceful hospital deathbed.

What was needed was the most crucial element, the absolution of all sins, to have been pronounced, taking less than a minute, at some distance from the stricken man, but in the same room. No interruption of medical procedures was necessary. This could have been explained to the police, if an officer of sufficient seniority had made himself available. Apparently, the administering of the last rites to crime victims in the jurisdiction of Essex Police is not considered of any importance.

To Catholics it is of supreme importance. In extreme cases, in Catholic belief, it may make the difference between salvation and damnation. Moreover, there is a long tradition of sensitive cooperation between Catholic clergy and public or emergency services on this issue. During the 20th century, generations of police officers, hospital doctors and others who had served in two World Wars were familiar with the heroism of military padres on the battlefield, risking their lives to bring spiritual consolation to dying men. They understood the importance to Catholics of the last rites and routinely called priests to hospitals or fatal accidents.

That civilised cooperation has withered. As Father Woolnough observed: “The police don’t call you any more unless the family ask for it.” That is a reflection of the deliberate, secularist-inspired marginalisation of Christianity and it is now having a seriously damaging effect on even the spiritual well-being of Catholics, to whom the last rites are an issue of enormous importance.

There are no police guidelines for allowing priests to access those in articulo mortis. Some need to be drafted immediately, in generous terms, or perhaps minor legislation is required; that would be a fitting memorial to Sir David Amess. Behind this issue, crucial in its own right, lies a whole hinterland of growing exclusion of Christianity, in all its denominations, from the public square. 

Simultaneously with the emergence of the precarious position of Catholics in Britain with regard to access to the last rites, a violent assault on one of the Church’s most sacred institutions has been launched in France. This month the French Interior Minister, Gérald Darmanin, canvassed the notion that clergy should break the seal of the confession if child abuse was involved. That outrageous suggestion was included among 45 recommendations made by the Sauvé Report on sexual abuse in the Church, whose findings were beyond shocking.

But one sin does not justify another, and the demand by secularists for priests to be jailed if they will not break the confessional seal, increasingly heard around the world, is just part of the general assault trying to batter down all the Church’s core principles. Many non-Catholics understandably shudder at the thought of kneeling down, even anonymously, and confessing all one’s most secret sins, even of thought, to a priest. As anyone can see, such a delicate arrangement depends absolutely on trust. For that, secrecy must be absolute.

For two thousand years it has been the unchanging and unchangeable teaching of the Catholic Church that the secrecy of the confessional is absolute, admitting of no exceptions whatsoever. Priests have died under torture rather than break the seal; to do so entails automatic excommunication and probably expulsion from the priesthood. The theological basis is that the penitent is confessing his sins to God; the priest is merely a mediator, an instrument of forgiveness. Only inviolable secrecy can adequately protect the penitent.

In ordinary, secular terms, the demands for violation of the confessional seal are self-defeating: what sex abuser would go to confession if he knew the priest was liable to report him to the police? All that would be achieved would be to exclude the possibility of offenders repenting, confessing and amending their lives. The same arguments could be employed with regard to murder and a host of other serious crimes.

The Archbishop of Reims, Éric de Moulins-Beaufort, who is also president of the French Bishops’ Conference, gave a forthright response, declaring that the seal of the confessional was above the laws of the French Republic. That is true, just as many priests gave their lives during the French Revolution rather than swear the oath to the civil constitution of the clergy. The Archbishop was summoned to a meeting with the Interior Minister, following which it was claimed he had changed his stance, the waters being further muddied by a meaningless statement from the Bishops’ Conference. A final correction by a spokeswoman made it clear the Archbishop and his episcopal confrères would stand firmly by the confessional seal.

In Australia, a law has been passed in the state of Queensland, obliging priests to break the confessional seal; it will have no effect. Nor will any other legislation that Australia may pass, following the recommendations of a Royal Commission. Such legislation is futile, since no one knows what occurs under the seal of the confessional. It is possible provocateurs posing as penitents might seek to entrap a priest; if so, public revulsion would be intense. In 2019 California tried to pass a law against the seal of the confessional; it had to be withdrawn when its majority melted away after lawmakers received more than 125,000 objections.

The Church is the ultimate and principal target in the culture wars. It is well used to that role, especially since the emergence of Marxism as its chief persecutor in the early 20th century and still attacking it today. The Church will not be unduly dismayed: it comes with the territory.

In Britain, however, we need to address the urgent problem of guaranteeing access by the faithful to the last rites, and similar issues being abused by a secularist society.