LA REVOLUCIÓN SILENCIOSA DE LA MONEDA Y LAS FINANZAS

enero 21, 2026

LA REVOLUCIÓN SILENCIOSA DE LA MONEDA Y LAS FINANZAS

Los constructores de ideología se posicionan dialécticamente a ambos lados del sistema.

Autor: François Soulard (@franersees)

François Soulard, emprendedor e investigador en Dunia, Centro de Investigación Aplicada de la Escuela de Guerra Económica (EGE/CR451), Instituto de Iconomía.
20 de diciembre de 2026

El auge de las redes informáticas durante las últimas seis décadas no solo generó una carrera desenfrenada por el monopolio económico, lo que algunos denominan un régimen de competencia monopolística, sacudiendo los cimientos de la producción de bienes y servicios. También modificó la relación con la moneda y las finanzas, hasta tal punto que estas últimas van cambiando de naturaleza. La moneda informatizada, constituyendo en principio un medio de pago, una reserva de valor y una unidad de medida, ya es programable y adquiere una función de autorización (de una transacción), es decir, de condicionalidad. Lejos de responder únicamente a un factor tecnológico, esta transformación abre la caja de Pandora de una gobernanza arbitraria de la que los grandes pensadores colectivistas han soñado durante dos siglos.

Los engranajes de la gobernanza financiera

La supervisión de las transacciones financieras es un ámbito formalizado de la gobernanza de los asuntos internacionales. Actualmente, dos subsistemas interdependientes se ocupan de esta cuestión con el fin de supervisar los flujos financieros y regular a los actores autorizados a participar en la economía global. Por un lado, el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI)[1], el Grupo Egmont[2] y el Grupo Wolfsberg[3] elaboran las normas que definen las actividades sospechosas desde una perspectiva de inteligencia financiera. Comparten esta información con entidades a nivel nacional y coordinan el modo en que los bancos privados cumplen estas normas. Por otro lado, el Banco de Pagos Internacionales[4] (BPI o BIS en inglés), el Consejo de Estabilidad Financiera[5] y el Comité de Basilea[6] establecen las normas que determinan los activos que los bancos pueden gestionar. Las tres primeras organizaciones constituyen el núcleo de la supervisión financiera. Se crearon con el objetivo de orientar las políticas intergubernamentales y, posteriormente, ampliar el enfoque al sector privado.

La inteligencia financiera

El Grupo de Acción Financiera Internacional, creado por iniciativa del G7[7] en 1989, es una carta maestra para el control de los intercambios financieros. Establece normas mundiales en materia de supervisión de flujos, mediante la identificación de los actores, la supervisión de las transacciones y la notificación de actividades sospechosas. Sus recomendaciones no son vinculantes, pero tienen valor obligatorio ipso facto, ya que los países que no las cumplen pueden ser excluidos del sistema bancario mediante un mecanismo de exclusión (lista negra). Su ámbito temático se amplió sucesivamente, pasando del dinero del narcotráfico y la financiación del terrorismo a la proliferación de armas y la delincuencia ambiental.

Por su parte, el Grupo Egmont conecta en red a las unidades de inteligencia financiera[8] con el fin de compartir información a nivel transnacional. Cuando un banco señala una operación sospechosa, ésta se transmite a la unidad de inteligencia a nivel nacional y, a continuación, pasa al Grupo Egmont, que activa un circuito de difusión de la información a escala mundial. Este mecanismo funciona al margen del ámbito de la justicia pública, en el sentido de que la acción de exclusión financiera puede llevarse a cabo mucho antes de que se inicie un proceso penal.

Finalmente, el Grupo Wolfsberg es un consorcio que agrupa a los principales bancos mundiales, entre ellos JPMorgan, HSBC, Barclays, Deutsche Bank y UBS, y coordina las normas de lucha contra el blanqueo de capitales. Wolfsberg determina cómo deben actuar los bancos cuando el Grupo de Acción Financiera Internacional emite una recomendación. Sus directrices sobre “personas políticamente expuestas[9]” establecen las profesiones y nacionalidades consideradas de alto riesgo a escala internacional. La reducción del riesgo es un ejemplo de política que muestra cómo los bancos pueden retirar sus servicios a sectores enteros de su clientela. En la práctica, cuando las entidades bancarias más grandes acuerdan una norma, ésta se convierte en un principio normativo del sector, y las entidades más pequeñas se ven obligadas a cumplirla. Las empresas de análisis Chainalysis[10], TRM Labs[11] y Elliptic[12] respaldan este primer subsistema de inteligencia organizado en tres niveles.

El control de capitales

El segundo subsistema examina qué activos pueden ser gestionados por las instituciones y en qué condiciones. El Banco de Pagos Internacionales (BPI), fundado en Suiza en 1930 antes de los acuerdos de Bretton Woods, es su piedra angular. Proporciona una infraestructura de coordinación de los bancos centrales, centrada en la promoción de una agenda que establece las normas bancarias mundiales, complementada con una política de investigación y estudio. El BPI beneficia de una inmunidad diplomática, lo que significa que las autoridades suizas no están autorizadas a entrar físicamente en sus instalaciones, mientras que sus activos no pueden ser embargados por ningún gobierno nacional.

El Consejo de Estabilidad Financiera, creado en 2009 por el G20[13], identifica los riesgos sistémicos y coordina la regulación financiera entre las diferentes jurisdicciones. Se trata de una pequeña estructura que garantiza la coordinación entre los organismos de normalización, a saber, el Comité de Basilea para los bancos, la Organización Internacional de Comisiones de Valores (IOSCO)[14], la Asociación Internacional de Supervisores de Seguros (IAIS)[15] y el Grupo de Acción Financiera Internacional para la lucha contra el blanqueo de capitales. El Consejo tiene su sede en el Banco de Pagos Internacionales y no tiene personalidad jurídica independiente ni inmunidad diplomática. Sus prioridades son definidas por los altos responsables de los bancos centrales, que participan en las reuniones del Banco de Pagos Internacionales y presiden los grupos de trabajo de Basilea. Las normas elaboradas se aplican posteriormente a nivel nacional.

Por último, el Comité de Supervisión Bancaria de Basilea[16] establece las normas relativas al capital que deben mantener los bancos, en función de las diferentes categorías de activos. Estas normas funcionan mediante incentivos, es decir, si los reguladores exigen más capital para una determinada categoría de activos, los bancos reducirán estos activos debido a su menor rentabilidad. De hecho, la norma del Comité de Basilea sobre las criptomonedas (SCO60[17]) asigna a los criptoactivos del “grupo 2” (el bitcoin y prácticamente todos los tokens descentralizados) una ponderación del riesgo financiero del 1250 %[18]. En combinación con el coeficiente mínimo de capital del 8 % exigido por el BPI, la obligación de aportar capital alcanza entonces el disuasorio nivel del 100 %. Esta norma sobre criptoactivos fue elaborada por funcionarios designados, ratificada por el G20 y finalmente aplicada por los reguladores nacionales en virtud de la “adaptación técnica a las normas internacionales”.

Paralelamente, la norma ISO 20022[19] sobre mensajes de pago establece desde 2023 la interoperabilidad mundial de los sistemas de pago. Incorpora nuevos metadatos (emisor, receptor, uso, cumplimiento de la normativa), que completan la información tradicional de las transacciones y permiten, poco a poco, una verificación en tiempo real del cumplimiento. El Fondo Monetario Internacional armoniza estos diferentes elementos a través de los programas de ajuste estructural. Cabe señalar que los principios establecidos por la Organización Internacional de Comisiones de Valores[20] y el Comité de Pagos e Infraestructuras del Mercado constituyen un marco vinculante para todos los sistemas de pago y los someten a la supervisión de los bancos centrales.

La ampliación de la arquitectura

Esta arquitectura se creó inicialmente para responder a las amenazas del blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo. Se encuentra actualmente en proceso de ampliación.

En 2021 y 2022, el Grupo de Acción Financiera Internacional hizo efectiva la noción de delito medioambiental, vinculando legalmente la acción de incumplimiento con la de blanqueo de capitales[21]. La cooperación entre la Red para la Ecologización del Sistema Financiero (NGFS) y el Instituto Internacional para el Análisis de Sistemas Aplicados (IIASA)[22] ha establecido modelos informáticos totalmente opacos sobre los riesgos climáticos y financieros, convirtiendo así las proyecciones de Net Zero en una condición para el acceso al crédito. En 2023, el centro de innovación del Banco de Pagos Internacionales definió un marco de supervisión con las monedas digitales de los bancos centrales, a través de los proyectos Rosalind[23] (programación monetaria por API) y Atlas[24] (supervisión de la descentralización financiera). En 2025, el Consejo de Estabilidad Financiera adoptó una hoja de ruta mundial[25], basada en particular en la protección del clima, con el fin de armonizar los calendarios y las jurisdicciones reglamentarias. Por último, la recomendación SCO60[26] del Banco de Pagos Internacionales (mencionada anteriormente) aplicó riesgos punitivos del 1250 % a las criptomonedas, lo que obligó de facto a los bancos a no apartarse del régimen de la moneda fiduciaria.

Convergencia medioambiental

Durante unos treinta años, la supervisión financiera y la gobernanza medioambiental funcionaron de forma separada, aunque mostrando cierto paralelismo en su forma. Ambas han recurrido a estructuras de normalización, marcos de cumplimiento y presión financiera y económica.

En 1989, el comunicado del G7 que creó el Grupo de Acción Financiera Internacional tomó nota del Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático (IPCC). Instó a la creación de lo que más tarde se convertiría en la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, haciendo posible el principio del canje de deuda pública por naturaleza[27]. La supervisión financiera y la gobernanza ambiental comenzaron entonces a solaparse y a utilizar enfoques de gestión similares. Al presentarse el cambio climático como un vector de riesgo para la estabilidad financiera, se insta a los bancos centrales a preservar dicha estabilidad y, por lo tanto, a asimilar la agenda climática. El Consejo para un Capitalismo Inclusivo[28], creado en 2020 en colaboración con el Vaticano[29], hizo más explícita esta convergencia. Sus miembros, entre los que se encuentran BlackRock, State Street, Bank of America y Mastercard, forman parte de las instituciones que aplicaron las normas de capital de Basilea y las normas contra el blanqueo de capitales de Wolfsberg. El mismo Consejo les comprometió a respetar los indicadores del «capitalismo de las partes interesadas» (stakeholder capitalism), es decir, el referencial ESG (criterios ambientales, sociales y de gobernanza), los objetivos climáticos[30] y las medidas de impacto social. Poco a poco, este marco técnico e ideológico se extendió a otros ámbitos institucionales. Lo que comenzó como una búsqueda de conformidad con el objetivo de luchar contra el blanqueo de capitales se convirtió posteriormente en un enfoque coordinado de gobernanza social y medioambiental. La creación de la Red para la Ecologización del Sistema Financiero (NGFS[31]) en 2017 y la ampliación de las actividades del Grupo de Acción Financiera Internacional al ámbito de la delincuencia medioambiental acentuaron esta convergencia. En concreto, ahora se puede sancionar a los bancos por incumplimiento ambiental en virtud de las nuevas normas de calificación del riesgo.

El caso del carbono y las criptomonedas

Dos casos concretos permiten ilustrar el funcionamiento de esta infraestructura.

Imaginemos que un banco europeo desea financiar la construcción de una central térmica de carbón en el sudeste asiático. Basándose en modelos informáticos[32], la Red para la Ecologización del Sistema Financiero emite una primera alerta en la que se demuestra que los activos relacionados con el carbón presentan un riesgo financiero relacionado con el clima[33]. A partir de ese momento, el Consejo de Estabilidad Financiera responde a la alerta elevando el riesgo climático a la categoría de prioridad sistémica[34]. Remite el caso al Banco de Pagos Internacionales de Basilea para que adapte los marcos normativos relativos al capital propio, en colaboración con la Organización Internacional de Comisiones de Valores (OICV). Basilea traslada entonces la alerta al ámbito de la regulación del capital. El BIS declara que el proyecto podría requerir capital adicional. El Grupo de Acción Financiera Internacional suma a eso la alerta sobre delitos ambientales[35]. Por lo tanto, el avance del proyecto implicará incorporar un estudio de conformidad reforzado en materia de beneficiarios efectivos, fiabilidad de las asociaciones, deforestación ilegal, exposición a sanciones y cadena de suministro. El grupo Wolfsberg entra en escena aprovechando los procedimientos contra el blanqueo de capitales, junto con los riesgos ambientales[36]. La construcción de la central térmica de carbón puede ser legal y rentable. Pero las restricciones acumuladas en materia de riesgo de capital, requisitos de divulgación, cumplimiento y exposición reputacional acaban disuadiendo su financiación.

Segundo caso: las criptomonedas. Imaginemos ahora que un ciudadano europeo posee bitcoins procedentes de transacciones realizadas entre particulares durante el año 2013. Las normas de Basilea relativas a las criptomonedas se finalizaron en 2023[37], mientras que su aplicación comenzó en enero de 2025[38]. Los grandes bancos comenzaron a retirar los servicios relacionados con las criptomonedas antes de la fecha límite[39], a lo largo del año 2024, creando así una actitud coercitiva a la que se sumó el resto del sector bancario. El Banco de Pagos Internacionales publicó entonces la norma SCO60[40], que asignó a los criptoactivos del “grupo 2” una ponderación de riesgo del 1250 %. Esto obliga a una contribución de capital equivalente al importe total invertido.

El G20 ratificó la medida[41], mientras que la norma apareció en los comunicados de los ministerios de finanzas con el fin de reforzar la estabilidad financiera. Los reguladores nacionales, la Reserva Federal, el Banco Central Europeo y otras entidades la aplicaron mediante resoluciones gubernamentales[42]. Las directrices de Wolfsberg también contribuyeron a orientar el distanciamiento de los criptoactivos, creando así un consenso sobre la no exposición directa a carteras no alojadas y a transacciones que preservan la confidencialidad.

Nuestro ciudadano europeo desea vender sus bitcoins a través de una bolsa oficial con el fin de comprar una vivienda. Su cartera ha sido señalada. Se le solicita documentación sobre el origen de los fondos, pero su información sigue siendo incompleta porque las plataformas ya no existen y las contrapartes son imposibles de identificar. Finalmente, la transacción es rechazada. Nuestro ciudadano posee bitcoins que no podrá utilizar para comprar una casa, pagar la asistencia sanitaria o transmitirlos a sus hijos. Sin embargo, ninguna ley le prohíbe poseer activos en esta criptomoneda. La infraestructura bancaria, al margen de cualquier legislación local, hace imposible la conversión de su capital en utilidad real.

Un cambio bajo control

En términos absolutos, esta convergencia entre tres ámbitos de gobernanza, la supervisión financiera, la regulación del capital y la protección del medio ambiente, no es moralmente negativa ni sinónimo necesariamente de control. Lo es cuando los mecanismos que la componen se liberan del marco democrático o producen efectos discrecionales en nombre del tratamiento de la amenaza o la eficacia de la acción automatizada. Sin embargo, esto es lo que empezamos a vislumbrar en los dos casos simulados y a través del argumento expuesto anteriormente. Más en profundidad, el enfoque de gestión financiera y monetaria a través de la infraestructura es similar a otras dinámicas de instalación de una tecnoestructura en ámbitos soberanos de gobernanza, cuyo comportamiento consiste precisamente en eludir los modos de decisión tradicionales[43] y reforzar el control.

De hecho, todos los organismos mencionados anteriormente evolucionan sobre la base de un poder informativo y normativo, desvinculado de cualquier proceso de deliberación nacional, e incluso de los procedimientos judiciales. La respuesta al riesgo financiero de un actor privado puede ser tratada por los actores posteriores como si se tratara de una auténtica decisión judicial, pero al margen de cualquier procedimiento oficial. En el caso del Banco de Pagos Internacionales, los gobernadores de los bancos centrales reunidos en la sede de Basilea no tienen que rendir cuentas ante ningún órgano representativo o parlamentario. En el caso de la normativa bancaria denominada Basilea III de 2010, elaborada a raíz de la crisis financiera de 2007, bastó con un comunicado del G-20 de Seúl[44] para que se aplicaran las decisiones. Alejarse del marco definido por Basilea implica, en la práctica, unos costes de endeudamiento más elevados para los países recalcitrantes, así como un acceso reducido a los servicios bancarios y el riesgo de ser incluidos en la lista de exclusión del Grupo de Acción Financiera Internacional.

En otras palabras, estos organismos se esfuerzan por existir al margen de los mecanismos judiciales y parlamentarios. Los responsables de los bancos centrales, los expertos técnicos y los operadores privados establecen normas que, en última instancia, se aplican a escala internacional mediante listas negras y restricciones al capital, al costado de los marcos legislativos. Todas las actividades financieras se controlan mediante informes de actividades sospechosas[45] y redes de inteligencia financiera que supervisan las existencias mediante la calificación del riesgo y las obligaciones de precaución. Estas normas se elaboraron en Basilea, en coordinación con el Consejo de Estabilidad Financiera, y luego fueron implementadas por el Grupo de Acción Financiera Internacional y el Grupo Wolfsberg. Están ratificadas formalmente por el G20 y aplicadas por los bancos privados y las empresas de análisis, sin encontrar oposición política o democrática. Esta infraestructura de gobernanza aplica las normas de conformidad en ámbitos que van desde la financiación de entidades terroristas y las normas de gobernanza corporativa (ESG, DEI) hasta la lucha contra el blanqueo de capitales, la proliferación de armas, la delincuencia ambiental y las emisiones de carbono. Los mandatos de duración indefinida de algunos organismos, en particular el Grupo de Acción Financiera Internacional, permiten eludir la legislación[46].

La Unión Europea ilustra este mecanismo de cortocircuito, especialmente en el ámbito de la identidad digital y las transacciones financieras con las normas de Servicios Electrónicos de Identificación, Autenticación y Confianza (eIDAS)[47] y la Ley de Servicios Digitales, ambas creadas por la Comisión Europea y ratificadas rápidamente por el Parlamento.

Subversión de un sistema

La aparición de este tipo de infraestructura no es un fenómeno marginal o sectorial. Contribuye a la creación de una amplia matriz de gobernanza adaptativa, diseñada a escala internacional, que funciona sobre la base de lógicas éticas, normativas, informativas y automatizadas. Las finanzas son uno de sus principales impulsores, junto con la moneda.

En el ámbito monetario, iniciativas como Mandala[48], Rosalind[49] y mBridge[50], impulsadas por el Banco de Pagos Internacionales, añaden al medio de pago un carácter programable[51] y condicional. La conformidad se automatiza y valida[52] las transacciones realizadas posteriormente. Estas iniciativas, junto con las monedas digitales de los bancos centrales que se están experimentando en más de un centenar de países[53], se inscriben en el panorama que hemos descrito. Las condiciones propuestas[54] incluyen, en particular, el plazo de caducidad (de los activos o incluso de la transacción), la restricción geográfica, la tipología del agente económico y la integración del presupuesto de carbono. La moneda programable suele estar vinculada a un componente informativo que proporciona datos sobre la identidad de los actores[55] e incorpora coeficientes de riesgo que determinan el coste final de determinadas transacciones.

Esta tecnoestructura funciona siguiendo cuatro grandes etapas inspiradas en los principios de la cibernética: medir, decidir, actuar, aprender. Los actores que participan en los intercambios son validados al entrar en la red, en la que se han fijado previamente las normas. A continuación, se verifica el cumplimiento para ajustar, o incluso rectificar, el comportamiento de los actores. Los resultados se miden y supervisan, para luego dar lugar a la aplicación de nuevas obligaciones en toda la red. Esta lógica se aplica a tres niveles específicos (estatal, corporativo e individual) y se extiende a escala mundial gracias a un régimen de coordinación monetaria. Su extensión también pasa, en muchos aspectos, por la respuesta a situaciones de crisis, que se inscribe como una metodología preferente. Cualquier tensión o convulsión permite, en efecto, forzar la ampliación del radio de acción de los bancos centrales y ratificar una fusión más avanzada entre las dimensiones fiscal y monetaria.

A lo largo del camino, es evidente que lo que comenzó como un imperativo de regulación financiera se ha transformado en una red de bancos centrales, centrada en el Banco de Pagos Internacionales, con el fin de activar un nuevo sistema de intercambios programables y condicionales. La promoción de marcos éticos, que dan gran importancia a la justicia social, medioambiental e intergeneracional, ha constituido un doble escudo teleológico y perceptivo para legitimar esta transformación. Ha tendido a hacer que las reticencias sociales resulten contradictorias y condenables.

Una revolución silenciosa en marcha

Este cambio es profundo, pero silencioso. La revolución liberal del siglo XVIII había consolidado una hegemonía mundial, al menos con vocación internacional, basada en las tesis del libre comercio, la deliberación democrática y el impulso revolucionario. A lo largo del siglo XX, la misma búsqueda de preeminencia llevó a varios ideólogos a enunciar tesis colectivistas que apuntaban a la misma búsqueda de monopolio. Karl Marx y Friedrich Engels prescribieron una centralización monetaria que gravitaría en torno al Estado y que debía pasar por la creación de un banco nacional dotado de un monopolio exclusivo. Moses Hess sostenía que la economía debía servir a la dimensión moral más que al interés material, y que la gobernanza económica debía regirse por principios éticos. Eduard Bernstein descartó la idea de una ruptura revolucionaria, favoreciendo la inserción de los principios socialistas en los engranajes del capitalismo mediante una toma de control progresiva. Alfred Zimmern abogó por la necesidad de una administración internacional, encarnada en un cenáculo de tecnócratas capaces de operar por encima de los regímenes soberanos y de las relaciones caóticas que mantenían los Estados entre sí. Lenin, por último, apostaba por la contabilidad y el control generalizados y consideraba que la gestión de una economía compleja debía basarse en una medición precisa de los flujos y las existencias.

Estos dulces sueños se están convirtiendo en una realidad operativa en este comienzo del siglo XXI. Uno tras otro, han cobrado forma en la declaración de una nueva base ética, en una normalización codificada en la red informática, en la coordinación de los bancos centrales, en las monedas “positivas[56]” o en las monedas digitales de los bancos centrales. Ninguno de estos cambios se ha descrito como una transformación revolucionaria. En apariencia, se hace hincapié en la modernización técnica del sistema y en su capacidad para responder a las crisis, estabilizar las finanzas y hacer más eficaces las transacciones. La arquitectura resultante, barnizada con el término “capitalismo inclusivo”, es a la vez dual, discrecional y gerencial, diseñada para eludir la inteligencia humana en nombre de la eficiencia y la automatización. El sistema piramidal que está surgiendo ante nuestros ojos está impulsado por un enfoque materialista y tecnocrático que se erige moralmente por encima de la arena social en virtud de su inclusividad y sostenibilidad. El horizonte último, que merecería aquí un desarrollo por separado, es el de la construcción de un “ecosistema total” entre el hombre y su entorno[57]. El historiador Yuval Noah Harari ha asociado a este cambio el término “dataísmo”[58], sin dejar de insinuar que se trata del canto del cisne de la democracia liberal[59].

Por lo tanto, se trata de un movimiento profundo en el que se juegan muchas cartas. La nueva infraestructura monetaria y financiera tiene que ver con la orientación, las reglas y la geometría de los intercambios entre todos los actores, desde el Estado hasta el individuo. No obstante, las capas estrictamente productivas del sistema de bienes y servicios se ven menos afectadas, ya que dependen en gran medida de variables tecnológicas e industriales. El sentido del sistema económico sí se ve fuertemente afectado, como lo demuestra el predominio de la ética y la búsqueda de una renovación semántica en términos como “capitalismo inclusivo” o “bien común”.

Estas transformaciones tienen importantes repercusiones en el ámbito de las relaciones de poder geoeconómicas y geopolíticas. En este sentido, es importante destacar que todos los bandos actuales del llamado mundo multipolar abonan a una infraestructura de este tipo. Tanto las instancias occidentales del G20 como las del BRICS[60], la Organización de Cooperación de Shanghái[61] o la Unión Africana[62] cooperan con el Banco de Pagos Internacionales y sientan las bases de esta agenda, siguiendo enfoques aún compartimentados, pero compatibles[63].

Dialéctica y gestos retóricos

¿Cómo no sorprenderse del escaso descontento expresado por las clases ilustradas con respecto a esta arquitectura? Si bien la gradualidad de los cambios puede explicar en parte esta indulgencia, se han expresado críticas virulentas. Por un lado, Shoshana Zuboff vio en la capa comercial e informacional del capitalismo una “grave violación de la dignidad humana” a través de la recopilación masiva de datos sobre el comportamiento de los internautas con fines lucrativos. John Perry Barlow fue el primero, hace dos décadas, en denunciar la intromisión de los Estados y la industria en el nuevo perímetro informacional formado por el ciberespacio[64]. Otros autores como Evgeny Morozov, David Lyon y Oscar Gandy siguieron esta tendencia y continuaron denunciando la vigilancia masiva y su concentración en las redes. Por otro lado, Thomas Piketty atacó el capitalismo señalando el aumento histórico de las desigualdades debido a la primacía del crecimiento del capital sobre el de los sistemas económicos. Otras críticas similares han podido escucharse en economistas como Paul Krugman, Jeffrey Sachs, Joseph Stiglitz, Lawrence Summers, Alan Greenspan y Robert Rubin.

Sin embargo, hay que señalar que estos múltiples autores y sus respectivas críticas omitieron describir los resortes financieros y monetarios del sistema en ciernes. Zuboff se centró exclusivamente en la capa de vigilancia comercial operada por los actores privados y no mencionó las lógicas financieras descritas anteriormente, a pesar de que cerca de 130 países van experimentando estas monedas digitales desde hace una década. Su prisma la llevó finalmente a defender nuevas funciones monopolísticas del Estado para combatir lo que ella identificó como una patología extractiva de los actores privados. Los movimientos que denuncian el acaparamiento del espacio informacional se focalizaron de hecho en la cuestión de los derechos y los datos. De manera similar, el énfasis de Piketty en las desigualdades lo lleva a abogar por una transparencia financiera total y la bancarización de los ciudadanos bajo los auspicios de los bancos centrales, al mismo tiempo que declara, en segundo plano, que los Estados-nación siguen siendo impotentes para administrar el capital transnacional[65]. Las medidas reguladoras que propone son las que se están construyendo de facto (registro financiero mundial, moneda digital del banco central, cuenta de carbono individual).

Estos gestos retóricos, observables en diferentes escuelas de pensamiento, son característicos de la tectónica de placas intelectuales que está en marcha en esta transición. Como en el pasado, los constructores de ideología se posicionan dialécticamente a ambos lados del sistema que se quiere modificar con el fin de forzar la evolución deseada mediante un trabajo simultáneo sobre su afirmación y su negatividad. En otras palabras, los detractores y los defensores del protosistema tienen en común el hecho de argumentar a favor de una misma perspectiva de refuerzo de la centralización estatal y del control, la soberanía sobre los datos, la descentralización o el freno a la vigilancia tendiendo a ser sacrificados en aras de las contradicciones del capitalismo actual.

La contención cognitiva que acompaña al surgimiento de este sistema refuerza aún más la importancia de descifrar en profundidad su arquitectura. Los nuevos engranajes que se infunden en el sistema monetario y financiero se conciben como herramientas al servicio de un proyecto más amplio de gestión corporativa del planeta. Por lo tanto, es importante tanto examinar este macrosistema en sus particularidades sectoriales, como intentamos hacerlo, y examinarlo con un enfoque global en pos de medir su alcance. Dada la rapidez de los cambios, ¿sigue siendo necesario precisar que el tiempo apremia?

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