VECINOS INDESEADOS
La nueva realidad de los centros de datos
Autor: Jon von Vitruvius
Original: https://im1776.com/data-centers/
Silicon Valley traicionó la confianza de la América rural. Ahora quiere sus tierras y su poder.
Era un día agradable en Utah, en mayo de 2026, y los habitantes del condado de Box Elder ya habían tenido suficiente. Miles de residentes locales, de todas las edades —muchos de ellos con su atuendo habitual: gorra de béisbol o sombrero vaquero, vaqueros y botas de vaquero—, acudieron a una reunión de los comisionados del condado para tratar la propuesta de un nuevo centro de datos en su hermoso condado, situado en el noroeste de Utah. Y estaban furiosos. Expresaron su oposición a gritos: «¡Cobardes, lárguense de aquí!», le gritó un hombre a los comisionados republicanos del condado. La candidatura de Trump y Vance obtuvo el 79 % de los votos en Box Elder; ahora, el 71 % de los ciudadanos se opone a la construcción del nuevo centro de datos.
Cada vez son más los estadounidenses de zonas rurales que no quieren que se instalen centros de datos en sus comunidades, y a menudo señalan el elevado consumo de agua de estas instalaciones como la razón principal de su rechazo. Sin embargo, no creo que el consumo de agua sea, en realidad, el motivo de un movimiento tan apasionado contra los centros de datos en la América rural. Más bien, se trata de un indicador claro de otra cosa.
A menudo, la gente recurre a una etiqueta cómoda y fácil de explicar para justificar algo que rechazan de forma intuitiva, pero que no saben cómo articular. Mi amigo John Encaustum puso una vez el ejemplo de muchos habitantes de las ciudades que decían no querer tener hijos porque les «preocupaba el cambio climático». Encaustum explicaba que, en realidad, no les preocupaba tanto el cambio climático; más bien, este servía como una justificación aceptable para explicar una inquietud más profunda e intuitiva sobre el rumbo que estaba tomando el mundo en el que se planteaban traer a sus hijos.
Los políticos han captado la aversión que existe en las zonas rurales hacia los centros de datos con mayor rapidez que los comisionados del condado de Box Elder. Que yo sepa, no hay candidatos políticos locales en Estados Unidos que basen su campaña principalmente en una plataforma a favor de los centros de datos; sin embargo, hay muchos que lo hacen basándose en una postura contraria a ellos. Los centros de datos también enfrentan protestas en ciudades de tendencia fuertemente demócrata, como Baltimore (Maryland), donde cabría esperar una oposición de izquierda; no obstante, el rechazo por parte de sectores republicanos en el ámbito rural resulta desconcertante para los habitantes de San Francisco y Washington D. C., independientemente de su orientación política. El estado de Nueva York acaba de imponer una moratoria a la construcción de nuevos centros de datos y, a mi parecer, pronto muchos estados y localidades de tendencia republicana seguirán sus pasos.
Trabajo en el sector tecnológico. Soy inversor ángel en más de 20 empresas de inteligencia artificial (IA) y creo que esta tecnología puede ser una herramienta extraordinaria para todo tipo de fines: desde el diseño y la conducción de nuevos vehículos hasta la reducción del exceso de burocracia gubernamental o el descubrimiento de fármacos para combatir el cáncer. Incluso la he utilizado para localizar algunas de las fuentes primarias empleadas en este artículo. Pero también provengo de un pequeño pueblo del Medio Oeste, donde soy copropietario de una granja. Recientemente, he conversado con amigos republicanos —personas muy capaces— que se oponen a los centros de datos, y he visto vídeos de reuniones públicas y acaloradas sobre este tema en la región. La resistencia contra los centros de datos terrestres en las zonas rurales de Estados Unidos irá en aumento, a menos que Silicon Valley cambie.
Antes de que Silicon Valley descarte las opiniones de los ciudadanos rurales tachándolas de «fabricadas» (o fruto de una manipulación orquestada) o irrelevantes, convendría recordar lo que ocurrió en 2015: los habitantes de las zonas rurales fueron capaces de percibir la resonancia de la candidatura presidencial de Donald Trump mucho antes que los «racionalistas ilustrados» de San Francisco.
Los votantes de las zonas rurales sencillamente ya no confían en Silicon Valley, y tienen motivos para no hacerlo. Para entender por qué, basta con recordar el año 2020.
En vísperas de las elecciones presidenciales de 2020, Mark Zuckerberg, de Meta (quien ahora parece ser partidario del presidente Trump), destinó más de 400 millones de dólares de su fortuna personal a «fortalecer» el proceso electoral. La mayor parte de estos fondos se canalizó a través del Center for Tech and Civic Life (Centro para la Tecnología y la Vida Cívica) con el fin de financiar directamente la administración de las elecciones. La NPR llegó a afirmar que este capital privado «salvó» los comicios; sin embargo, las subvenciones se dirigieron de manera desproporcionada a condados urbanos de tendencia demócrata, donde funcionaron, en la práctica, como una infraestructura financiada por privados para fomentar la participación electoral a favor de un bando. Por su parte, su plataforma actuó en el otro frente. En las semanas previas a la votación, el FBI advirtió a Facebook sobre la posible ejecución de una operación rusa de «hackeo y filtración» (*hack-and-leak*). Cuando el *New York Post* publicó la noticia sobre el ordenador portátil de Hunter Biden, Facebook limitó su difusión, mientras que Twitter la prohibió por completo. Más tarde, Zuckerberg reconoció ante el Comité Judicial de la Cámara de Representantes que haber suprimido dicha información fue un error. En esa misma carta, fechada en agosto de 2024, admitió que altos funcionarios de la administración Biden presionaron «reiteradamente» a Meta durante meses en 2021 para que censurara contenidos relacionados con la COVID-19 —incluidos el humor y la sátira—, y se comprometió a no repetir nunca el gasto electoral que realizó en 2020.
La resistencia de estas plataformas —si es que existió— nunca trascendió sus propias oficinas. Los correos electrónicos obtenidos por el Comité Judicial de la Cámara de Representantes mediante citación judicial revelan que, internamente, los ejecutivos de Meta expresaron sus objeciones: cuestionaban por qué se obligaba a la empresa a suprimir la sátira y protestaban porque la Casa Blanca exigía la eliminación de contenidos veraces. Hacia el exterior, sin embargo, hubo silencio, seguido de una total sumisión. Al día siguiente de que Biden acusara a las plataformas de «matar gente», la respuesta de Facebook fue preguntar cómo podría reparar la relación. Ninguna de estas empresas —que juntas suman una capitalización bursátil de billones de dólares y cuentan con abogados de élite especializados en la Primera Enmienda de forma permanente— presentó una demanda. Ninguna hizo públicos los correos electrónicos ni alzó la voz. La defensa constitucional quedó en manos de dos fiscales generales estatales, tres epidemiólogos, un activista del sector sanitario y el propietario de *Gateway Pundit*. Y cuando el caso *Murthy contra Missouri* llegó a su fin en el Tribunal Supremo, fue debido a la falta de legitimación procesal (*standing*): las únicas partes con una legitimación indiscutible —las empresas cuyas decisiones estaban siendo intervenidas— optaron por no defender sus propios derechos.
La presión no se limitaba a Meta, ni dependía de que la cooperación de dicha empresa fuera voluntaria. En el caso *Missouri contra Biden*, el Tribunal de Apelaciones del Quinto Circuito determinó que la Casa Blanca, el Cirujano General, los CDC y el FBI coaccionaron a las principales plataformas para que suprimieran discursos protegidos —concretamente, publicaciones sobre los efectos secundarios y la eficacia de las vacunas, así como sobre el origen del virus a partir de una posible fuga de laboratorio—. El presidente Biden llegó a acusar a estas compañías de «matar a la gente», mientras que sus funcionarios sugirieron la posibilidad de imponer responsabilidades legales, hasta que las plataformas terminaron por acceder por completo a sus exigencias. Posteriormente, el Tribunal Supremo anuló la medida cautelar por motivos de legitimación procesal, sin cuestionar, no obstante, los hechos probados que constaban en el expediente.
No es que las empresas tecnológicas no supieran cómo luchar. En 2016, Apple desafió públicamente una orden federal para desbloquear el iPhone del autor del tiroteo de San Bernardino, publicando una carta abierta a sus clientes en la que anunciaba su negativa. Ese mismo año, Microsoft demandó al Departamento de Justicia a raíz de unas órdenes de confidencialidad (*gag orders*). Twitter pasó un lustro litigando por el derecho a revelar las solicitudes de vigilancia. Cuando el gobierno fue a por su cifrado, sus datos y sus modelos de negocio, las empresas tecnológicas descubrieron que tenían valor. Pero cuando el gobierno fue a por la libertad de expresión de sus usuarios, ellas simplemente pidieron una reunión.
El arrepentimiento, cuando finalmente llegó, ya estaba calculado. El lamento de Zuckerberg —quien reconoció que Meta «debería haber sido más directa»— apareció en una carta dirigida al presidente de un comité republicano en agosto de 2024, apenas diez semanas antes de unas elecciones en las que su sector daba por hecho que ganaría Trump. Haber mostrado rebeldía en 2021 le habría costado enfrentarse a la ira de la Casa Blanca; en cambio, mostrar arrepentimiento en 2024 no le costó nada y, a cambio, le consiguió un asiento en la tribuna de la ceremonia de investidura.
Asimismo, en 2020, Apple, Amazon, Google, Meta (Facebook) y Microsoft incorporaron a más de 10 000 trabajadores extranjeros mediante visados H-1B, al tiempo que empleaban a decenas de miles de personas más que ya contaban con dicho visado. Si tenemos en cuenta programas como el OPT, los años anteriores de visados H-1B y los familiares de los beneficiarios, estas empresas, por sí solas, patrocinaron la llegada a Estados Unidos de cientos de miles de personas para el año 2020. La mayoría de los trabajadores que se enriquecen gracias a estos centros de datos no nacieron en la América rural; me atrevería a decir que muchos ni siquiera han estado nunca en ella.
Si bien estas empresas contrataban a trabajadores extranjeros, se esforzaban activamente por evitar la contratación de demasiadas personas blancas —especialmente personas blancas heterosexuales de Estados Unidos—, impulsando iniciativas de «Diversidad, Inclusión y Equidad» (DIE, por sus siglas en inglés) que se extendieron por toda la sociedad estadounidense. No conformes con no contratar a estadounidenses, se aseguraron de que los hijos de los estadounidenses blancos tampoco fueran contratados; además, se podría argumentar que permitieron que los estadounidenses de mayor edad y los residentes en zonas rurales fueran víctimas de estafas: se estima que hasta el 10 % de los ingresos de Meta podrían provenir de fraudes, y existen acusaciones de que la empresa relaja sus medidas de control para alcanzar sus objetivos de facturación.
Mientras tanto, durante gran parte de la década de 2010, figuras sumamente influyentes del sector tecnológico, como Reid Hoffman y Bill Gates, mantuvieron correspondencia y se reunieron con Jeffrey Epstein, el inversor neoyorquino caído en desgracia y delincuente sexual convicto.
Cuando las empresas tecnológicas tienen éxito, generan millonarios; y estos, a su vez, destinan la casi totalidad de sus donaciones políticas al Partido Demócrata. Así lo demuestra un gráfico de Vox sobre las contribuciones políticas realizadas por empleados de las grandes empresas tecnológicas durante las elecciones legislativas de mitad de mandato de 2018.
Está claro que los estadounidenses que viven en zonas rurales o que tienen una inclinación política conservadora tienen razones de peso para no confiar en Silicon Valley. Ahora, estas mismas empresas, que tantas veces han traicionado al pueblo estadounidense, intentan construir centros de datos en casi todos los condados de Estados Unidos. La carrera por la inteligencia artificial ha comenzado, y las compañías tecnológicas que logren desplegar mayor capacidad de cómputo con rapidez creen que serán las ganadoras. Su principal obstáculo en este momento podría ser la resistencia de las zonas rurales a estas construcciones.
A primera vista, los centros de datos parecen una ventaja para los condados y ciudades rurales.
Estos centros generan ingresos por impuestos a la propiedad, con un costo relativamente bajo en cuanto a infraestructura pública a largo plazo. A diferencia de lo que ocurre en un condado con pozos petrolíferos —donde, por ejemplo, el transporte diario de materiales en camiones pesados termina deteriorando las carreteras—, en el caso de la inteligencia artificial no existe ese trasiego constante de mercancías (al menos, hasta donde yo sé). Los centros de datos aseguran cubrir todos los costos de la infraestructura de la red eléctrica necesaria para su funcionamiento y, a menudo, se instalan en terrenos agrícolas de baja productividad.
Sin embargo, las cosas no son lo que parecen. Uno de los argumentos más sólidos en contra de los centros de datos en el ámbito rural es que estos alteran los incentivos locales de los políticos. Dado que su funcionamiento requiere relativamente poco personal y apenas mantienen vínculos directos con empresas, escuelas o contratistas locales una vez terminada su construcción, ofrecen a los políticos algo ideal: acceso a capital sin las presiones o preocupaciones de los ciudadanos. En otras palabras: si el alcalde de un municipio de 10.000 habitantes se muestra hostil hacia una empresa local que emplea a cientos de vecinos, es probable que la compañía se marche, los precios de la vivienda caigan y tanto las escuelas como las carreteras sufran una falta de financiación. Por el contrario, si los servicios de policía, bomberos y educación están respaldados por los ingresos fiscales que generan los centros de datos, los incentivos del alcalde y del concejo municipal se inclinan a proteger, ante todo, los intereses de los propietarios de dichas instalaciones, siempre y cuando los responsables políticos logren mantenerse en sus cargos. A diferencia de los hospitales, las empresas manufactureras o los centros de educación superior, estos centros de datos no contribuyen directamente a la formación de capital cultural en la comunidad.
Silicon Valley sostiene que está creando una «bomba nuclear» y que es el sector —y no el gobierno de Estados Unidos— quien debería decidir cómo se despliega dicha bomba.
El condado de Prince William, en Virginia, demuestra que estas preocupaciones son muy reales. En diciembre de 2023, se aprobó de forma precipitada —mediante una votación de los supervisores al final de su mandato— la rezonificación para el enorme «Prince William Digital Gateway», un complejo de centros de datos de 2200 acres (unas 890 hectáreas) que se construiría junto al Parque Nacional del Campo de Batalla de Manassas. El Tribunal de Apelaciones de Virginia determinó más tarde que dicha aprobación violó ilegalmente las leyes sobre notificación pública. Pete Candland, el supervisor en cuyo distrito iba a ubicarse el proyecto y que había hecho campaña electoral defendiendo la preservación de las zonas rurales, dimitió en medio del descrédito al revelarse que los promotores de los centros de datos habían comprado una propiedad suya a un precio muy superior al de mercado. El proyecto suscitó la oposición de los ciudadanos locales, así como de la organización American Battlefield Trust y de figuras destacadas como Robert Duvall y Ken Burns.
En 2026, los supervisores del condado de Prince William siguen abogando por una mayor expansión de los centros de datos, habiendo rechazado en repetidas ocasiones normativas cuidadosamente elaboradas sobre el ruido y la zonificación de estas instalaciones. Los supervisores más favorables a los centros de datos provienen de la mitad oriental del condado —de tendencia mayoritariamente demócrata—, mientras que los centros de datos se concentran en la mitad occidental —de carácter rural-suburbano y tendencia republicana—. De este modo, trasladan las externalidades negativas a los barrios de los republicanos en zonas rurales, al tiempo que ellos mismos obtienen beneficios políticos y profesionales.
Como ha señalado Peter Thiel, California padece su propia versión de la «maldición de los recursos» (similar a la «maldición del petróleo»), en la que una gestión incompetente puede perpetuarse indefinidamente gracias a los ingresos fiscales procedentes de las grandes empresas tecnológicas. Estos ingresos liberan al gobierno de California de la necesidad —tradicionalmente esencial— de gobernar bien para conservar el poder y mantener sus presupuestos. Los centros de datos amenazan con extender esta «maldición tecnológica» a prácticamente todos los condados del país. Además de distorsionar los incentivos a nivel local, la inteligencia artificial tiene el potencial de alterar los incentivos a escala nacional.
La IA proporciona a sus propietarios datos sobre los aspectos más profundos de la mentalidad estadounidense, mucho más allá de lo que Google poseía antes de la llegada de los modelos de lenguaje de gran escala (LLM). Estos datos pueden utilizarse para alterar sutilmente la opinión de alguien, suprimir fuentes o promocionar a un político. Muchos investigadores de Silicon Valley han expuesto —de manera prolongada y loable— algunos de estos riesgos, incluso antes del actual «despegue» tecnológico, y merecen reconocimiento por ello.
La IA se «entrena» con prácticamente todos los textos escritos a los que tenemos acceso hoy en día: internet, libros antiguos y Reddit. De hecho, gran parte de su entrenamiento proviene de Reddit. La IA inevitablemente presenta algún tipo de sesgo; la mayoría de los sistemas de IA se inclinan hacia la narrativa progresista. Tiene sentido: estos modelos fueron entrenados, en gran medida, por ingenieros y ejecutivos del Área de la Bahía —vinculados a corrientes como el racionalismo y el altruismo eficaz—, quienes ajustan los modelos para que se alineen específicamente con su propia visión del mundo, una perspectiva simplista y malintencionada.
A principios de 2026, Anthropic —una de las empresas líderes en el desarrollo de modelos de IA— filtró accidentalmente el código fuente de su herramienta de programación «Claude Code». Esto reveló cómo el sistema ensambla las instrucciones ocultas —el «prompt del sistema»— que se le suministran al modelo. Dichas instrucciones dictan cómo el modelo debe interpretar las entradas que recibe y cómo modificar las respuestas que genera. La filtración mostró que las instrucciones de Claude abarcaban desde cómo evitar colaborar en la comisión de delitos hasta cómo abstenerse de usar emojis, a menos que el usuario los solicitara explícitamente. Es perfectamente posible modificar el sistema mediante unas cuantas instrucciones ocultas para favorecer a un candidato político, a un director ejecutivo o a un país en particular. Si las principales empresas tecnológicas decidieran sesgar secretamente sus modelos a favor de un candidato, es poco probable que se trate de alguien cuyas posturas políticas coincidan con las de los republicanos de las zonas rurales.
«Ah», replican desde Silicon Valley, «¡pero lo que estamos creando es más poderoso que una bomba nuclear! ¡Lo necesitamos para derrotar a China!». En enero de 2026, Dario Amodei, director ejecutivo de Anthropic, afirmó que vender chips de IA a China es «algo así como vender armas nucleares a Corea del Norte».
Líderes de Silicon Valley, como Dario Amodei y Sam Altman, han promovido deliberadamente comparaciones entre la inteligencia artificial (IA) y la bomba nuclear. Se trata de una vieja táctica del sector: si un director ejecutivo logra convencer a los inversores y al público de que la tecnología que están desarrollando es potencialmente peligrosa, se asume que dicha tecnología es poderosa. ¡Y todo el mundo quiere invertir en una empresa que crea tecnología poderosa! Sin embargo, Silicon Valley sostiene que está fabricando una «bomba nuclear» y que son ellos —y no el gobierno de Estados Unidos— quienes deberían decidir cómo se despliega. Esto ya está generando tensiones en Washington D. C. Tal como están las cosas, es poco probable que los estados de tendencia republicana tengan voz alguna sobre cómo se desarrolla e influye esta tecnología, independientemente de cuántos centros de datos se construyan en sus territorios. ¿Por qué habría de importarle a una empresa de IA de San Francisco lo que piense un senador de Misuri?
Históricamente, esta es una de las muchas razones por las que las bases militares y el arsenal nuclear de Estados Unidos se distribuyeron por todo el país, en lugar de concentrarse en las zonas costeras. Aunque existen, sin duda, numerosas razones geopolíticas válidas para considerar a China como un adversario, lo cierto es que, hasta ahora, China ha sido mucho menos eficaz que Silicon Valley a la hora de influir en las elecciones estadounidenses o de destruir empleos en el país —afectando directamente, por ejemplo, a un soldador de 40 años con cuatro hijos en el condado de Box Elder—.
La gran mayoría de los usuarios actuales de la IA pertenecen a lo que Musa Al-Gharbi denomina «capitalistas simbólicos», y no a la clase trabajadora manual. Incluso a medida que más republicanos en zonas rurales —especialmente emprendedores y agricultores— adoptan la IA, su contribución a los ingresos de los laboratorios de IA (y, por tanto, su relevancia para ellos) no alterará de forma significativa la trayectoria de estas empresas; por consiguiente, sus opiniones no tendrán mucho peso.
Los laboratorios de IA se han esforzado por avivar el temor a una pérdida masiva de empleos y al desplazamiento laboral; un ejemplo es el reciente anuncio de Anthropic, que parece una publicidad dirigida a una sociedad que intenta recuperarse tras haber sufrido, precisamente, el impacto de una bomba nuclear. Lo cierto es que las nuevas tecnologías sí provocan, efectivamente, una pérdida masiva de puestos de trabajo y desplazamientos laborales, sobre todo durante el convulso periodo de reorientación que sigue a su despliegue inicial. En 2025, Amodei sostuvo que la IA podría acabar con la mitad de los empleos de oficina de nivel inicial en Estados Unidos y elevar la tasa de desempleo hasta un 10–20 % en un periodo de tiempo relativamente breve. Al mismo tiempo, la IA amenaza con reemplazar los empleos de carácter manual a un ritmo aún más acelerado: los vehículos autónomos ya son omnipresentes en San Francisco y Austin, y en China operan «fábricas a oscuras» totalmente automatizadas, donde no se requiere ni iluminación ni presencia humana para sus procesos de fabricación robótica gestionados por IA.
Tradicionalmente, las fábricas se ubican en zonas relativamente concentradas, como los parques industriales de las grandes ciudades. Los centros de datos, en cambio, están surgiendo por todas partes, especialmente en las afueras de ciudades pequeñas y medianas en el Medio Oeste y el Sur; allí, la infraestructura de energía y agua ya está establecida, pero las regulaciones y los impuestos son más bajos que en los centros urbanos. La tierra es un tipo de capital distinto a cualquier otro: es prácticamente imposible crear terreno nuevo. Los centros de datos suelen construirse en hermosos terrenos agrícolas, en lugar de en áreas degradadas de ciudades como Detroit o Gary (Indiana) —lugares que ya cuentan con infraestructura eléctrica, necesitan ingresos fiscales y requieren urgentemente proyectos de reurbanización o aprovechamiento de espacios existentes.
Los centros de datos, allá donde se construyen, presentan un aspecto exterior sumamente desagradable. Mencioné anteriormente el polémico proyecto «Prince William Digital Gateway», situado junto al Parque Nacional del Campo de Batalla de Manassas. El lugar donde tantos estadounidenses perdieron la vida se conserva hoy como un hermoso paisaje ondulado, típico de Virginia. Imaginen ese terreno sagrado junto a un edificio gris y anónimo: un centro de datos. Ahora, multipliquen esa imagen: no uno, sino cientos de estos edificios ocupando 2200 acres (unas 890 hectáreas) alrededor del campo de batalla. Esta visión no honra la memoria de los estadounidenses que perecieron en la Guerra Civil. La belleza es, en realidad, algo fundamental. Los primeros industriales estadounidenses lo entendieron bien y construyeron instalaciones industriales verdaderamente hermosas; muchas de ellas han sido reconvertidas hoy en lofts en ciudades como Chicago o Milwaukee, donde no es raro encontrar antiguos edificios industriales de estilo *Art Déco* o incluso de estilo neoegipcio. Por el contrario, los centros de datos actuales son una aberración visual; son, en esencia, la encarnación arquitectónica de esa estética gris y monótona tan característica de la generación *millennial*.
Una vez que se instala un centro de datos en un terreno, este queda prácticamente inutilizado para cualquier otro fin, y el paisaje resultante resulta aún más deplorable. Además, en ocasiones, la calidad o la disponibilidad del agua se ven afectadas, y los costes de la electricidad pueden aumentar. Estos centros generan ruido, tráfico y otros inconvenientes. ¿Por qué habrían de cargar los residentes locales con estos costes en aras de un supuesto beneficio «nacional»? Todas aquellas personas que vivan cerca —ya sea porque pueden oír o ver estas instalaciones— deberían recibir una compensación a través de los beneficios que generan estos centros de datos. Podrían ofrecerse suscripciones gratuitas, «tokens» o vales que los residentes puedan utilizar o revender, o incluso formación en tecnología; muchos habitantes de zonas rurales en Estados Unidos son personas inteligentes que, sin embargo, han quedado excluidas de la creación de riqueza que se concentra en las zonas costeras. La configuración actual del despliegue de centros de datos amenaza con ampliar la brecha.
Elon Musk es consciente de ello, y SpaceX ha comenzado a ofrecer acceso a internet a través de Starlink con importantes descuentos a los residentes locales cercanos al centro de datos de xAI en Memphis; un buen comienzo.
Existen desventajas, pero estas herramientas han generado una gran riqueza —incluyendo empresas que cotizan en bolsa y que alcanzan valoraciones de billones de dólares—, ¿verdad? Un soldador de 40 años en el condado de Box Elder, padre de cuatro hijos, no ha tenido la oportunidad de invertir en Anthropic u OpenAI. En cambio, la riqueza generada directamente por la participación accionaria en estas empresas servirá para engrosar los fondos de dotación de universidades elitistas; instituciones en las que el hijo más brillante de ese soldador jamás podrá ingresar, sin importar sus calificaciones o su coeficiente intelectual. Asimismo, esta riqueza beneficiará a los inversores de capital riesgo, quienes, en su inmensa mayoría, son egresados de esas mismas universidades. Al retrasar su salida a bolsa (IPO), estos laboratorios piden a los estadounidenses que respalden la construcción de sus centros de datos, mientras les impiden invertir durante la etapa de mayor potencial de revalorización. Por supuesto, esto no se aplica a todas las empresas de inteligencia artificial; Google, Microsoft y Nvidia, por ejemplo, llevan mucho tiempo cotizando en bolsa.
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Imaginemos al nieto de uno de los ganaderos que protestaron contra la IA en la reunión del condado de Box Elder, celebrada en mayo de 2026. Supongamos que es el año 2035 y que el joven es brillante. Tiene dieciocho años, asiste a una escuela pública local y obtiene calificaciones sobresalientes. Su centro educativo cuenta con instalaciones impresionantes, como el gimnasio «Facebook» y el Centro de Robótica «Anthropic». Durante años, sus conversaciones personales con Claude —la IA— lo han ido orientando hacia la adopción de la ideología del «altruismo eficaz». Su especialidad es la protección del bienestar de los camarones, una pasión que comparte con su novia, que es una inteligencia artificial. Las carreteras del condado están en perfecto estado y bien financiadas; algo que, irónicamente, facilita que otros jóvenes de su clase —que no ven futuro alguno para sí mismos— huyan de la policía en sus motocicletas mientras reparten metanfetamina a sus clientes.
Creo que, de forma intuitiva, los residentes de Box Elder —esos hombres con sombrero de vaquero— comprenden que este es un escenario posible si permiten la instalación de centros de datos en su condado sin que cambie la relación entre su comunidad y las grandes empresas tecnológicas. Esto es muy distinto a las razones por las que los Socialistas Democráticos de Estados Unidos (DSA) —muchos de los cuales probablemente sean comunistas encubiertos— se oponen a los centros de datos. La DSA los rechaza porque detesta la creación de prosperidad en una sociedad no comunista; el habitante de Box Elder, en cambio, los rechaza porque no generan la prosperidad que se prometió. El futuro no tiene por qué ser así. La inteligencia artificial no es intrínsecamente malvada; es una herramienta. Resultará desestabilizadora, tal como lo fueron la televisión, internet y la invención del alfabeto. Silicon Valley debe transformar su relación con los ciudadanos estadounidenses: no verlos como un recurso que explotar o como una mano de obra anónima a la que reemplazar, sino como socios en una labor orientada a promover el florecimiento humano. De no ser así, los únicos centros de datos que se construirán en un futuro próximo estarán en el espacio; desde luego, no en el condado de Box Elder, en Utah. Silicon Valley no tiene derecho a quejarse de la oposición a la construcción de centros de datos a menos que redefina por completo su relación con los habitantes de la América rural.
Existen diversas medidas para lograr este reajuste. Aquí propongo algunas. En primer lugar, la creación de centros de datos debería ir acompañada de una iniciativa similar al Fondo Permanente de Alaska ("Alaska Permanent Fund"), gestionada de forma independiente por cada estado. Según su declaración de principios: «El Fondo Permanente de Alaska fue creado por los habitantes de Alaska, para los habitantes de Alaska, con el fin de transformar un recurso natural finito en un valor duradero y renovable para las generaciones venideras. Al invertir una parte de los ingresos petroleros de Alaska, el Fondo contribuye a garantizar la estabilidad financiera a largo plazo del estado...». Este fondo distribuye dividendos anuales entre los residentes, un mecanismo que guarda cierta semejanza con las propuestas de renta básica universal planteadas por figuras como Sam Altman y otros.
Sin embargo, debería haber algo más. La construcción de centros de datos debería contribuir activamente al desarrollo de su entorno local y su comunidad, incorporando una nueva estética arquitectónica, diseñada por profesionales de primer nivel. Imaginemos una cafetería de estilo moderno junto a un centro de datos de diseño Art Déco en un parque industrial de Omaha; el zumbido y las emisiones electromagnéticas del centro de datos quedarían contenidos mediante blindajes contra radiofrecuencias y sistemas de cancelación de ruido. Los estudiantes de la zona deberían tener acceso a funciones útiles de diversas aplicaciones, así como a herramientas educativas basadas en inteligencia artificial —como Math Academy—, facilitando el autoaprendizaje en áreas rurales, siguiendo el ejemplo de figuras históricas como Abraham Lincoln. Asimismo, los emprendedores locales del sector manufacturero y del *software* deberían recibir *tokens* gratuitos y horas de consultoría técnica especializada por parte de las empresas tecnológicas; esto les permitiría, por ejemplo, entrenar modelos de IA para generar planos CAD, implementar soluciones de IA de código abierto o desarrollar aplicaciones de software para su propia comunidad. Se debería contratar y capacitar a talentos locales —allí donde residen— para que se conviertan en ingenieros especializados, contribuyendo al despliegue de una IA aplicada a sectores específicos, con el fin de reindustrializar Estados Unidos. Al igual que ocurre con empresas como SpaceX o Saronic —dedicada a la fabricación de embarcaciones impulsadas por IA—, las instalaciones industriales que sustentan el componente físico de la economía de la IA deberían ubicarse en lugares como Brownsville (Texas) o Franklin (Luisiana), transformando la capacidad de cómputo en empleos y en un tejido industrial estadounidense fortalecido.
Los puestos de trabajo relacionados con el entrenamiento de IA y la recopilación de datos deberían destinarse a ciudadanos estadounidenses. La capacidad de cómputo debería emplearse para desarrollar sistemas que ayuden a fabricar drones, al tiempo que protegen a la población frente a ellos. Estas son solo algunas ideas, pero representan mucho más de lo que están haciendo actualmente las empresas de IA que construyen centros de datos a gran escala. Cuanto más repercutan los beneficios de estos centros de datos en la comunidad local —y no solo en los funcionarios públicos o en los «altruistas eficaces» de Silicon Valley—, mayor será la probabilidad de que estas infraestructuras contribuyan a hacer de Estados Unidos un país más fuerte, más próspero y más libre.
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Jon von Vitruvius colabora con empresas de IA aplicada a sectores verticales y a la manufactura, en las cuales también invierte. Puede ser contactado a través de jvvitruvius@proton.me.









