DECRETO SALVINI
Qué dice el decreto Salvini sobre la inmigración
Analisa Camilli
https://www.internazionale.it/bloc-notes/annalisa-camilli/2018/09/24/decreto-salvini-immigrazione-e-sicurezza
Traducción: Pachira @cuabiapellarolo y @BGSNAFU
El 24 de septiembre, el Consejo de Ministros aprobó por unanimidad el llamado decreto Salvini sobre inmigración y seguridad. El decreto se compone de tres partes: la primero trata de la reforma del derecho de asilo y ciudadanía, la segundo de la seguridad pública, la prevención y el contraste del crimen organizado; y la última, administración y gestión de activos incautados y confiscados a la mafia.
En los días previos a la aprobación que habían corrido rumores sobre posibles desacuerdos entre los dos partidos mayoritarios, la Liga y el Movimiento 5 Estrellas, pero Matteo Salvini ministro del Interior durante una rueda de prensa en el Palazzo Chigi hizo hincapié en que el Cinquestelle había aprobado sin reserva su proyecto de reforma.
Al principio, los decretos deberían haber sido dos: el primero, sobre la inmigración y el segundo sobre la seguridad y los bienes confiscados a la mafia; luego, en el curso de la semana, fueron pulidos y mejorados y los dos decretos se fundieron en una sola medida. El decreto fue enviado al presidente de la República, Sergio Mattarella, quien a su vez autorizó que la norma sea presentada a las cámaras. Las cámaras lo aprobaron. Aquí hay un resumen de lo que propone:
Abolición de protección humanitaria. El primer artículo contiene nuevas disposiciones sobre la concesión de asilo y, de hecho, prevé la derogación de la protección por razones humanitarias prevista en la Ley consolidada de inmigración . Ésta ley establecía que la Jefatura de Inmigración podía conceder un permiso de residencia a los extranjeros que tuvieran "motivos graves, en particular de carácter humanitario o como resultante de las obligaciones constitucionales e internacionales del Estado italiano", o para personas que huyen de situaciones de emergencia, tales como los conflictos, los desastres naturales u otros eventos particularmente graves en países fuera de la Unión Europea.
Con la protección humanitaria también se podía reconocer a los ciudadanos extranjeros que no podían ser expulsados porque podrían haber sido objeto de persecución en su país (artículo 19 de la Ley de inmigración ) o si son víctimas de explotación o tráfico. En estos casos, el permiso tiene diferentes características. La duración varía de seis meses a dos años y es renovable. Esta protección se introdujo en Italia en 1998 .
En 2017 en Italia, se presentaron 130 mil solicitudes de protección internacional: el 52% de las solicitudes fueron rechazadas, el 25% de los casos se les otorgó protección humanitaria, el 8% de las personas se les concedió el estatuto de refugiado , otro 8 por ciento obtuvo protección subsidiaria, el 7 por ciento restante obtuvo otros tipos de protección. Como señala el investigador Matteo Villa del Instituto de Estudios de Política Internacional (ISPI), a partir de enero de 2018, las solicitudes de asilo en Italia están disminuyendo .
Con el decreto Salvini este tipo de permiso de residencia ya no puede ser otorgado por las oficinas y comisiones de la policía inmigratoria, ni por los tribunales ante una apelación por una denegación. En cambio, se introducirá un permiso de residencia para algunos "casos especiales", es decir, para determinadas categorías de personas: víctimas de violencia doméstica o explotación laboral grave, para quienes necesitan tratamiento médico porque se encuentran en un estado de salud gravemente comprometido o para aquellos que vienen de un país que se encuentra en una situación de "calamidad contingente y excepcional". Finalmente, se proporciona un permiso de residencia para aquellos que se han distinguido por "actos de particular valor civil".
Extensión de la detención en las CPR. Los extranjeros que se encuentran en centros de permanencia y de repatriación (CPR), anteriormente CIE, podían ser retenidos por un máximo de 90 días hasta que fueran repatriados. Con el decreto de Salvini (Artículo 2), el límite se mueve hasta un máximo de 180 días.
Más fondos para repatriación. El artículo 6 prevé la asignación de más fondos para repatriaciones: 500 000 euros en 2018, 1 millón y medio de euros en 2019 y otro millón y medio en 2020.
Revocación o denegación de protección internacional y estado de refugiado. El decreto amplía la lista de delitos que implican la revocación de la condición de refugiado o de protección subsidiaria: también incluye delitos como asalto sexual, producción, posesión y el tráfico de drogas, el robo y la extorsión, hurto, amenaza o violencia a un funcionario público. La solicitud también puede ser suspendida cuando el solicitante se encuentra en un proceso penal por uno de los delitos que darían lugar a la denegación del asilo en caso de una condena definitiva. Además, si el refugiado regresa a su país de origen, aunque sea temporalmente, perderá la protección internacional y subsidiaria.
Restricción del sistema de recepción. El sistema de recepción de solicitantes de asilo y refugiados (Sprar)*, el sistema ordinario de recepción gestionado por los municipios italianos, se limitará únicamente a los que ya tienen protección internacional o a los menores extranjeros no acompañados. Luego se redimensionará y cambiará su nombre.
Exclusión del registro de empadronamiento de solicitantes de asilo. El artículo 13 del decreto establece que los solicitantes de asilo no pueden registrarse en la oficina de empadronamiento y, por lo tanto, no pueden acceder a la residencia.
Reforma de ciudadanía El decreto establece que se modifica la ley italiana sobre la ciudadanía de 1992. La solicitud de adquisición de la ciudadanía puede ser rechazada incluso si fue presentada por quienes contrajeron matrimonio con un ciudadano italiano o un ciudadano italiano. Hasta ahora, las solicitudes de matrimonio no pueden ser rechazadas. La contribución requerida para la solicitud aumenta de 200 a 250 euros, y el plazo para la concesión de la ciudadanía se extiende por hasta 48 meses, tanto para la residencia como para el matrimonio. También se presenta la posibilidad de revocar (o denegar) la ciudadanía a aquellos que son definitivamente condenados por delitos relacionados con el terrorismo. La revocación es posible dentro de los tres años de la condena definitiva, por decreto del Presidente de la República a propuesta del Ministro del Interior.
Pulsera electrónica El artículo 17 del decreto amplía las hipótesis de delito que permiten al juez adoptar la disposición de expulsión de la casa familiar y también prevé el uso de la pulsera electrónica también para los acusados de crímenes de abuso doméstico y acoso.
Taser. El artículo 21 establece que la policía municipal en los municipios con más de cien mil habitantes puede experimentar el uso de tasers, es decir, armas de impulso eléctrico.
Extensión del daspo. El daspo, es decir, las prohibiciones para acceder a eventos deportivos, también se extenderá a aquellos que sean sospechosos de delitos relacionados con el terrorismo. El llamado "daspo urbano", introducido por el decreto de seguridad de Minniti en 2017, también se puede aplicar a los centros de salud, en las zonas donde se celebran ferias, mercados y espectáculos públicos. Finalmente, el piquete volverá a ser un delito en lugar de una violación administrativa.
Crimen organizado y activos confiscados a la mafia.La última parte del decreto contiene disposiciones sobre la lucha contra el crimen organizado y la gestión de los activos confiscados a la mafia. Se refuerza el intercambio de información entre las distintas administraciones involucradas en el fenómeno de la delincuencia organizada. Subcontratos son sancionados con prisión de uno a cinco años, la apertura de los sitios debe ser comunicada al prefecto para los controles de la mafia, reforzará el intercambio de información entre los diferentes cuerpos de policía, la posibilidad de nombrar a los comisarios de la mafia en los municipios al descubrir irregularidades, el endurecimiento de las sanciones (prisión de hasta cuatro años y multas) contra quienes organizan la ocupación de propiedades, capacidad de utilizar la herramienta de las escuchas telefónicas en las investigaciones de los que ocupan los edificios, reorganización de la agencia que se ocupa de gestionar los bienes confiscados a la mafia.
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