CABRAS

Autor: Marcelo Posada

Rebaño al sur de Mendoza.

Producción caprina y recursos públicos: 

asignación sin evaluación

La producción caprina argentina es visibilizada como un elemento paisajístico desde la mirada turística (el changuito, cubierto con un poncho, cuidando el ramoneo de su pequeño hato de cabras a la vera del camino). Sin embargo, salvo para un pequeño segmento de consumidores, los productos alimenticios derivados de aquella producción (carne y leche) están fuera el marco de interés de la población argentina.

Pese a sus ventajas nutricionales frente a las carnes rojas, la carne caprina es apenas consumida en el país: su consumo aparente es de menos de 400 gr. por habitante al año [1],  cifra insignificante frente a los casi 12 kg. que consume un habitante de Oceanía o a los más modestos 2,5 kg. anuales por habitante que se consumen en España, por citar solo dos ejemplos.

Fiesta Nacional del Chivo, Mendoza.

Más allá de aquella imagen pintoresca de la cría de cabras, en Argentina su producción, ampliamente diseminada por el país, es totalmente marginal, pese a lo cual, como se verá más adelante, el Estado asigna cuantiosos recursos para su desarrollo, sin evaluar nunca si esos aportes rindes resultados positivos.

Las provincias de Chaco, Mendoza, Neuquén y Santiago del Estero encierran casi el 60% del total de las existencias caprinas registradas, valor que se eleva al 70% si se suman Formosa y Salta. En total, la información del SENASA arroja un stock caprino para 2017 de algo más de 4.800.000 animales.

Siguiendo las cifras oficiales, puede identificarse un amplio sector productor cabritero (que posee menos de 100 cabezas) que representa el 79% del total de los establecimientos que declaran esa actividad, encerrando al 24% del stock, con un hato promedio por establecimiento de 31 cabezas. En el otro extremo, el segmento que posee un rodeo superior a las 1.000 cabezas, que incluye al 1% de los establecimientos y encierra al 26% del hato total [2].

Estas cifras deben contextualizarse espacialmente: la producción caprina se encuentra concentrada en las regiones con condiciones más desfavorables para otras actividades ganaderas, en condiciones de aridez o semiaridez, y sobre superficies degradadas o con escasa potencialidad productiva natural.

Salvo en el norte patagónico, donde existe una cruza con la variedad Angora (destinada a la producción de fibra), en el resto del país predomina la cabra criolla, descendiente de la introducida durante la conquista española en el siglo XVI. Se trata de animales rústicos, adecuados para el entorno donde se desarrolla la actividad, pero que se expresan con bajos índices de rendimiento.

Cabras para fibra.

La producción, en particular la destinada a carne, se realiza con planteos rudimentarios, con muy pocas mejoras técnicas, y con una gestión productiva y comercial primitiva. Se trata de producciones mayoritariamente extensivas, en campos naturales, sin mejoras, y –en gran parte de los casos- con fuertes limitantes de acceso al agua.

La cadena productiva está totalmente desvertebrada, con productores primarios que son tomadores de precio, el cual lo fija el comprador que recorre las zonas productivas para acopiar y vender luego, por sí, a los frigoríficos. Los productores no llegan a elaborar detalladas estructuras de costos, y estimaciones externas han verificado que, en la gran mayoría de los casos de venta al pie (“al barrer”, en el corral del productor), el precio cobrado no llegaría cubrir los costos si se contabilizaran correctamente.

Los productores de pequeña escala –los mayoritarios, como se señaló- operan también con autoconsumo y con ventas en canales aún más informales que el comprador antes mencionado. Así, faenan en su establecimiento y venden la carne a carnicerías o locales gastronómicos de cercanía. Estas faenas no quedan registradas, y de ahí que en la estadística de SENASA se computa una faena anual entorno a las 200.000 cabezas, cuando la tasa de extracción de un rodeo de algo más de 4.800.000 se acercaría a las 900.000 cabezas faenadas.

El consumidor argentino concentra su demanda de carne caprina para las fiestas de fin de año, reclamando, básicamente, chivito (o cabrito mamón), animales de entre 10 y 12 kg., criados a leche materna, de entre 45 y 90 días de vida. Fuera de ese momento, la demanda, como ya se señaló, es muy reducida, y se limita a algunos puntos turísticos, quedando el grueso de las ventas orientadas al entorno de los establecimientos (pueblos más cercanos, establecimientos vecinos, autoconsumo).

Distintos estudios coinciden en que las debilidades de la producción caprina de carne reside en:
• Inadecuada estructura comercial, con predominio de acopiadores intermediarios que trabajan con elevados niveles de informalidad.
• Elevada estacionalidad de la oferta de cabritos.
• Escasa diversificación de productos, limitándose la oferta mayoritaria a la pieza entera
• Atraso tecnológico en los planteos productivos y en la gestión integral de la producción
• Reticencia a la asociatividad entre los productores para generar mejores mecanismos de comercialización.
• Necesidad de generar una demanda no estacional del producto caprino, a través de una estrategia posicionamiento en los grandes centros de consumo.

Frente a esta situación, diagnosticada reiteradamente desde hace tres décadas, si el Estado decidiera impulsar la ganadería caprina, lo lógico sería operar sobre los nodos más sensibles que debilitan al sector; esto es, aplicar recursos en un movimiento de pinzas sobre la estructuración de la cadena comercial, sobre la mejora en los planteamientos productivos primarios, y sobre la generación de una demanda efectiva de productos caprinos. Se trataría de una intervención de carácter precompetitivo, donde el Estado brindaría estímulos de diversa índole (asistencia técnica, apoyo crediticio, asesoramiento comercial, etc.) para la vertebración de la producción cabritera hasta que, por sí misma, pueda desenvolverse sin apoyo público. Demás está señalar que tales estímulos no deberían ser en carácter gratuito, sino onerosos, pero con valores promocionales a fin de poder ser aprovechados por los productores caprinos tradicionales.

Cabra Boer, genética importada de Sudáfrica.

Se trata de una estrategia que debe avanzar en varios frentes en simultáneo, puesto que un adelanto logrado en la producción primaria, por ejemplo, pero sin su correlato en la mejora del sistema de comercialización, serán recursos malgastados, y a la inversa. Del mismo modo, incrementar una oferta bien distribuida en el tiempo sin haber creado una demanda regular a lo largo del año también serían recursos dilapidados. Debe remarcarse esto: es imposible impulsar el desarrollo de la producción caprina con un consumo como el actual (los 400 gr. por habitante al año, antes mencionado), de ahí la necesidad de actuar en simultáneo en los tres frentes antes señalados.

Ahora bien, qué es lo que se ha hecho desde el Estado? En 2006 se sanciona la Ley 26.141, “Régimen para la recuperación, fomento y desarrollo de la actividad caprina”. Dicha norma dictaminó que se brinde asistencia económica-financiera a los productores caprinos que presenten un plan de inversiones a los organismos de ejecución de la Ley. Es decir, se les pedía un plan estructurado de inversiones a productores que, en gran parte, apenas están alfabetizados, o viven aislados en el monte. La aplicación de esta norma resultó provechosa para determinados técnicos (que debían incorporarse a un Registro ad hoc en el hoy Ministerio de Agroindustria), quienes elaborarían esos planes de inversión, solventando sus honorarios el Estado a través del mencionado Régimen.

Cabras lecheras.

La Ley 26.141 estableció que anualmente se destinaría para ese Régimen un monto no menor a los $ 10 millones, cifra que la actual gestión de Cambiemos elevó a $ 30 millones, manteniendo la esencia del Régimen: técnicos que elaboran proyectos para productores individuales o grupos de productores, y que cobran del Estado su trabajo, a la par que luego se financian esos proyectos que más allá de estar englobados en un mismo régimen jurídico, son acciones atomizadas, sin una estructura estratégica en común.

Tambos caprinos.

El Régimen de fomento mencionado entró en vigencia hace uno doce años, y sin embargo, el Estado no ha encaminado acciones de evaluación de su impacto, a efectos de verificar la pertinencia, eficacia y efectividad del mismo. El gobierno de Cambiemos solo continuó con la tendencia imperante en ese Régimen, actualizando los fondos, sin evaluar los resultados y su impacto en ese sector productivo.

Por si la mencionada Ley no alcanzase, a fines de la etapa kirchnerista, desde la UCAR se formuló un programa de destinado al sector, el PRODECCA (Programa de Desarrollo de la Cadena Caprina). Esta línea de intervención tiene un presupuesto de US$ 20.300.000, de los cuales US$ 12.300.000 devienen de un crédito externo, US$ 7.000.000 constituyen el aporte nacional y US$ 1.000.000 deriva de una donación efectuada por China.

Este programa se puso en marcha en abril de 2017, con lo cual Cambiemos pudo haberlo redefinido a lo largo de 2016, pero no lo hizo. Su objetivo es “Contribuir a mejorar los ingresos de las familias productoras de cabras, mediante su inserción en la cadena de valor caprina en condiciones beneficiosas y sostenibles”.

Las acciones del programa se centrarán, en una primera etapa, en Chaco, Formosa, Santiago del Estero, Mendoza y Neuquén, es decir, las regiones con mayor concentración de la producción caprina. Sus líneas de trabajo apuntan a una abstracta mejora en la “opciones de mercado” y en la “eficiencia en la aplicación de políticas públicas orientadas a la agricultura familiar con actividades caprinas” (sic).

La ejecución de la Ley 26.141 implicó una inversión pública de entre 90 y 100 millones de pesos. Ahora, ante la eventualidad de destinar casi 400 millones a la misma actividad, lo lógico en beneficio de una adecuada gestión de la cosa pública, sería evaluar cómo impactaron aquellos 100 millones, y definir una estrategia en consecuencia. En lugar de eso, el Estado en manos de Cambiemos continúa con la inercia de los años kirchneristas, destinando cuantiosos recursos a una actividad de la que no se conoce con precisión cómo puede responder a ese flujo de inversiones y gastos (más gastos que inversiones).

Estimular el desarrollo precompetitivo de un sector de pequeños productores, de limitados recursos y que se asientan en zonas de reducida capacidad productiva, es una tarea que puede desempeñar un Estado que se de una visión estratégica acerca de su desarrollo productivo. Si las perspectivas de un sector lo ameritan, entonces la asignación de recursos de ese carácter precompetitivo está más que justificada. Pero si se aplicaron recursos y no se conoce su impacto, continuar en el tiempo con esa línea de inversión pública es, cuanto menos, malgastar un bien escaso como son los recursos financieros de índole precompetitiva.

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Notas:
[1] Una porción de 100 gr de carne de cabra posee 122 calorías –frente a las 179 de la carne vacuna-, 2,6 gr. de grasa total –frente a los casi 9 gr. de la carne bovina-, y 64 gr. de colesterol –frente a los 73 gr. de la carne vacuna-.
[2] Según cifras del SENASA, se encuentran registrados 47.404 establecimientos con producción caprina, con un rodeo total de 4.863.894 cabezas.

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