EL CASO "ST": LA EUTANASIA PUEDE TERMINAR EN ASESINATOS EN MASA
El caso de ST demuestra cómo la eutanasia legalizada puede resultar en asesinatos en masa
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Autor: Gerald Warner
Nota original (en inglés al pie): https://reaction.life/the-case-of-st-shows-how-legalised-euthanasia-could-result-in-mass-murder/
En forma casi diaria actualmente, ocurren eventos que son tan increíbles, pesadillescos y tiránicos que uno debe mendigar que le crean que eso realmente sucede en un país donde, hasta hace muy poco tiempo, el poder del estado estaba restringido dentro de parámetros bien establecidos, y donde la libertad del ciudadano era la norma y la vida humana inocente era protegida.
No más. La caída de nuestra libertad se precipita, al punto donde nuestras mismas vidas están en peligro por la despiadada intervención del estado. El último ejemplo es tan extremo que provoca incredulidad, pero desafortunadamente es muy real.
El caso de la mujer de 19 años anonimizada como "ST", por la orden del sistema judicial británico, representa el más aterrador abuso por parte de la élite del establishment contra la libertad y la mera existencia del ciudadano. El estado trata, con todos los excesos de poder a su disposición, de despersonalizar, desacreditar y matar a "ST". Es tan brutal como eso.
"ST" es una muchacha de 19 años que sufre por una muy rara enfermedad degenerativa conocida por Síndrome de Agotamiento de ADN Mitocondrial (MDS -Mitochondrial DNA depletion Syndrome- por sus siglas en inglés). Se manifestó cuando tenía cuatro años, pero llevó una vida activa y plena por muchos años. Practicó deportes, caminatas y campamentos. Aquellos que la conocen testificaron sobre su personalidad alegre y sus buenas notas en la escuela. Eventualmente, sin embargo, surgieron problemas en sus riñones, de forma tal que debe recibir diálisis en forma permanente.
En agosto de 2022, "ST" contrajo Covid, el que le causó un deterioro de su salud. Desde entonces está hospitalizada. Está conectada a un respirador artificial, le practicaron una traqueotomía y se alimenta por una sonda gástrica. Sin embargo permanece mentalmente activa, se puede comunicar por medio de una Smartbox que le ayuda a hablar y manda mensajes a sus amigos por Instagram, de la misma forma que se divierte jugando juegos de mesa en su Smartbox.
En septiembre de 2022, los doctores determinaron que sólo le quedaban días de vida y presionaron para darle cuidado "paliativo" - un eufemismo para retirarle el soporte vital que necesita para sobrevivir -. Desde entonces repitieron el diagnóstico varias veces, junto con su afirmación de que ella está "activamente muriendo". El pasado abril, el hospital fue a los tribunales, en busca de permiso para retirarle el apoyo vital mecánico y obtener una restricción que impida a la familia decirle al público el caso o nombrar al hospital involucrado.
Ése es uno de los más siniestros aspectos del caso: no sabemos quién es la víctima, ni siquiera sabemos en qué parte del país se encuentra. El infante Charlie Gard tenía la misma enfermedad que "ST" pero el retuvo su identidad, sus padres pudieron presentar su caso al público y solicitar apoyo. El Servicio Nacional Británico de Salud (NHS, por sus siglas en inglés), está determinado en evitar esa clase de escrutinio de nuevo y el sistema legal lo facilitó.
En una sociedad obsesionada con la identidad, "ST" ha sido robada de la propia, se le ha denegado la dignidad de comunicarse con el público como un individuo conocido, mientras su familia sufre las mismas restricciones. Ellos y su hija buscan un nuevo tratamiento, en la forma de terapia, disponible en tres hospitales de Canadá y EEUU, el cual podría prolongar la vida de la paciente por algunos años. Pero el costo del vuelo trasatlántico en vuelo sanitario, más el tratamiento en sí, han sido estimados en un millón y medio de libras esterlinas (£1,5 MM).
La familia, que ya ha gastado £ 25.000 de sus ahorros de toda una vida en honorarios legales para evitar que el NHS asesinara a "ST", no puede afrontar dicha suma, pero ellos esperan que pueden apelar a la compasión del público y obtener dinero mediante una colecta (crowdfundig). Pero el hospital, al forzar tanto a "ST" como a su familia a permanecer anónimos e impedir hacer referencias sobre el caso en forma pública, les bloquean dicha opción. Aún si se encontrara alguna brecha legal por la cual escurrirse, ¿cuánto dinero se podría recolectar para un fideicomiso cuyo beneficiario es una persona anónima?
Es imposible evitar la impresión que fue una cínica maquinación de las autoridades hospitalaria cuando solicitaron una draconiana restricción que impide a los familiares hacer pública su situación. ¿Por qué fue garantizada? Ha pasado menos de un mes desde que el caso de Lucy Letby provocó un consenso público en que los chupatintas del Servicio Nacional de Salud (británico) deben rendir cuentas sobre su accionar. Sin embar, en directa contradicción con dicho consenso, al NHS y al hospital el sistema judicial les ha concedido que hubiera total anonimidad, en un caso donde el sistema intenta acabar con la vida de un paciente.
En una extravagante demostración de eufemismo del establishment, la directiva judicial que ha reducido a "ST" y a su familia a un estado de anonimidad, de no-personas se denomina "Orden de Transparencia". De la misma forma, el tribunal que ha propiciado que se acabe con su vida, en contra de su voluntad, recibe el nombre de Corte de Protección. Esto viene directo desde el manual del Ministerio de la Verdad: guerra es paz, lo bueno es malo, el ocultamiento es transparencia.
En la audiencia judicial, dos peritos psiquiátricos, que no eran peritos de la parte "ST", ambos testificaron que la demandante no tenía ningún desorden psiquiátrico y que está en perfectas condiciones de hacer sus propias decisiones sobre su futuro. Uno de ellos la describió como "confortable, sonriente, alerta y con clara conciencia".
Sin embargo la jueza, la Jueza Roberts, dictaminó en contra de "ST" basándose precisamente en su falta de capacidad mental. Sostuvo "ella no cree lo que sus médicos le dicen sobre futuro desarrollo de su enfermedad y su probable expectativa de vida" de forma de que ella pueda elegir entre diversas opciones de tratamiento "sobre una base informada".
Si consideramos que los médicos le dijeron a "ST" hace un año que ella iba a morirse en días y han repetido la prognosis varias veces desde ese momento, no es en nada irracional que la jovencita sea escéptica sobre sus opiniones. Algunas personas pueden pensar que es levemente contradictorio que una jueza declare a "ST" incompetente porque rechace las opiniones de los clínicos, e inmediatamente después ella misma rechazar la evidencia de dos peritos psiquiatras.
El profesor David Albert Jones, experto en bioética, condenó la decisión de la corte: "En este caso, el desacuerdo con un paciente vulnerable con sus médicos en contra de la peticionante como un medio de no solamente quitarle su voz sino también para negarle el derecho de litigar en contra de la decisión de quitarle su voz. Lo más perturbador de todo, su deseo de continuar recibiendo el soporte de vida, como la diálisis, no sólo es ignorado, sino que su mismo deseo pareciera ser la razón para negarle la dignidad de una adulta mentalmente capaz. Es una forma letal de paternalismo".
En efecto, la situación semeja un juicio por inmersión de brujas del SXVII: si la mujer se ahogaba, ella era inocente; si sobrevivía, se la secaba y se la quemaba en la hoguera por bruja. Si "ST" acepta las exigencias de los médicos y acepta que le retiren los soportes de vida mecánicos, ella muera; como rechaza ese escenario, su deseo de vivir es interpretado como una incapacidad mental, dándole a los médicos el derecho a matarla.
La realidad es que "ST" es completamente capaz mentalmente y realista sobre su condición médica. Reconoce que ella morirá si el soporte de vida es retirado; pero ella quiere tener la opción de recibir la terapia nucleótida en Canadá. Puede resultar o no, pero si tiene alguna probabilidad de sobrevivir, el tiempo es esencial. Pero tanto el Servicio Nacional de Salud Británico como los tribunales obstruyen esa línea de salvavidas al hacer imposible que "ST" y su familia recolecte los fondos necesarios.
Sus observaciones personales son completamente realistas, razonadas o articuladas. En una entrevista del Daily Mail, se hizo eco de la terminología del Profesor Jones: "Me encontré atrapada en un sistema médico y legal gobernado por un paternalismo tóxico que me condena porque deseo vivir", dijo.
Agregó: "Mis médicos dicen que porque ellos no puede tratar mi MDS, yo no debo recibir más soporte de vida. En cambio, proponen, yo debo ser atiborrada de opioides de forma tal que yo pierda mi conciencia y muera. No quiero eso y sí quiero el tratamiento que se ofrece en el exterior. Puede ser que la probabilidad de éxito que tenga sea pequeña, pero es mi única posibilidad".
¿Esto suena a los delirios de alguien que sea "fundamentalmente ilógica o irracional", en las palabras de la Jueza Roberts? "ST", como consta en el expediente, sostuvo que ella prefería morir intentado vivir - una actitud supremamente racional.
Este caso toma significancia más allá de las trágicas circunstancias de "ST". Los numerosos intentos por quienes hacen campaña para legalizar la eutanasia o el "suicidio asistido" en este país (Reino Unido) adquiere una dimensión adicional de pesadilla cuando uno considera que sería administrada por este mismo establishment legal y médico que ha demostrado ser letal. Creará una sociedad distópica en la cual la presión pondrá a la gente en posición de terminar con sus vidas, por razones utilitarias, y resultará un medioambiente en el cual la muerte sea la posición de default, la norma.
Ya estamos a mitad de camino hacia ahí. El sistema legal ya es proclive a los fondos de administración de los hospitales que integran el NHS (Sistema Nacional de Salud Británico), el cual está totalmente empeñado en terminar con la vida de sus pacientes, mantener en un puño a sus presas hasta que ellos obtengan su objetivo. En el caso de Alfie Evans, el Papa envió un avión sanitario para transportarlo hasta el Hospital Bambino Gesù en Roma para recibir tratamiento especializado, pero las cortes británicas impidieron que él dejara el país. Charlie Gard tenía la misma prohibición de ir a los EEUU. En ambos casos la excusa ladina era que el viaje podía matarlos - cuando un hospital de Gran Bretaña quería hacer eso de todas maneras.
Esta vez, el establishment puede ser que haya llegado demasiado lejos. "ST" argumentó su caso con una habilidad que era imposible en el caso de ambos niños. Aún los medios de comunicación masivo ha reaccionado con simpatía: hay un creciente sentido de que la ejecución ha ido demasiado lejos por parte de las soberbias élites. Darse cuenta de que, en este país (Gran Bretaña), es posible para un ciudadano, en plena posesión de sus facultades y deseoso de vivir, tener su vida arrancada en el más profundo secreto, con su familia amordazada y bloqueada de buscar ayuda alguna - despojado incluso de su identidad - ha provocado una preocupación entendible.
Después del caso Charlie Gard, mucha gente sostuvo "Nunca más". Pero las indominables élites volvieron por más, y más aún - si permanecen sin control alguno - hasta que se aseguren poseer un cheque en blanco en la forma de eutanasia legalizada. Eso no debe suceder. La gente tiene enorme miedo de ingresar a un hospital del NHS - una mujer con la misma enfermedad de "ST" se negó a ingresar a un hospital - en contra de los aconsejado por su médico de cabecera - por miedo de salir en un ataúd.
¿Con qué derecho el Servicio Nacional de Salud Británico (NHS) mantiene captivos a sus pacientes y por qué las cortes judiciales convalidan esa conducta autoritaria? Los padres de "ST" en este momento apelan a la Corte Suprema de Justicia; si esta apelación falla, entraremos en territorio distópico. En términos médicos, la arena se escurre entre los dedos en cuanto al marco temporal de un tratamiento alternativo para "ST". No hay eufemismo hipócrita que pueda disfrazar la realidad subyacente: como en el caso de las víctimas previas, el sistema legal británico y el establishment médico pareciera que intenta asesinar a "ST". ¿Cómo ha caído tan bajo este país?
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Notas Relacionadas:
EL ESTABLISHMENT BRITÁNICO CONTRA ALFIE EVANS
https://restaurarg.blogspot.com/2018/04/el-establishment-britanico-contra-alfie.html
JUECES: EL PODER DE VIDA Y MUERTE
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The case of ST shows how legalised euthanasia could result in mass murder
Almost daily now, events occur that are so incredible, nightmarish and tyrannical as to beggar belief that something so terrible can really be happening in a country where, until very recently, the power of the state was restricted within well-established parameters, liberty of the citizen was the default position and innocent human life was protected.
No more. The decline in our freedom is now precipitous, to the point where our very lives are endangered by the ruthless entitlement of the intruder state. The latest example is so extreme as to provoke incredulity, but unfortunately it is all too real.
The case of the 19-year-old woman anonymised as “ST”, by order of the British legal system, represents the most appalling assault yet by the elite establishment on the freedom and very existence of a citizen. The state is trying, with all the excessive powers at its disposal, to depersonalise, discredit and kill “ST”. It is as brutal as that.
“ST” is a 19-year-old girl suffering from the very rare degenerative illness known as mitochondrial DNA depletion syndrome (MDS). It manifested itself when she was four, but she led a full and active life for many years, playing sports, hiking and camping. Those who know her testify to her bright personality and she gained good GCSE grades. Eventually, however, problems developed with her kidneys, so that she had to receive regular outpatient dialysis.
Last August, “ST” contracted Covid, which caused a deterioration in her health and she has been hospitalised since. She is attached to a ventilator, has been given a tracheotomy and is fed through a tube. Yet she remains mentally active, can communicate by means of a Smartbox to help her speak and messages her friends on Instagram, as well as enjoying playing board games on her Smartbox..
As early as September 2022, her doctors claimed she had only days to live and pressed for a change to “palliative” care – a euphemism for withdrawing the life support she needs to survive. They have repeated that diagnosis several times since, along with the claim that she is “actively dying”. Last April, the hospital went to court, seeking permission to withdraw her life-support and to get a gagging order to prevent her or her family telling the public about her case or naming the hospital involved.
That is one of the most sinister aspects of this case: we do not know who the victim is, or even in what part of the country this is taking place. The infant Charlie Gard had the same illness as “ST”, but he retained his identity, his parents could present their side of the case to the public and ask for support. The NHS, supported by the courts, is determined to avoid that kind of scrutiny ever again and the legal system has obliged them.
In a society obsessed with identity, “ST” has been robbed of hers, denied the dignity of communicating as a known individual with the public, while her family is under similar constraint. They and their daughter want to seek new treatment, in the form of nucleotide therapy, available at three hospitals in Canada and the United States, which might extend the patient’s life by several years. But the cost of a transatlantic flight by air ambulance, plus the treatment, has been estimated at as high as £1.5m.
The family, which has already spent £25,000 of life savings in legal fees to prevent the NHS killing “ST”, cannot afford such a sum, but they hope it might be possible to raise it by appealing to the compassion of the public through crowdfunding. But the hospital, by forcing both “ST” and her family to remain anonymous and make no public reference to the case, is preventing that option. Even if some legal loophole were found, how much money would be raised by some kind of ad hoc trust, on behalf of an anonymous person?
It is impossible to avoid the impression that that was the cynical calculation of the hospital authorities in securing the Draconian gagging order. Why was it granted? It is less than a month since the Lucy Letby case provoked a public consensus that the anonymous pen-pushers running NHS trusts must be made accountable. Yet, in direct contradiction of that consensus, an NHS trust and hospital have been granted total anonymity, in a case where they are trying to take a patient’s life.
In an extravagant demonstration of establishment euphemism, the legal directive that reduced “ST” and her family to the anonymous status of non-persons was termed a Transparency Order. By the same token, the court that has facilitated the ending of her life, against her will, is called the Court of Protection. That is straight out of the Ministry of Truth play book: war is peace, good is bad, concealment is transparency.
At the court hearing, two expert psychiatrists, not called by lawyers representing “ST”, both testified that she has no kind of psychiatric disorder and is perfectly capable of making a decision about her future. One of them described her as “comfortable, smiling, alert and in clear consciousness”.
Yet the judge, Mrs Justice Roberts, ruled precisely on the grounds of mental capacity against “ST”, stating that because “she does not believe what her doctors are telling her about the trajectory of her disease and her likely life expectancy” she could not choose between treatment options “on an informed basis”.
Considering her doctors told “ST” a year ago that she would be dead within days and have repeated that prognosis several times since, it is hardly irrational of the girl to be sceptical of their opinions. Some people might also think it slightly contradictory for a judge to declare “ST” incompetent because she rejects her clinicians’ opinions, immediately after herself rejecting the evidence of two senior psychiatric practitioners.
Bioethicist Professor David Albert Jones condemned the court’s finding: “In this case, a vulnerable patient’s disagreement with her doctors is being used against her as a means not only to take away her voice but further to deny her the right to litigate against the decision to take away her voice. Most disturbingly of all, her wish to continue to receive life-sustaining treatment, such as dialysis, is not only being ignored, but that very wish is being seen as a reason to deny her dignity as a mentally capable adult. This is a lethal form of paternalism.”
In effect, the situation resembles a seventeenth century witch trial by water: if the woman drowned, she was innocent; if she survived, she was dried off and burned as a witch. If “ST” meekly complied with her doctors’ demands and assented to withdrawal of life support, she would die; since she rejects that scenario, her will to live is interpreted as mental incapacity, giving doctors the right to kill her.
The reality is that “ST” is completely mentally capable and realistic about her medical condition. She acknowledges she will die if her life support is withdrawn; but she wants the option of trying nucleotide therapy in Canada. It might or might not work, but if it is to have any chance of succeeding, time is of the essence. But the NHS and the courts are obstructing that lifeline by making it impossible for “ST” and her family to raise the necessary funds.
Her personal observations are completely realistic, cogent and articulate. In an interview with the Daily Mail, she echoed Professor Jones’s terminology: “I have found myself trapped in a medical and legal system governed by a toxic paternalism which has condemned me for wanting to live,” she said.
She added: “My doctors are saying because they cannot treat my MDS, I should not be having any more life-preserving treatment. Instead I should be filled up with opioids so I will lose consciousness and die. I do not want this and want to try the treatment being offered abroad. It might be a small chance, but it is my only chance.”
Does that sound like the ravings of someone who is “fundamentally illogical or irrational”, in the words of Mrs Justice Roberts? “ST” was already on record as saying she would prefer to die, trying to live – a supremely rational attitude.
This case has a significance beyond even the tragic circumstances of “ST”. The repeated attempts by campaigners to legalise euthanasia or “assisted suicide” in this country acquires an additionally nightmarish dimension when one considers it would be administered by this already lethal medico-legal establishment. It would create a dystopian society in which pressure would be put on people to end their lives, for utilitarian reasons, resulting in an environment in which death would be the default position.
We are already half-way there. The legal system already facilitates NHS trusts, hell-bent on ending someone’s life, to keep a grip on their prey until they succeed in their objective. In the case of Alfie Evans, the Pope sent an air ambulance to transport him to the Bambino Gesu hospital in Rome for specialist treatment, but the British courts prevented his leaving the country. Charlie Gard was similarly prohibited from going to America. In both cases the weasel excuse was that the journey might kill them – when a UK hospital was about to do so anyway.
This time, the establishment may have gone too far. “ST” has argued her case with an articulacy that was not possible in the case of those infants. Even the mainstream media have reacted sympathetically: there is a growing sense that this is an execution too far for the entitled elites. The realisation that, in this country, it is possible for a citizen, in full possession of her faculties and eager to live, to have her life snuffed out in deep secrecy, with her family muzzled and prevented from seeking help – stripped even of their identities – has provoked understandable concern.
After Charlie Gard, many people said “Never again.” But the untamed elites have come back for more – and more still, if they remain unchecked – until they secure a blank cheque in the form of legalised euthanasia. That must not happen. People are increasingly afraid to enter an NHS hospital – a woman with the same disease as “ST” admitted this week that, after an episode, she rejects her GP’s advice to go to hospital, for fear of coming out in a coffin.
By what right do NHS trusts hold patients captive and why do the courts endorse this totalitarian conduct? The parents of “ST” are appealing to the High Court; if that appeal fails, we shall be in dystopian territory. In medical terms, the clock is ticking with regard to alternative treatment for “ST”. There is no hypocritical euphemism that can disguise the underlying reality: as with previous victims, the British legal and medical establishment appears to be trying to kill “ST”. How did we decline into a country like this?
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