CAÑEROS
Autor: Marcelo Posada (@mgposada)
 |
| Cañeros tucumanos. Acrílico, Mario Mollari. |
En Argentina hay una constante histórica: La intervención estatal en las economías regionales.
En Argentina hay una segunda constante histórica: las consecuencias nefastas de la intervención estatal.
Y tratamos la producción tabacalera, de yerba mate, y de peras y manzanas, de frutas tropicales; ahora veremos la producción azucarera en base a caña en el Tucumán.
El Estado siempre participó en esta actividad con constantes crisis cíclicas. Contribuyó a que la base de la producción permanezca endeble y se haya vuelto dependiente de la intervención estatal.[1]
Década de 1880: en Tucumán se consolidó la industria azucarera. Fue protegida por tarifas aduaneras que aseguraron que atendiera en forma exclusiva la demanda interna. El nuevo tendido ferroviario permitió colocar el azúcar en el puerto de Buenos Aires, y, por lo tanto, exportarla.
Se abastecía de los cañaverales provinciales, cultivados y manejados por varios miles de pequeños productores. Esa expansión productiva industrial traccionó la expansión en la fase primaria de la actividad. Desembocó en una crisis de sobreproducción en 1896. Entonces el gobierno nacional sancionó la Ley de Primas (un subsidio a la exportación de azúcar) financiado por el consumidor doméstico.
En 1902: el Estado palió otra crisis de sobreproducción (tanto entre los cañeros como entre los ingenios azucareros), mediante las “leyes machete” que reglamentaban topes a la producción por parte de los ingenios, con multas si se sobrepasaba ese tope; con los fondos recaudados se subsidió el arrasado de los cañaverales con el objeto de disminuir la producción.
Las crisis productivas se sucedieron, combinadas con otras como la depresión previa a la Primera Guerra Mundial) a lo que se sumó una plaga en los cañaverales en esos mismos años. Esto aceleró el cambio en la estructura de la propiedad: se produjo la fragmentación de las tradicionales explotaciones de mediana y pequeña escala, a la par que se consolidaba la formación de explotaciones de gran tamaño, propiedad de los ingenios azucareros de la provincia.
Para hacer frente a la plaga se cambió el varietal (conocido como “javanización”, los nuevos varietales utilizados: Java 36 y 213). Hacerlo implicaba inversiones en un contexto sin crédito disponible. La gran masa de productores cañeros minifundistas recurrieron a los ingenios (que ya habían efectuado el recambio varietal) para financiar el recambio. Esto generó una relación contractual entre el cañero independiente y el ingenio que generó permanentes conflictos por el precio pagado por la caña, sumado al eterno problema de la sobreproducción.
Décadas de 1910 y 1920: la Legislatura tucumana y el Congreso Nacional intervinieron en la producción azucarera, desde normas para “proteger” al pequeño cañero, hasta clausuras de permisos de importación de azúcar, pasando por fijación del precio que el ingenio debía pagar a los productores.
En 1928 se alcanza el cénit de esta etapa de intervención con el famoso Laudo Alvear, que pretendió la fijación de un “precio justo” para la caña vendida a los ingenios.
Esta línea continuó con el fin de preservar la existencia de las pequeñas unidades cañeras (y también de los ingenios de menor escala), aún a costa de incrementar los costos de producción del azúcar y, por ende, aumentar los precios al consumidor final.
 |
| 1947. |
Gobierno de Juan D. Perón: se constituyó un Fondo Regulador Azucarero, con el fin de subsidiar a los productores cañeros y a los ingenios pequeños, a partir de aportes que realizaban al Fondo los ingenios de mayor escala. Esta política indujo a costos crecientes de producción azucarera en las empresas más eficientes, a la par que desestímuló la realización de inversiones entre los productores cañeros y los ingenios técnicamente más atrasados (al recibir montos que compensaban la ineficiencia). Se agudizó la debilidad estructural de la producción azucarera tucumana y provocó cierras y expropiaciones de ingenios a partir de 1948.
Gobierno de Arturo Frondizi: transformación industrial de Tucumán. Se moderniza la producción de azúcar, inversiones con créditos nacionales e internacionales. Álvaro Alsogaray (ministro de Economía de la Nación) prorroga por cinco años los subsidios. Esta expansión desembocó en una crisis de sobreproducción visible en 1960. Alsogaray instauró un impuesto a la venta de azúcar en el mercado interno. Con esos recursos subsidió la exportación del azúcar acumulado en depósitos (el costo de producción nacional era superior al precio internacional del azúcar). Así, ante la eventualidad de una nueva crisis que diera origen a mayor tensión social entre los productores cañeros, el gobierno nacional interviene cargando en el consumidor el costo del subsidio indirecto que se les daba a esos productores cañeros y al mismo tiempo mantenía en actividad a los ingenios.
Pese a que en esos años ’60 Argentina volvió a exportar azúcar, y con ello descomprimir la presión de los stocks acumulados en Tucumán, la tensión social entre cañeros, trabajadores e ingenios no disminuyó, a la par que se gestaba otra crisis de sobreproducción.
Gobierno de Humberto Illia, se propone modificar el esquema de subsidios a la industria azucarera y a la propia producción cañera. Se imponen volúmenes de exportación obligatoria de azúcar, topes a la producción y cupos al mercado interno. La tensión entre los agentes del sector (a su vez enfrentados entre sí) y el gobierno nacional se vio interrumpida con el golpe de 1966.
 |
| Onganía visita un ingenio tucumano. |
Gobierno del Gral. Juan C. Onganía decide intervenir en la estructura productiva azucarera. Un apartado específico del Plan de Acción del Gobierno, se centró en la situación azucarera y disponía la diversificación productiva de las unidades tradicionalmente cañeras y la adecuación y modernización de los ingenios. En agosto de 1966 fuerzas militares ocupan ocho ingenios y ordenan su cierre inmediato, el cual fue seguido, al poco tiempo, por el cese de actividad de otros tres más. En paralelo, se lanzó una iniciativa de tecnificación y modernización agraria, se buscó ampliar el tamaño medio de las unidades (es decir, agrupándolas en otras de mayor superficie) y diversificar las producciones.
Nada de lo que se hizo hasta ese momento abordó la base estructural de la producción primaria azucarera tucumana, salvo para afianzarla en su endeblez. Cada nueva intervención estatal sólo sirvió para agudizar aquella fragilidad.
 |
| Onganía a la izquierda y Lanusse a la derecha. |
Gobierno del Gral. Lanusse: se vuelve a intervenir en el sector azucarero y se sanciona la Ley 19.597 conocida como Ley Azucarera. Se regularon todos los aspectos de la actividad, desde la prohibición de apertura de nuevos ingenios, hasta la creación de un Fondo Nacional Azucarero, pasando por la conformación de un registro obligatorio para los productores cañeros, que fijaba quién podía producir ese cultivo, por la determinación de cupos de exportación o importación de azúcar, y por la definición de los precios que cada ingenio pagaría a los cañeros. El pormenorizado detalle intervencionista que implica esta Ley no logró subsanar los problemas sectoriales, por lo que el sector transcurrió siempre en situación crítica lo que restaba de los años ’70 y la primera parte de la década de 1980.
Gobierno Dr. Alfonsín: intervino con la sanción del Decreto 1079, de junio de 1985, el cual establece un régimen de comercialización de la caña de azúcar por depósito y maquila entre cañeros e ingenios, que si bien originalmente fue voluntario, sus montos eran fijados por el Estado. Por este sistema, el cañero entrega su caña al ingenio, el cual la procesa, entregándole azúcar al productor primario en una proporción equivalente al rinde de esa caña menos los gastos derivados de la transformación (aproximadamente, hoy el cañero recibe el 58% del azúcar extraído de su caña, quedándose el ingenio con el 42% restante).
Gobierno del Dr. Menem: El Decreto 2284/91 de desregulación del comercio interior de bienes y servicios buscó abolir la vigencia de las instituciones y prácticas derivadas de la vigencia de la legislación precedente, consignado taxativamente, y por primera vez en la historia de la actividad: “Libérase el cultivo, la cosecha, la industrialización y comercialización de caña de azúcar y azúcar en todo el territorio nacional.”
Esta liberalización de la actividad (aunque con cierto nivel de protección arancelaria en el contexto del Mercosur) implicó un proceso de ajuste y modernización. El número de unidades comenzó a descender a la par que se amplió el tamaño de ellas. Se adoptaron nuevas tecnologías que aumentaron los rindes y mejoras en la calidad del producto final. La mecanización de la cosecha es mayor cambio de década de 1990. Disminuyó la demanda de obra temporaria (los zafreros) y surgieron empresas de prestación de servicios agrícolas (contratistas) que facilitaron que muchos productores cañeros accedan a innovaciones que por sí mismos, dada la carencia de capital, no podían permitirse.
Sin embargo, la transformación agraria no fue suficientemente profunda, pues actualmente el 88% del total de cañeros trabaja superficies menores a las 50 has.: el 64% posee hasta 10 has. y el 24% trabaja entre 10 y 50 has. Las tipologías de productores cañeros incluyen a este conjunto en la categoría de pequeños productores.
El nivel tecnológico de los cañeros es bajo, destina parte de la parcela a productos para autoconsumo y complementa los ingresos con planes sociales, AUH u otro tipo de beneficios. Sólo los más grandes entre este conjunto (entre las 30 y las 50 has.) están más mecanizados, con mejores indicadores productivos que el resto, pero con guarismos alejados de la media provincial (y aún más, de la media nacional).[2]
Argentina, de acuerdo a las cifras de FAO, tiene un rinde cañero de 66 tn/ha.; en tanto, los pequeños productores tucumanos alcanzan un rinde de apenas 45 tn/ha, mientras que los productores de mayor escala y tecnificación logran 75 tn/ha. (por encima de las 69 tn/ha. que se obtienen a nivel internacional).
Esos rindes bajos en el segmento de los cañeros más pequeños (ampliamente mayoritario en el conjunto de agentes sectoriales) explican la inestable situación productiva de esos agentes, necesitados permanentemente de subsidios u otro tipo de asistencia y protección por parte del Estado que les asegure su permanencia en el circuito productivo.
Argentina, como muchos otros países, ha desarrollado a lo largo de su historia una política azucarera de neto corte proteccionista, buscando paliar los ciclos productivos y asegurando el acceso a dicho producto al grueso de su población. Sin embargo, el proteccionismo nacional a nivel azucarero tuvo un componente especial: buscar la perduración de los pequeños cañeros, antes que asegurar el aprovisionamiento de azúcar a su población a precios bajos –o, al menos, acordes a los valores internacionales de cada momento-.
 |
| Palaciega estación de tren en Tucumán. Patio de carruajes. |
Centrándonos en la fase agraria del encadenamiento, al intervenir el Estado en su desenvolvimiento (fijando precios, “protegiendo”, etc.), dio lugar a que la estructura agraria y productiva persista en el tiempo, débil y subsidiaria de la asistencia que el propio Estado pueda brindarle. El único intento de modernización de la estructura agraria y de diversificación productiva orientado al segmento cañero, el que implementó el gobierno del Gral. Onganía, fue abortado al poco tiempo y reemplazado por una ley (la 19.597) que fue un fracaso que se sucedió en otros fracasos intervencionistas hasta nuestros días.
La producción cañera tucumana requiere de una modernización de base, tanto de la estructura agraria como de la dotación tecnológica. A lo largo de los años 2000, desde el gobierno nacional (y subsidiariamente, desde la provincia) se implementaron muchas acciones (obras hídricas, asistencias técnicas, capacitaciones) para modernizar esa producción entre los pequeños cañeros, pero sin un avance de fondo, trastocando la estructura agraria, nada de aquella inversión pública redundará en forma positiva.
A nivel nacional, los costos de producción azucarera están acorde a los parámetros internacionales, la dotación de tecnología para la producción primaria en Salta y Jujuy, como así también la disponible a nivel de los ingenios es moderna y conduce a una eficiente estructura productiva, máxime si se la observa complementada con la producción de bioetanol y otros subproductos de la caña. Sin embargo, la generalidad del complejo a nivel país oculta la especificidad que atañe al mayor número de agentes productivos primarios tucumanos: atraso tecnológico, baja productividad, costos de producción crecientes.[3]
ZAMBA DE SIMOCA Los Tucu Tucu.
El Estado, interviniendo tal como lo viene haciendo desde hace más de un siglo [4], más allá del partido o grupo que detente el gobierno, sólo contribuye a que los pequeños productores cañeros persistan en su situación de crisis permanente, con ingresos decrecientes y sometidos a recibir dádivas públicas de distinto tipo para poder subsistir. La intervención estatal debe adoptar nuevos rasgos, trabajando en dos niveles indisolubles: por un lado, la reconfiguración de la estructura agraria, en pos de facilitar la organización de unidades productivas viables en el mercado (tanto cañero como de otros productos), y por el otro, el acompañamiento para el desarrollo de un proceso de reconversión hacia otras producciones viables en el territorio tucumano.
Cualquier otro camino de intervención que se siga sólo conducirá a repetir los ciclos de auge y crisis productiva, sometiendo más y más a los pequeños productores a la dependencia de la ayuda estatal con fuerte impronta clientelar.
* * *
Agradecemos la difusión del presente artículo: Tweet
* * *
[1] En este texto nos centraremos en la situación de los productores cañeros tucumanos, no avanzando sobre otros aspectos claves del sector, como fue la capacidad de presión política de la élite empresaria azucarera tucumana, o el nivel de organización y combatividad de la mano de obra empleada en el complejo azucarero.
[2] Cfr. UCAR. Diagnóstico del sector sucro-alcoholero, Buenos Aires, 2015.
[3] Un estudio sobre los costos de la producción de caña de azúcar en Tucumán señala taxativamente: “En el contexto actual de precios, el ingreso percibido por el productor no alcanza a cubrir ni los gastos de producción, de más está decir que tampoco cubre las amortizaciones ni la retribución al capital arriesgado en el proceso productivo.” Cfr. E. Santochi et al. “Costo de producción e indicadores de resultados económicos de la producción de caña de azúcar en la Provincia de Tucumán”, en Revista Agronómica del Noroeste Argentino, Vol. 35 Nº 2, 2016.
[4] A los efectos de no alargar en demasía este texto, no se ha ahondado en las más recientes acciones públicas de intervención sobre el sector, como la instauración de un registro de contratos de maquila, en 2011, o la creación del Instituto de Promoción del Azúcar y el Alcohol de Tucumán, en 2013.
