LA REPRESENTACIÓN EN EL CONGRESO NACIONAL DEL SECTOR RURAL ARGENTINO
Autor: Germán Masserdotti [1] (@GermanMasser)
Sumario. I. Introducción. II. El problema de la
representación política. III. Lo
natural y lo legal en el orden corporativo. IV. A modo de conclusión.
I. Introducción.
En “La participación del campo en la vida pública”[2], la Lic. Iris Speroni constata que “el sector agroindustrial tiene participación escasa o nula en los estamentos decisorios de la República Argentina”. “El sector agroindustrial, al igual que otros grupos de argentinos, están subrepresentados en los estamentos decisorios de nuestra República. Dicho en criollo: no existen”. “Si el sector agroindustrial quiere prosperar –agrega más adelante– debe contar con los votos necesarios en cada estamento para que su parecer prevalezca. No es una divergencia entre la neutralidad y los intereses del sector. Es desarmar un sistema al servicio de otros sectores (financiero, de la construcción, algunos sectores industriales y de energía) y ponerlo a beneficio de un país federal, donde florezcan las economías regionales, las pequeñas explotaciones y pequeñas empresas, el comercio y la agroindustria”.
Señala, además, que:
“...es más fácil dejar que otros ocupen esos lugares. Que otro
sea concejal o diputado provincial. Lo que pasa es que esa persona votará según
lealtad partidaria o según los intereses de quien le haya financiado la
campaña. Es así que terminamos con engendros como el presupuesto nacional del
2019.
Si uno quiere defender lo suyo, deberá bajar al barro. Y el barro es
pelear por las bancas, negociar con otros bloques, aunar voluntades”.
Resultado de un breve comentario que hice a las afirmaciones antedichas al indicar que, según mi leal entender, el orden corporativo resultaría el más adecuado para la práctica de la representación política, la Lic. Speroni me invitó a escribir una nota ampliada.
Le agradezco la oportunidad que me brinda
y las consideraciones que siguen son el resultado de haber aceptado dicha
invitación.
II. El problema de la representación política.
El
problema de la representación política, además de revestir interés académico,
sobre todo responde a una necesidad práctica. ¿De qué manera la sociedad hace
presente sus legítimos intereses ante la autoridad política? Aquí conviene
recordar la distinción que formula José Pedro Galvao de Souza[3]
entre el poder como representante de la
sociedad; la representación de la
sociedad ante el poder y la
representación en el poder. Orlando Gallo resume el pensamiento de Galvao
de Souza de esta manera:
“A)
El poder como representante de la
sociedad. La sociedad políticamente organizada está representada por quien
ejerce el poder. Quien dice sociedad dice autoridad. Es la autoridad quien
expresa el principio de unidad social y, en consecuencia, quien representa a la
sociedad.
(…).
Es que el poder es elemento indispensable de la sociedad política, sin poder la
sociedad se disgregaría y ese mismo poder que da la unidad, la representa a
través de quien lo ostenta.
B)
La representación de la sociedad ante el
poder. La representación de la sociedad ante el poder es la que establece
la relación entre la sociedad y el poder, entre los gobernantes y los
gobernados.
Así
como el poder representa a la sociedad, la sociedad se representa ante el
poder. El poder político significa unidad y a sociedad significa diversidad.;
diversidad de grupos, de funciones, de intereses, de necesidades, de
aspiraciones.
Mediante
esta representación el poder toma conocimiento de las necesidades, aspiraciones
y reivindicaciones de sus miembros.
(…).
Son
estos [A) y B)] dos tipos de representación. En un caso la sociedad es
representada globalmente como cuerpo político, en el segundo la sociedad se
representa ante el gobernante poniendo de manifiesto la diversidad de sus
necesidades.
C)
La representación en el poder. Un
tercer modo de representación es la representación de la sociedad en el poder.
Es el caso del denominado gobierno representativo de la sociedad moderna y con
el diseño nacido en el siglo XVIII. En él se toma la sociedad como una suma de
individuos y si bien los representantes se fundan sobre la base de la elección,
el poder no responde a sus anónimos representados sino a la nación en su
totalidad”[4].
En
este sentido, uno de los problemas básicos del sistema constitucional argentino
es que, en el artículo 1 de la Constitución Nacional Argentina (“La Nación
Argentina adopta para su gobierno la forma representativa republicana federal,
según lo establece la presente Constitución), se hace propia la representación
como representación en el poder.
Dicho esto, y no obstante la carga ideológica que importa esta asunción, en lo
inmediato podría atemperarse la representación en el poder con la incorporación de alguna modalidad de representación
ante el poder. Esta afirmación nos
lleva a la consideración de la necesidad de una organización corporativa de la
sociedad[5]
y la obligada representación de sus legítimos intereses ante el poder.
Uno
de los capítulos de la mencionada organización corporativa, y sin perder de
vista la pluralidad de sectores de la sociedad, es el de la organización
profesional de la economía. Se trata de uno de esos temas en lo que,
amigablemente, otra vez vienen a coincidir dos miradas complementarias como son
las de una filosofía social realista y el magisterio de la Iglesia en materia
social. Como observa Carlos Alberto Sacheri, la organización profesional de la economía “es la tesis central de la doctrina cristiana en el orden económico.
En ella se superan y se rectifican los errores tanto del liberalismo atomizador como de los estatismos masificantes”. Esta organización profesional de la
economía “ha de respetar plenamente el principio
de subsidiaridad formulado por Pío XI en Quadragesimo Anno” y que el Magisterio de la Iglesia sigue
enseñando de modo constante. El principio de subsidiaridad “exige que todo el
orden social y económico se edifique desde
abajo hacia arriba, como todas las realidades vivientes. Sólo así podrá
respetarse en los hechos la iniciativa, la creación y la responsabilidad de las
personas y de los grupos. Proceder a la inversa sería caer en los errores
comprobados del estatismo comunista o, al menos, en uno de tipo fascista. La
vida social no puede ser «fabricada» a golpes de decretos más o menos
arbitrarios, ni siquiera para «forzar» la pronta instauración de un orden más
sano”[6].
En cuanto a la relación entre el orden profesional económico y el orden
político, Sacheri considera, además de la función del Estado con relación a las
profesiones “el carácter político o apolítico de los consejos profesionales”. “Con
relación al carácter político o no de los consejos profesionales –explica–,
especialmente del Consejo Nacional,
existen dos variantes principales que deben ser estudiadas atentamente para
cada nación: 1) la organización profesional reviste sólo un carácter de organismo consultivo, independiente del
poder político; o 2) la organización profesional culmina insertándose como poder legislativo (Cámara, etc.) del
propio Estado (caso de Portugal). Ambas soluciones son legítimas en doctrina y
deben ser establecidas en cada caso, prudencialmente”[7].
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| Marcha de productores agropecuarios en Berlín. |
III. Lo natural y lo prudencial en el orden corporativo.
La referencia a estas dos
modalidades nos permite hacer una consideración con lo que se podría denominar
como lo natural y lo prudencial respecto de la implementación
de un orden corporativo. La organización profesional de la economía puede
considerarse como lo propio y mejor en el orden económico. Sucede que esa organización
profesional debe realizarse en las circunstancias concretas en las que vive
cada país. Resulta evidente que no resulta prudente plasmarla del mismo modo en
países como España, Francia, Italia, los Estados Unidos, Chile o, y es el caso
que nos importa, en la Argentina. Los problemas argentinos, podríamos afirmar,
requieren soluciones argentinas que, a su vez, deben tener en cuenta la
experiencia de otros países. Lo que no resulta saludable es aplicar modelos
“químicamente puros” para situaciones diversas. Se trata de ser realistas, no
ideólogos.
Aquí, como en todas las cosas,
debemos partir de lo que tenemos. Sin entrar en el detalle de la actual
modalidad de la organización económica argentina –asunto sobre en el que se
encuentran especialistas como la Lic. Speroni– nos parece razonable proponer
que haya, en el Parlamento argentino, escaños que ocupen un número determinado
de legisladores que representen a los distintos sectores sociales de la
Argentina. Conviene precisar que, además del sector económico –tema del que nos
ocupamos en esta nota– deben hacerse presentes los legítimos intereses de otros
sectores. Podríamos mencionar, en otros ejemplos, el mundo de la Educación.
V. A modo de conclusión.
A partir de lo dicho y teniendo en
cuenta que la Lic. Speroni afirma que “el sector agroindustrial tiene participación escasa o nula en
los estamentos decisorios de la República Argentina” y que “al igual que otros
grupos de argentinos, están subrepresentados en los estamentos decisorios de
nuestra República”, resultaría saludable para mejorar la calidad de las
instituciones políticas nacionales que, por
fuera de los partidos políticos, los agentes del sector agroindustrial –es
decir, los patrones y los trabajadores– eligieran a sus propios representantes
para que ellos hagan valer los legítimos intereses del sector en el Parlamento
argentino.
[1] Profesor
universitario (Universidad del Salvador, Argentina). Magister en Estudios
Humanísticos y Sociales (Universitat Abat Oliba CEU, España).
[2] Speroni, I.,
“La participación del campo en la vida pública”, Revista Institucional (Bolsa
de Comercio de Rosario), N° 1537, 22 de enero de 2019. Disponible en https://www.bcr.com.ar/es/sobre-bcr/revista-institucional/noticias-revista-institucional/la-participacion-del-campo-en-la
(último acceso: 26 de agosto de 2020).
[3] Galvao de
Souza, J. F., La representación política,
Madrid, Ed. Marcial Pons, 2011.
[4] Gallo, O., “La
representación política”, Forum 1 (2013), p. 109-111.
[5] Como afirma Aníbal
D’Angelo Rodríguez, el corporativismo, en esencia, consiste “en un proyecto de
reconstrucción de la vida social partiendo de instituciones que engloben a las
personas que realizan un mismo oficio”. Aclara el autor que “la corporación que
se propugna debe distinguirse del sindicalismo puramente reivindicativo propio
del siglo XIX”. El corporativismo, a su vez, fue introducido “en el lenguaje de
la modernidad desde el pensamiento católico”. El corporativismo “debe
entenderse como una propuesta de «reforma» y de «restauración» de la sociedad
cuya viabilidad depende de la estructura de ésta. En el momento en que se
formuló, la modernidad no había realizado todavía su tarea demoledora del orden
tradicional creado en la cristiandad. Por eso podía intentarse restañar el
tejido social, dañado pero no destruido, encontrando alguna forma de evitar que
terminaran por saltar por los aires todas las «instancias intermedias» entre el
Estado y el individuo” (D´Angelo Rodríguez, A., Diccionario político, Buenos Aires, Claridad, 2004, voz
“Corporativismo”, p. 146.
[6] Sacheri, C.
A., El orden natural, Buenos Aires,
Ediciones del Cruzamante, 1980 (Quinta edición), p. 101-102.
[7] Sacheri, C.
A., El orden natural, p. 107. Sobre
la obra teórico-práctica de António de Oliveira Salazar, presidente del Consejo
de Ministros portugués entre 1932 y 1968, recomendamos el libro/tesis doctoral
de Pinho de Escobar, M., Perfiles
maurrasianos en Oliveira Salazar, Buenos Aires, Ediciones del Buen Combate,
2014. Cuenta con un prólogo de Luis María Bandieri.
