TABACO
Haciendo viable lo inviable
El Estado subsidia la producción tabacalera y cobra grandes impuestos.
En otro texto aquí publicado, planteamos que debemos discutir las ideas que marcan derroteros económicos y sociales del país.
No quedarse encerrados en preconceptos o en partidismos ciegos.
Por preconceptos o prejucios, adjudicamos errores o estructuras instaladas a un bando político-partidario (cualquiera, según el lector).
Voy a demostrar que, en realidad, son constantes que atraviesan todos los colores del espectro político.
Distintos gobiernos diseñaron e implementaron políticas intervencionistas y dirigistas. No hubo objeciones a ellas, ni de opositores al gobierno de turno, ni de eventuales analistas.
Distintos gobiernos diseñaron e implementaron políticas intervencionistas y dirigistas. No hubo objeciones a ellas, ni de opositores al gobierno de turno, ni de eventuales analistas.
Los agentes que son afectados (positiva o negativamente) no plantean alternativas superadoras o refundacionales.
El dirigismo y el intervencionismo se hizo carne en la sociedad y en los productores.
No hay espacio para repensar nuevos caminos.
Un buen ejemplo de la continuidad del intervencionismo y dirigismo es la política tabacalera argentina.
Expone con brutal crudeza el afán intervencionista del Estado (y de la clase dirigente que lo maneja), como así de los agentes económicos del sector.
Línea de tiempo:
• En marzo de 1967, mediados del gobierno del Gral. Onganía, se instaura el Fondo Tecnológico del Tabaco, con carácter transitorio (solo duraría hasta finales del año siguiente); fue el punto de partida de un conjunto de normativas intervencionistas que perduran hasta hoy, medio siglo después. El objetivo de este Fondo fue financiar la reconversión varietal y tecnológica que implicaba el pase productivo de los tabacos oscuros a los rubios, y se solventó con un impuesto “transitorio” sobre el una parte del valor del atado de cigarrillos.
• A fines de 1972, a fines del gobierno del Gral. Lanusse, decreto-ley 19.800, se crea el Fondo Especial del Tabaco, piedra angular de toda la política tabacalera argentina hasta el presente.
• En noviembre de 1975, bajo el gobierno del Partido Justicialista encabezado por María E. Martínez de Perón, se emite el decreto 3478/75, que reglamenta el decreto-ley 19.800.
• A fines de julio de 1989, a principios del gobierno del Dr. Carlos S. Menem se dicta el decreto 379/89. Impone un importe adicional al precio de los atados de cigarrillos.
• En diciembre de 1993 (Dr. Menem), se sanciona la ley 24.291 que restablece la plena vigencia del decreto ley 19.800.
• A fines de diciembre de 1995, (Dr. Menem), se sanciona la ley 24.625 que crea un impuesto adicional de emergencia sobre el precio final de cada paquete de cigarrillos.
• En agosto de 2001, a principios del gobierno del Dr. Fernando De la Rúa, se sanciona la ley 25.465, que confería al Fondo Especial del Tabaco, creado por la ley 19.800, un carácter particular, dejándolo fuera de las competencias del Poder Ejecutivo Nacional, con una cuenta recaudadora especial.
• En diciembre de 2008, durante la primera presidencia de la Sra. Cristina Fernández se sanciona la ley 26.467 que establece registros de actividad y mecanismos de tributación.
• En junio de 2017, avanzado el gobierno del Ing. Mauricio Macri, el Ministerio de Agroindustria acuerda con las provincias la distribución de fondos del FET.
• Volumen de producción, por tipo y clase de tabaco
• Fecha de inicio y finalización del acopio, por tipo y clase de tabaco
• Habilitación de nuevas áreas tabacaleras
• Estudios relacionados de tipificación oficial del tabaco”
• Análisis del proceso integral de la actividad tabacalera (producción, industrialización y comercialización).
El órgano de aplicación de la ley (hoy el Ministerio de Agroindustria) debería determinar las distintas zonas ecológicas tabacaleras; orientar la investigación y extensión agroproductiva; manejar los registros obligatorios para todos los agentes intervinientes; y asistir con créditos al productor primario. “...atender con cantidad...y con la oportunidad..., los gastos e inversiones que necesite realizar”.
El eje la ley es la constitución del Fondo Especial del Tabaco. Busca canalizar recursos financieros para pagar un sobreprecio a los productores tabacaleros: asegurarles un ingreso mínimo.
Los recursos del FET se originan en un gravamen del 7% del precio de venta al público –sin IVA- de cada paquete de cigarrillos, un adicional del 0,35% sobre la misma base, más un monto fijo por atado.
El FET financia:
El FET financia:
- un sobreprecio que recibe el productor por encima del precio que le paga el acopiador.
- las obras sociales de los productores y trabajadores del sector tabacalero,
- iniciativas de infraestructura, reconversión productiva y capacitación para las áreas tabacaleras.
Para que quede claro: el productor de tabaco vende su producción a un precio que se fija en el acopio, de acuerdo a los valores internacionales, a la par que recibe –posteriormente a concretada aquella venta- un plus que paga el Estado, pero que en realidad pagan los consumidores de cigarrillos.
Con ese sobreprecio los productores solventan los costos de producción, muy superiores a los internacionales.
Dado que el precio del acopio se fija (grosso modo) con los estándares internacionales, el Estado entendió que era necesaria su participación para que sin afectar a la industria (que podría abastecerse a menores costos importando el tabaco), los productores tabacaleros pudieran seguir en su actividad, al menos, subsistiendo.
El monto que reciben los productores se constituye por el mencionado sobreprecio que no puede ser superior al 40% del precio total percibido, y por un adicional de emergencia que no puede ser superior al 50% del sobreprecio, según el tipo de tabaco.
El monto que reciben los productores se constituye por el mencionado sobreprecio que no puede ser superior al 40% del precio total percibido, y por un adicional de emergencia que no puede ser superior al 50% del sobreprecio, según el tipo de tabaco.
Del total del monto anualmente recaudado por el FET, el 80% se destina al pago del sobreprecio y se reparte entre las provincias productoras, quienes, posteriormente, lo entregan a los tabacaleros acreditados; mientras que el 20% restante se destina a financiar proyectos de reconversión productiva y otras iniciativas de intervención pública en áreas tabacaleras.
El recorrido del dinero sufre una serie de tortuosos mecanismos de registración y control de la producción, centralizados en el actual Ministerio de Agroindustria. Es tal la importancia del “precio FET”, que si se produce un atraso en ese giro de fondos, los productores reclaman rápidamente a las provincias y estas a la Nación, pues ese sobreprecio es vital para la subsistencia de la actividad y de quienes la ejercen.
De no existir el FET, es decir, de no haber intervenido el Estado cargando de impuestos al producto final (los cigarrillos), los productores tabacaleros no podrían desarrollar su actividad porque sus costos no les permiten competir frente al producto internacional.
De no existir el FET, es decir, de no haber intervenido el Estado cargando de impuestos al producto final (los cigarrillos), los productores tabacaleros no podrían desarrollar su actividad porque sus costos no les permiten competir frente al producto internacional.
Competitividad tabacalera argentina:
- Argentina el rinde promedio es de 1,6 tn/ha.
- Paraguay 2,3 tn/ha.
- Brasil 2,1 tn/ha.
- Sudáfrica 3,3 tn/ha.
Este instrumento no ha sido positivo ni sobre la actividad ni sobre la región. Tanto el Noroeste como el Noreste de Argentina, tradicionales áreas tabacaleras del país, continúan manifestando los peores indicadores de desarrollo humano, a la par que la producción tabacalera en sí no ha experimentado una trayectoria competitiva.
El subsidio “precio FET” (precio sostén) no incentiva la reconversión del sector, ni la inversión productiva, ni las mejoras en las prácticas agrícolas, ni la búsqueda de reducción de costos.
El FET es un vehículo para que más del 90% de los productores tabacaleros (propietarios de 5 ha. en producción) subsistan, encerrados en un círculo vicioso que los condena a permanecer en su actual posición.
El FET es un vehículo para que más del 90% de los productores tabacaleros (propietarios de 5 ha. en producción) subsistan, encerrados en un círculo vicioso que los condena a permanecer en su actual posición.
El tabaco es la forma que tienen los productores minifundistas a obtener dinero en efectivo (ingresar a la economía monetaria), tener garantizado un ingreso mínimo (muchas veces con retrasos en el pago).
Los acuerdos con acopiadores (insumos por productos), los convierte en sus rehenes –y del Estado que les paga el sobreprecio-, sin capacidad de acumulación para romper aquel círculo vicioso.
Es el Estado quien jugó un rol fundamental en ponerlos en esa encerrona.
Sólo el 10% de la recaudación sobre cigarrillos se destina directamente al FET, mientras el resto queda en manos del Estado para otros fines. La ley 26.467, además de garantizar la continuidad de minifundios que producen tabaco debe desalentar el consumo de tabaco.
La esquizofrénica política tabacalera argentina es transversal a los distintos partidos políticos al gobierno.
Sólo el 10% de la recaudación sobre cigarrillos se destina directamente al FET, mientras el resto queda en manos del Estado para otros fines. La ley 26.467, además de garantizar la continuidad de minifundios que producen tabaco debe desalentar el consumo de tabaco.
La esquizofrénica política tabacalera argentina es transversal a los distintos partidos políticos al gobierno.
El Estado mantiene en niveles de subsistencia al grueso de los productores tabacaleros asegurándole a la industria una adecuada provisión de materia prima a costos competitivos.
El mayor interés del Estado son los impuestos que guarda para sí.
Ningún grupo o asociación pone en cuestión esta situación. Por el contrario, defienden la vigencia del FET y se vanaglorian de su labor.
Ningún grupo o asociación pone en cuestión esta situación. Por el contrario, defienden la vigencia del FET y se vanaglorian de su labor.
En un mercado abierto, sin la intervención pública, Argentina no tendría capacidad competitiva en tabaco y la asignación de recursos de los productores se dirigirían hacia otras actividades.
Esas otras actividades implicarían riesgos y tomas de decisiones empresarias que, por lo que se ve en el presente, esos agentes no están dispuestos a afrontar, prefiriendo quedar en su actual posición subordinada a la dádiva estatal.
Los gobiernos militares “desarrollistas” como el de Onganía y el de Lanusse; el Partido Justicialista “setentista” de Martínez de Perón, el “liberal” de Menem, y el “neosetentista” de los Kirchner; la UCR en alianza con el FREPASO –De la Rúa- y con el PRO –Macri-; además de los períodos no abordados con ejemplos, como el gobierno militar del denominado Proceso de Reorganización Nacional, el gobierno de la UCR encabezada por Raúl Alfonsín, y el interregno justicialista de Eduardo Duhalde, todos ellos llevaron adelante la misma política tabacalera: dádiva y sumisión para mantener el statu quo y, así, asegurarse el ingreso fiscal proveniente de la carga tributaria a los cigarrillos.
No es una cuestión de políticas democráticas contra autoritarias, ni de políticas peronistas contra radicales, sino de ideas puestas en práctica. Y esas ideas son homogéneas por sobre todo el espectro político argentino.
La política tabacalera expone con claridad esto: la clase política nacional y los agentes económicos sectoriales están cómodos con el modelo dirigista e intervencionista imperante. Mientras tanto, quien financia todo este esquema es, como siempre, el consumidor.
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