MONOPOLIO DE LA FUERZA

Autor: Fabeluke

Usurpadora palpa de armas a miembro de la Prefectura,
con anuencia del Juez Federal Dr. Lleral.

“Estado es aquella comunidad humana que, dentro de un determinado territorio (el territorio es el elemento distintivo), reclama (con éxito) para sí el monopolio de la violencia física legítima. Lo específico de nuestro tiempo es que a todas las demás asociaciones e individuos sólo se les concede el derecho a la violencia física en la medida que el Estado lo permite. El Estado es la única fuente del derecho a la violencia” (Max Webber, La política como vocación).

Max Weber.

El concepto del monopolio de la fuerza fue desarrollado por Max Webber allá por 1919. Si bien ha pasado casi un siglo, dos guerras mundiales y numerosos genocidios y masacres, sigue hoy vigente como definición del estado moderno. En aquellos países donde el estado ha renunciado o perdido el monopolio de la fuerza, la principal amenaza para los derechos humanos ha sido la anarquía.

Matanzas y hambrunas en la Comuna de París, 1848.

El vacío dejado por el estado fue llenado por carteles criminales, organizaciones paramilitares, señores de la guerra, guerrillas o movimientos insurgentes. Las FARC en Colombia, las maras salvadoreñas, la limpieza racial en la ex Yugoeslavia, el genocidio tutsi en Ruanda tienen en común un estado débil o inexistente que no pudo controlar las fuerzas en disputa [1].

Genocidio tutsi, 1990.

La erosión del poder estatal deviene en la pérdida de derechos y la falta justicia. La justicia y los derechos son convenciones que, en última instancia, se apoyan en la fuerza.

Las brutalidades cometidas por quienes usurparon el estado durante la última dictadura en Argentina, hizo que los gobiernos subsiguientes fueran reacios a reclamar para sí el monopolio de la fuerza por temor de ser equiparados con quienes los precedieron. Este temor se vio incrementado por la desastrosa represión de diciembre de 2001 -notoriamente exagerado por los medios, los políticos y las organizaciones sociales que propiciaban el cambio de gobierno-.

Incidentes en el Microcentro en diciembre 2001.
Algunos aducen que fueron preparados.

Argentina llegó al siglo XXI con una marcada hipersensibilidad hacia todo lo que significara el empleo de la fuerza estatal, hábilmente exacerbada para ser astutamente aprovechado por el progresismo local que sobreactuaba represión cada vez que podía.

Gendarme carancho, performance.

Néstor Kirchner, mejor comerciante que político, frente a los innumerables focos de conflicto remanentes de la crisis del 2001, entendió que la paz social podía comprarse. Así, adoptó una estrategia que en lo superficial lucía como un laissez faire, mientras que por debajo iba cooptando a sus protagonistas. Los que no fueron calmados con planes, subsidios o puestos en el gobierno quedaron aislados y finalmente terminaron cediendo.

Esa política tuvo su punto culminante en la crisis por las pasteras. El presidente prefirió arriesgarse a un conflicto con Uruguay antes que ejercer el poder frente a un grupo de personas que, no sólo bloqueó un puente internacional, sino que tomó para sí el control de un paso de frontera. Fue una verdadera renuncia de poder soberano.
El gobierno de Cristina Fernández probó con la alineación ideológica de los principales “movimientos sociales”. Funcionó por un tiempo, hasta que los más radicalizados escaparon a su control. Con la llegada de Sergio Berni se ensayaron, con cierto éxito, operativos de represión contra las manifestaciones y cortes de organizaciones no alineadas con el gobierno. Estos operativos contaron con el beneplácito de la prensa oficialista y el llamativo silencio de la progresía local, no sea que fueran a hacerle el juego a la derecha.

El actual gobierno ha seguido un sinuoso sendero en la aplicación del monopolio de la fuerza, tendiendo más a evitarlo que a usarlo, aún en los caso en los que todas las opciones previas habían sido agotadas. Su agenda parece marcada por las posibles repercusiones en los medios más que por una vocación de ejercicio del poder.  

Garavano en el Programa de Lanata, por Canal 13,
Bloque #LaArgentinaSinSantiago,
donde el Ministro Garavano afirmó
que estaba dispuesto a entregar
un par de gendarmes si fuera necesario.

Si bien la coerción debe entenderse como último recurso, renunciar a utilizar la fuerza para hacer cesar una conducta ilícita una vez que han fracasado todas las herramientas disponibles, debe entenderse como una pérdida del control estatal en el territorio.

Usurpadoras.

Cuando el estado no reclama para sí el ejercicio del monopolio de la fuerza, lo hacen otros. Ocurre en la calle, en las plazas, en los barrios carenciados, en las villas.

También ocurre Así ocurrió en lo que dan en llamar Pu Lof Cushamen. Resulta imposible concebir que unas pocas personas hayan podido invadir y controlar por más de dos años un territorio de 1.200 hectáreas sin la complicidad, activa o pasiva, de quienes tienen a su cargo el ejercicio de los poderes del estado.

Los ocupantes de la estancia Leleque no solo entran y salen a su antojo sino que deciden quién o quienes acceden al predio intrusado, e incluso se dan el lujo de establecer el tiempo y modo y ser ellos los que controlen a las autorida-des y no al revés.

Las negociaciones del juez federal con los ocupantes se parecen más a las tratativas con una potencia extranjera que una forma de aplicación de la ley sobre un territorio que forma parte de la República Argentina. Las imposiciones de los ocupantes, la forma en que fueron tratados los agentes del estado nacional y el constante entorpecimiento a la labor investigativa denotan la ausencia de control territorial de ese predio.

Juez Federal, Dr. Gustavo Lleral, quien admitió
doblegarse a las condiciones impuestas por los usurpadores.

En la concepción webberiana, la comunidad que ocupa terrenos pertenecientes a la estancia Leleque conforman un estado. Se reivindican como nación, desconocen las leyes y autoridades argentinas (solo efectúan concesiones en la medida que sea útil a sus fines) y ejercen exitosamente el monopolio de la fuerza.
Estamos frente a una secesión en progreso.

Resulta llamativa la pasividad de los poderes del estado nacional. También es peligrosamente llamativo el apoyo legal, técnico y logístico de organizaciones políticas y sociales que, aparentemente, ven con beneplácito el desmembramiento del territorio argentino. Lo cual es muy probable que ocurra si las cosas siguen el curso que vienen llevando.

Propaganda secesionista.

Es tiempo que el estado reclame para sí el monopolio de la fuerza. Es su deber, de cara a proteger la integridad territorial y los derechos humanos de los habitantes de la nación. El estado debe retomar su papel como garante de la libertad. En palabras de Hobbes, no existe dicotomía alguna entre libertad y autoridad, ya que la última es la condición de posibilidad de la primera.

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[1] Nota de la Editora: Otros ejemplos más domésticos: a. el período de anarquía tras la Guerra de la Independencia, tras la caída del Orden Colonial,  con constantes guerras civiles, que duró - con interrupciones - desde 1810 hasta 1953. b. la pérdida del monopolio de la fuerza por parte del Estado frente al terrorismo, desde fines de la década del ‘60 hasta fines de la década del ‘70. Con gran impacto en Argentina y Uruguay y en menor medida en Italia y Alemania con las Brigadas Rojas.