ASIMETRÍAS
En Quilmes, cualquier ladrón puede entrar en poblado y en banda a una casa, pero ningún propietario puede recibirlo a los tiros
Autora: Iris Speroni
Hace unos días un señor de 71 años, en Quilmes baleó a un ladrón. El fiscal pidió prisión efectiva que el juez convirtió en domiciliaria. Aparentemente ambos temen que vaya a fugarse o a entorpecer la causa (*).
En forma preliminar, un grupo de tres a cinco personas intentaron ingresar a esta modesta vivienda en por lo menos tres oportunidades, en una misma noche. Tras lo cual el propietario salió a los balazos y ultimó a uno de ellos, mientras el resto se dio a la fuga.
Tan pronto como se ultimó al convicto aparece el aparato represor del estado, en las figuras del fiscal y el juez, con todo el peso de la ley. Mató a un hombre, debe pagar por ello.
En algún punto, está bien. Es aplicar el código penal.
Ahora veamos otras caras del cristal.
Uno o varios de los hombres que intentaron ingresar a la vivienda, fueron liberados antes de cumplir su condena, usando un subterfugio, la existencia de una pandemia. Traduzco: el estado sostuvo que como no podía cuidar de la enfermedad a los presos, los iba a liberar, argumento enarbolado por las autoridades.
El estado debía cuidar esas viviendas para que no merodeen los ladrones. La prevención del delito es de competencia del Poder Ejecutivo provincial, en este caso, de la Provincia de Buenos Aires. Para eso le cobran a este buen vecino impuesto inmobiliario. Además de cobrarle 20,6% de impuestos provinciales sobre su consumo de luz, y cobrarle el 5% de IIBB sobre todos y cada uno de sus consumos. Sin embargo, el estado provincial no previene el merodeo.
Hasta acá tenemos dos falencias: 1. Un hombre que debía estar preso, no estaba, 2. una policía que debía hacer rondas, no las hacía. Por ambos servicios el estado provincial cobra todos los impuestos antes listados.
Sigamos. El muerto y sus cómplices tienen todos varios ingresos en establecimientos penales. Evidentemente, la cárcel no cumple su cometido constitucional de reeducar a los reos.
Un periódico de Quilmes sostiene que la banda de agresores forman parte de la barra brava de un club local y que cuentan con “protección” política.
Uno de los ingresos de la organización es pedir un diezmo a los vendedores ambulantes de la estación de tren. El estado envía inspectores municipales para controlar los matafuegos a quien tiene un localcito, pero no evita que coaccionen a un vendedor ambulante de que le deje parte del fruto de su trabajo al grandote del lugar.
El juez que liberó al ladrón ahora occiso, con la excusa del COVID 19, lo hizo con más de 2.000 reos. Si es un hombre honesto, lo hizo por convicción. En ese caso, no hay nada que reprochar. Si lo hizo por un precio, hagamos cuentas. Si cobró a cada preso $ 10.000 en promedio, en una semana de firmar liberaciones, se hizo con más de $ 20.000.000.- Si cobró en promedio $ 100.000, recaudó más de $ 200.000.000 en una semana. ¿Hay alguien de la justicia, de la procuración, de la policía provinciales investigando estos hechos?
La punta del iceberg
La Provincia de Buenos Aires hace años que promulgó el estado de Emergencia en Seguridad. Traduzco: el estado provincial declara públicamente y con fuerza de ley que no puede hacerse cargo de la seguridad de sus ciudadanos. Se declara sobrepasado por los problemas. Se declara inútil. Le dice a todos los ciudadanos que no los puede cuidar.
So far, so good. A veces no se puede todo.
Ahora bien, si el estado me dice a mí, ciudadano, que no puede mantener el monopolio de la fuerza, no puede obligarme a mí a comportarme como un ciudadano sujeto a la ley y al código penal.
Trataré de explicarme mejor. Si esto es el far west y vienen cinco hombres a robarme y el estado ya me avisó que no me va a proteger (porque no puede, porque no quiere, porque no sabe, porque se robó el dinero de la nafta de los patrulleros y les paga $ 35.000 mensuales a los policías, por la razón que sea), no puede aplicarme a mí la ley que no le aplica a los ladrones. En el far west cualquiera me puede pegar un tiro, pero yo le puedo pegar un tiro a cualquiera.
En Quilmes, no. En Quilmes, cualquier ladrón puede entrar en poblado y en banda a una casa, pero ningún propietario puede recibirlo a los tiros.
El peso de la ley cae con toda su contundencia...únicamente sobre el pequeño burgués. Nunca sobre la canalla (**).
Son ladrones con permiso de las autoridades.
Dura lex sed lex, pero sólo para algunos. Asimetrías.
Así que tenemos que el hombre que paga ABL, impuesto inmobiliario, IIBB, impuestos especiales a la electricidad, tasa de higiene y seguridad, impuesto a los combustibles, no recibe los servicios del estado a los que tiene derecho. Asimetría. No hay correspondencia entre pago de impuestos y servicios públicos.
Pero además, el código penal que le arrojan por la cabeza al vecino de Quilmes, misteriosamente, no es el que somete (o no somete) a la canalla organizada. Asimetría.
Los ciudadanos tenemos una serie de obligaciones. Una, cumplir las leyes. Otra, pagar los impuestos.
Las autoridades también tienen obligaciones para con nosotros, claramente detalladas en el Preámbulo de la Constitución. Si bien la primera parte de la CN lista nuestros derechos y garantías como ciudadanos, el Preámbulo lista las obligaciones de los gobernantes: “...afianzar la justicia, consolidar la paz interior, proveer a la defensa común,...”, no son obligaciones mías (o no directamente), son obligaciones de Kicillof, de los jueces y fiscales provinciales, de la Legislatura. Acá tenemos otra asimetría: yo tengo que cumplir la ley (no matar), pagar impuestos; pero ellos no tienen la obligación ni darnos paz interior ni de administrar justicia.
Soy absolutamente lega en temas jurídicos. Aún así, hace ruido que los jueces me apliquen el código penal mientras esté vigente la ley de emergencia de seguridad. Si el estado se declara en quiebra para brindarme el servicio de seguridad, no puede caerme encima como una tonelada de ladrillos porque maté un caco.
Porque, saben, no es justo.
Como dijo @Fabeluke en el año 2016; “Es que esto ya no es la anomia boba de Nino ni el país sin ley, es un sistema legal al servicio de la delincuencia”.
Extensiones
Este criterio lo podemos aplicar a todos los órdenes administrativos. Cobran 6,8 mil millones de pesos de inmobiliario rural en un semestre en PBA, pero no hay ni patrullas rurales, ni juzgados especializados. Cobran impuestos internos sobre los combustibles y las rutas son superficies lunares. Cobran sueldos en todos los estamentos del gobierno y luego dejan solo a un señor que vende churros frente a la coacción de un barrabrava.
Cuando las asimetrías son tan evidentes, todo el andamiaje jurídico y los criterios de autoridad del país se caen a pedazos.
El vecino de Quilmes paga toda suerte de impuestos. Las mineras están exentas de impuesto a las ganancias y de aranceles de importación para maquinaria e insumos. Las petroleras de Vaca Muerta tampoco pagan aranceles de importación para su maquinaria, amén de que pagan con dólar de 70 pesos. Asimetrías.
Reforma Judicial Federal
La alianza que ganó las elecciones, constituida por Cristina Fernández y Clarín, evidentemente convino que contra el apoyo electoral de CF, debían liberarla de los procesos judiciales abiertos. El presidente propone, para cumplir su parte del pacto preelectoral, reformar la justicia como herramienta para obtener sobreseimientos o faltas de mérito masivos.
Es demasiado costoso para nosotros.
La Justicia de Cristina Fernández.
Esos son problemas palaciegos. No le importan al que tiene una tienda de zapatillas en Flores, ni al churrero ambulante de Temperley, ni a una modista de Balcarce. Nosotros necesitamos, no digo que el presidente resuelva nuestros problemas, sino que no cree nuevos.
Sobresean a la ex presidente, amnistíenla o indúltenla. Total, siempre supimos que no le iba a pasar nada. Pero no nos hagan perder tiempo y dinero con la payasada de tener a su abogado defensor a cargo de convertir la justicia federal en tierra arrasada. Aunque no sea mala idea.
Resuelvan sus problemas con la mayor discreción posible.
De la misma manera que a los gobernantes no les interesan nuestros problemas, tampoco a nosotros nos interesan los suyos.
Reformar la justicia para salvar a una persona es una asimetría adicional que podemos obviar.
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Notas:
(*) El vecino de Quilmes sufre prisión domiciliaria. Cristina Fernández y Mauricio Macri, con innumerables procesos ambulatorios, esperan el juicio en libertad. Hablemos de asimetrías.
(**) @TomELawrence1 : "La guerra civil molecular" de Hans Magnus Enzensberger.
