DEBATE MENTIROSO
Autor: Santiago González (@gauchomalo140)
Nota original: https://gauchomalo.com.ar/debate-mentiroso/
rente a la plaza de mi barrio, una gigantografía desplegada sobre la medianera de un edificio invita a los jóvenes a hacer carrera en la policía de la ciudad. El caso de Maribel Zalazar, la agente asesinada esta semana en la estación Retiro del subte por un inmigrante desequilibrado y con antecedentes penales, obra como advertencia para los posibles interesados sobre cómo pueden terminar su carrera en las condiciones actuales de esa fuerza, y posiblemente de otras similares en el resto del país.
El cartel destinado a atraer a jóvenes cadetes no se apoya en la típica imagen de una dotación policial en acción, no se ven autos patrulleros ni atuendos o armas llamativos como los que distinguen a los escuadrones de intervención especial. El cartel muestra en cambio un aula, en la que una agente femenina alecciona a un elenco de aspirantes. Esa preparación fue una de las cosas que le faltó a la agente Zalazar y esa carencia le costó la vida.
Ni en los dos años en que revistó como agente de la Policía Federal, ni en los dos posteriores en los que fue transferida a la Policía de la Ciudad, aparentemente alguien le explicó a Zalazar cómo mantener asegurada su pistola, ni cómo mantener asegurada la funda de su pistola. O le explicó la peligrosidad de no hacerlo. Su agresor pudo arrebatársela y accionarla, en medio de un forcejeo, sin ninguna dificultad, según se deduce de la información periodística.
Una de las primeras cosas que se enseñan a la policía en el mundo es a proteger su arma, y para cualquier policía es motivo de bochorno perder su control. Zalazar pudo haber tenido su arma desprotegida por varias razones: por imprudencia o indisciplina, o porque sentía la necesidad de acceder a ella instantáneamente en caso de apuro (algunos presumen incluso que tenía una bala en la recámara). Queriendo proteger su vida, la puso en peligro.
Zalazar tenía razones para inquietarse sobre su seguridad: la jefatura le había confiado a ella sola -repito, a ella sola- la vigilancia de una estación terminal de subtes, que a su vez enlaza con algunas de las terminales ferroviarias y de autobuses más activas de la ciudad, un distrito que es escenario cotidiano de delitos menores, y vía de tránsito y escape de toda clase de delincuentes. Un teatro de operaciones cuya potencial peligrosidad se ve complicada por la gran cantidad de gente ajena al delito que circula a toda hora por el lugar.
Esto no ocurre en ninguna policía urbana del mundo: los agentes circulan en parejas, y un escenario con los desafíos que plantea el descripto requiere más de una pareja, todas interconectadas y en condiciones de solicitar apoyo y obtenerlo de inmediato. En el caso de Maribel Zalazar se sumaron problemas de entrenamiento y problemas en la distribución de los agentes en el terreno, problemas atribuibles al gobierno de la ciudad.
Pero el gobierno federal tuvo también su parte en la infausta colaboración de factores que condujeron a la muerte de la agente, madre de dos niños pequeños. Dejando de lado el entrenamiento inicial de la mujer en la Policía Federal, la responsabilidad del gobierno central tiene que ver especialmente con la situación inmigratoria de su atacante, un ciudadano paraguayo con antecedentes penales.
El agresor ya había sido denunciado por resistencia a la autoridad en junio de 2020, y en 2021 por actitudes violentas respecto de su pareja, a la que debió suministrarse un botón antipánico. Sin embargo, esas denuncias no impulsaron actuación alguna respecto de la permanencia de este hombre en territorio argentino, lo que no sorprende en un gobierno que en 2021 derogó el decreto (del gobierno anterior) que agilizaba el trámite de expulsión de extranjeros indeseables.
Esto no quiere decir que las responsabilidades sean similares, y la desproporción quedó reflejada en la rapidez con que la oposición política al gobierno federal y la constelación de medios que la respaldan procuraron desplazar el foco de la atención pública del entrenamiento, la conducción y el emplazamiento de la Policía de la Ciudad a un debate sobre el empleo de las pistolas Taser, irrelevante y ajeno al episodio en cuestión.
La muerte de la policía Zalazar marcó el punto más alto de una semana complicada en materia de seguridad en la Capital Federal, que incluyó desde la muerte de una niña en un tiroteo entre narcos en una villa de emergencia hasta el apuñalamiento por motochorros de un par de turistas austríacos que recorrían el barrio de La Boca, además de una serie de homicidios en barrios ubicados al sur de la avenida Rivadavia.
El jefe de gobierno porteño y sus principales colaboradores se hicieron presentes de manera desusadamente notoria en las honras fúnebres extraordinarias dispensadas a la agente caída. La ocasión devolvió inesperadamente a escena a Marcelo D’Alessandro, el secretario de seguridad de la ciudad (del que depende la policía local), en uso de licencia desde hace casi dos meses tras unas denuncias periodísticas que no pudo explicar, y cuyas funciones y responsabilidades no fueron trasladadas a nadie.
–Santiago González
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