DEFENSA vs SEGURIDAD
Finalmente, y después de cientos de anuncios cancelados, marchas y contramarchas, se publicó una tibia reforma al decreto 727/06, anunciada con bombos y platillos como un trascendental cambio de paradigma y criticada por gran parte del ignorante e incompetente espectro político y por parte de la intelectualidad mediocre que medra en este país.
Es entendible, como maniobra de autopreservacion. Cientos de carreras políticas y académicas se han basado en el mentiroso relato de lo acaecido en los años 70 en este país y existe un ingente negocio (el famoso “curro") con subsidios e incluso obra pública adjudicada.
Cuando se tiene un problema que no se puede resolver fácilmente (y la Administración de un Estado moderno lo es) la forma de enfrentarlo es dividirlo y entregar sus partes a especialistas para que las resuelvan por separado. De ahí surge el complejo organigrama de cualquier organización (y sin duda, la Administración es la organización más compleja que tenemos), y los diferentes ministerios, secretarías, organismos e instituciones.
Esta distribución de competencias debe ser eficaz y eficiente: no debe ser demasiado amplia ni demasiado excesiva. Sería alocado que el órgano que brinde el servicio de salud pública, además del de defensa, sea el Ejército como sería igualmente irreflexivo que tengamos una policía especializada por cada uno de los delitos existentes en el Código Penal (una para robos, otra para homicidios, otra para estafas, etc.). Las instituciones deben ser especializadas, pero también deben tener competencias amplias para impedir una excesiva fragmentación con la consiguiente inmovilidad; y, al mismo tiempo, deben estar comunicadas y cooperar entre ellas.
El Ministerio de Salud podría, por ejemplo, usar la infraestructura del Ministerio de Educación para llevar a cabo sus campañas de vacunación, sin necesidad de crear un servicio de vacunación del Ministerio de Educación.
Las diferencias entre función militar y policial, es decir, entre usar la fuerza para resolver conflictos con otros grupos humanos y usar la fuerza para aplicar normas dentro del propio grupo humano originalmente no fueron tan claras como algunos de los intelectuales mencionados genéricamente en el primer párrafo creen conocer. En la mayoría de los Estados antiguos la institución que aplicaba la fuerza era la misma, y, a lo sumo, existía una fuerza vecinal de carácter cooperativo para defenderse. Estas fuerzas, muchas veces de carácter rural (donde no llegaba el brazo del Estado), se llamaron Santa Hermandad en España.
Recién a partir del siglo XIX comenzaron a aparecer en las principales ciudades fuerzas policiales de carácter especializado, por fuera de los ejércitos y los cabildos. Actualmente es casi inconcebible que un Estado moderno no tenga fuerzas de seguridad separadas de las fuerzas armadas. No se admitiría que se use el poder de fuego letal para cualquier situación de mantenimiento del orden y el grado de capacitación necesario para la averiguación de delitos requiere personal especializado que se confundiría con sus funciones militares si perteneciese todo a una misma fuerza.
Esta aparentemente fácil división de competencias se complica en determinadas situaciones, en ciertos ambientes geográficos o escenarios donde la separación no es tan clara. Que un delincuente de poca monta corte los cables de suministro eléctrico de una casa para robarse el cobre parece ser un tema policial, pero que un grupo ataque las líneas de alta tensión que comunican Yacyretá con Buenos Aires dejando sin suministro a una ciudad de 15 millones de habitantes se puede convertir en un tema que afecta directamente a la soberanía y la estabilidad del Estado. La respuesta a estos casos fue resuelta en muchos Estados mediante la creación de una fuerza intermedia, de carácter policial-militar, relacionada tanto con el Ejército en materias de defensa (protección de fronteras e infraestructura crítica) y con la policía en materias de prevención e investigación criminal.
También existen zonas grises en cuanto a la protección del espacio aéreo (crear una fuerza policial especial aérea para combatir los poquísimos delitos que se pueden cometer en el espacio aéreo y para proteger la soberanía es absurdo por la relación costo-beneficio, teniendo una fuerza aérea), el ciberespacio (donde realmente no existe la geografía tal como la entendemos), entre otras.
La reforma
La política militar del kirchnerismo tuvo (hasta los últimos dos años) un solo objetivo: reducir a las FFAA a la intrascendencia total. Lo que comenzó como un mero cálculo político para que un señor feudal del interior pueda ganarse la simpatía de los sectores progresistas porteños terminó siendo un axioma: se entregó la política militar a organismos de DDHH y se redujeron sus hipótesis de intervención a una agresión de otra época (que no es imposible, pero sí muy improbable).
La modificación agregando las agresiones externas por parte de grupos terroristas o irregulares es absolutamente lógica, totalmente apegada a derecho y lo único que hace es sacarnos de la insensatez anterior, nada más. La derogación del decreto 1691/06, un instrumento brutalmente ideológico es una excelente noticia. No he leído la nueva Directiva Política de Defensa Nacional, que saldrá publicada en los próximos días así que la reflexión final estará basada tanto en mi experiencia como en las declaraciones radiales que fui escuchando.
Primero, veo poco mérito en hacer algo absolutamente útil, necesario, lógico y sin costo a los tres años de comenzar un gobierno. He escuchado la frase “vamos a usar al Ejército para realizar patrullaje fronterizo y así liberar de trabajo a los gendarmes y enviarlos a las ciudades”. Ahí está el error. El intentar cubrir los baches de las policías provinciales con Gendarmería, transformando a esta última en una “policía de villas” y quitándole su carácter de fuerza intermedia que amalgama la seguridad interior con la defensa.
La situación en defensa-seguridad es calamitosa y se ve en todos los niveles. La imposibilidad de caminar tranquilo por las calles de una ciudad importante, los cortes de calle permanentes, el ingreso indiscriminado de drogas, la violación permanente del espacio aéreo, la depredación del espacio marítimo, la vulnerabilidad de las infraestructuras críticas, civiles e informáticas, la inexistencia de un sistema de inteligencia medianamente eficaz y la insignificancia. La humillación de un país que tiene que pedir ayuda para organizar un evento como el G-20.
La democracia (término que usamos eufemísticamente para referirnos a la casta política e intelectual que nos gobierna desde 1983) ha sido absolutamente incapaz de generar políticas de seguridad consistentes y fue incapaz de integrar a su sistema a las instituciones más importantes de un país. Al no poder integrarlas, las abandonó y así nos abandonó a todos a nuestra suerte.
Es posible ordenar las competencias y coordinar eficazmente el accionar de todas las fuerzas del orden: policías provinciales – Policía Federal – Prefectura Naval – Policía de Seguridad Aeroportuaria - Gendarmería Nacional – Fuerzas Armadas, formando un espectro continuo y coordinado pero con responsabilidades distintas por fuerza.
Debemos evitar la separación y el caos y ordenar los ámbitos de actuación, para evitar duplicaciones y despilfarros, sin el cambalache que significa el enviar fuerzas a escenarios extraños, que no comprenden ni tienen un marco legal para actuar, o la falsa división tajante entre seguridad y defensa, el famoso “consenso alfonsinista” que alcanzó la clase política para continuar en el poder y que la intelectualidad mediocre justifica porque no la comprende.
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