INVERSIONES CHINAS - ALGUNAS REFLEXIONES III
Autor: Marcelo Posada (@mgposada)
Continuación de:
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Externalidades del proyecto
Externalidades positivas:
► En un contexto de fuerte restricción de recursos financieros para realizar inversiones, la posibilidad de recepcionar unos US$ 4.800 millones en un lapso de ocho años, tal como informan algunos agentes públicos y otros del ámbito privado (la cifra varía según el informante), abre una ventana de oportunidades muy interesante para el sector de la producción porcina.
► La instalación de las granjas proyectadas, sean las modelizadas por el gobierno nacional (de 12.000 madres) o las que inicialmente mencionaron personeros de los inversores (de 25.000 madres) permitiría elevar la producción de carne porcina hasta duplicarla en el muy corto plazo y, según se prevé, alcanzar más de 1,7 millones de toneladas en 2026.
► Ese crecimiento productivo implicaría un importante ingreso de divisas al país, puesto que ya no se exportaría grano, sino carne, lo que implica –según se dice- agregar valor aquí, en vez de que sea agregado en el puerto de destino de los granos. Ese ingreso se elevaría, según información extra-oficial, a US$ 2.500 millones anuales.
► Ese crecimiento productivo se expresaría en dos impactos relevantes. Por un lado, la cantidad de nuevos empleos a crearse, y por el otro, el desarrollo territorial.
► En relación al empleo, tal como señalamos, las modelizaciones del gobierno estiman que se crearán 9.500 puestos de trabajo directo y unos 34.000 indirectos, lo cual es un contexto recesivo como el que vive la Argentina es una gran noticia.
► A nivel del desarrollo territorial, la concreción de estas inversiones permitiría la desconcentración del núcleo dinámico de la economía agroexportadora, trasladándolo desde la región pampeana hacia las áreas más postergadas del Noroeste y del Noreste, donde también se producen maíz y soja, insumos primordiales para la producción porcina. Y esto es así en tanto que, pese a ser en teoría una inversión a acordarse entre privados, es el gobierno argentino quien define dónde deberían asentarse los emprendimientos productivos derivados de tal inversión, y ha priorizado ambas regiones mencionadas.
Crecimiento sectorial, mayores ingresos por exportaciones, creación de nuevos puestos de trabajo y desarrollo territorial más armónico, serían –prima facie- los aspectos positivos más importantes que se derivarían de concretarse las inversiones de origen chino en la producción porcina argentina.
Luego de analizar la información fragmentaria y diletante que se conoce respecto de la potencial inversión china en producción porcina, de analizar las ventajas potenciales que aparejarían y de sopesar los eventuales impactos negativos, cabe esbozar un análisis crítico de esta iniciativa, en el sentido mencionado al inicio de esta conversación.
En primer término aparece la cuestión del papel del Estado. Muchas declaraciones de funcionarios nacionales y de agentes privados pusieron énfasis en señalar que se trata de una iniciativa entre privados: empresas chinas por un lado y empresas argentinas por el otro. Si esto es así, cómo se explica el papel del Estado argentino direccionando las localizaciones, o la participación necesaria de empresas nacionales como proveedoras de instalaciones, de insumos, etc.?
Si es un acuerdo entre privados, y existiendo un marco general en Argentina que regula el flujo de fondos internacionales, plenamente vigente y aplicable a cualquier inversión que se desee realizar en territorio nacional, a qué se debe que estos acuerdos se tengan que enmarcar en el encuadre de un memorándum que firmarán Argentina y China en noviembre próximo?
Si es un acuerdo entre privados, los privados argentinos deberían negociar las bases y condiciones de dicho acuerdo con sus pares chinos. Sin embargo, esto no es posible stricto sensu, porque como mencionamos hace unos minutos, no hay empresas chinas de ámbito privado. Lo que hay son organizaciones particulares, dependientes del aparato estatal chino, que operan en distintos sectores de actividad, adoptando diversos formatos, pero siendo propiedad en última instancia de la República Popular China y debiendo responder a las directivas estratégicas y coyunturales que imparta el Estado chino.
Si se admitiera públicamente que se trata de un acuerdo país-país, sería entendible el afán direccionador del gobierno argentino, pero alegar que se trata de acuerdos entre privados y a la vez intentar definir aspectos operativos de las inversiones –que corresponderían exclusivamente a los privados intervinientes- no es congruente.
Esta incongruencia se agudiza al observarse la pésima estrategia comunicacional seguida por el gobierno nacional para informar a la población de esta iniciativa. La superposición de declaraciones y comunicados, la fragmentación de esa información, la falta de un vocero oficial que mantuviera un discurso claro y preciso, dejó espacio para que se tejan versiones difusas y, a al vez, para que se construyan relatos críticos de bases endebles (como, por ejemplo, el de asociar al desmonte con el desarrollo de estas granjas que operarían a gran escala).
Al recibirse las primeras críticas ambientalistas, a inicios del segundo trimestre del año, se difundió extra-oficialmente un documento que planteaba un modelo productivo de menor escala que el que inicialmente se había mencionado. Y en base a ese modelo comenzaron a inferirse ventajas de la inversión: creación de empleo, mayor volumen exportable, desarrollo territorial, etc. Pero los agentes que en teoría eran los responsables de la propuesta, es decir, los inversores chinos y sus eventuales socios locales, nada comunicaron al respecto.
Esto no hace más que acrecentar las dudas respecto de la iniciativa, respecto de sus impulsores y, en definitiva, respecto de la orientación de la misma.
Entre esas dudas que se derivan de este desmanejo informativo aparece quizás la más significativa: se modelizó una escala menor de operaciones de las granjas productoras porque las críticas a las grandes unidades y sus potenciales externalidades ambientales negativas estaban fundadas en una evaluación de riesgos acertada?
El hecho de que se haya pospuesto la firma del memorándum desde agosto hasta noviembre, esgrimiendo que se incorporarán salvaguardas ambientales a la operatoria no hace más que confirmar que las críticas ambientales a la propuesta organizativa inicial estaban bien fundadas. Si Argentina posee un marco normativo ambiental sólido, actualizado y de avanzada a nivel mundial –tal como afirman distintos agentes públicos-, y si el Estado dispone de los organismos de policía adecuados para hacer cumplir dicha normativa, entonces para qué incorporar una salvaguarda específica? Además, si las versiones de los modelos productivos resguardaban el impacto ambiental que generarían, cómo fue posible que desde el ministerio de Medio Ambiente de la Nación se adujera que no fue consultado y que “se ponía en alerta” (sic)?
La sucesión de acontecimientos y la información cambiante y fragmentaria permiten inferir que, efectivamente, hay una debilidad ambiental –al menos potencial- en los modelos productivos que se financiarían con capitales chinos, y que, al mismo tiempo, los propios agentes públicos no están convencidos de la capacidad estatal de controlar dichos riesgos, y de ahí que intenten imponer salvaguardas en el memorándum de entendimiento con China.
Si las declaraciones de funcionarios y agentes privados y la información pública hubiesen sido claras en sentido contrario, podría apreciarse un panorama de riesgos ambientales diferente. Pero todo conduce, aún para los no expertos, a dejar abierta la posibilidad de una debilidad en este aspecto que, necesariamente, lleva a poner en cuestión la modalidad productiva que se impulsa.
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