JUGAR CON FUEGO
Hace dos días atrás Berni muy suelto de cuerpo en la televisión aseguró que después de todo el 30% de la superficie de la provincia de Buenos Aires había sido usurpada por lo que lo de Guernica no era tan grave.
Y ahí fue cuando pensé: juegan con fuego. En su afán de hacer plata o ganar la elección del año siguiente, no se detienen a pensar lo que dicen. Las entregas de tierras de la provincia tuvieron distintas instrumentaciones, desde cesiones precarias como la enfiteusis, a ventas de tierra o pagos en especie por la Conquista del Desierto. Por lo que Berni miente. Pero aún si fuera verdad, hay una verdad jurídica anterior. En algún momento el gobierno de la provincia consideró que el señor X era dueño de la propiedad Y. En base a eso armó el Registro de la Propiedad que la provincia maneja. En base a eso cobra impuesto rural inmobiliario, cobra impuestos a la transferencia de la propiedad y tasas por registrarlo, impuestos sobre la herencia. El estado nacional cobra 1,5% sobre toda transferencia de propiedad, cobra todos los años impuestos a los activos. En resumen mi propiedad existe sólo porque así lo dice un Registro que administra cada provincia y ese registro es el que le da derecho al estado de cobrarme una serie de impuestos.
Es una incoherencia administrativa que el Estado, que es el único aval de mi propiedad, sea el que niegue mi propiedad y avale al usurpador. Porque si no me defiende mi propiedad registral no me puede cobrar impuestos. Pero no a partir de la usurpación, sino todos los impuestos que me cobró desde la compra o desde la herencia. O una cosa o la otra. Lo contrario es una inconsistencia jurídica inadmisible. Es el propio estado el que dice “es y no es”.
El gobierno de la Provincia de Buenos Aires entre enero y septiembre de 2020 recaudó $ 32.314 millones (treinta y dos mil trescientos catorce millones de pesos) de impuesto inmobiliario, un tercio del cual es inmobiliario rural. Los gobernantes deben decidir si recaudan este impuesto más todos los ingresos por transferencias registrales y cuidan la propiedad que ellos mismos sostienen que están asignadas o no respetan esta propiedad y entonces no cobran. Las dos cosas no pueden ser.
Y claramente, mientras recauden estos dineros, toda usurpación no repelida y toda usurpación no seguida del procesamiento penal de todos los involucrados, desde los autores intelectuales a los materiales, es un incumplimiento de los deberes de funcionarios público.
Creo que no se dan cuenta del daño jurídico que producen con sus devaneos e insolvencias.
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Hay una canción de Serrat donde dice “juegan con cosas que no tienen repuesto”.
Nuestros políticos juegan con fuego. Y nos van a quemar a todos. Si con esto nos libráramos de ellos, tal vez valdría la pena evaluarlo.
Pero no.
Hace semanas que un grupo organizado tomó terrenos en Guernica. Al mismo tiempo otro grupo, aduciendo algún tipo de conexión aborigen, en la Patagonia.
Al mismo tiempo hubo una serie de desafortunadas - a falta de mejor adjetivo - expresiones de parte de distintos funcionarios y/o provocadores profesionales, como el parásito de Grabois.
Los argumentos son varios. Los de la ministra nacional de Seguridad invocan problemas sociales, pobreza estructural e insuficiencia de “soluciones habitacionales”. Todos esos argumentos son bullshit, como dicen los yankis, o zaraza, como decimos nosotros. Supongamos por un instante que la gente que toma los terrenos fuera pobre que no tiene donde vivir y en un estado de desesperación lumpen intrusa un terreno, supongamos que sea cierto; eso no es excusa para robar tierras, por lo que explicaré al final del artículo. Si no tienen donde dormir, suponiendo que fuera cierto, dormirán en la calle, como miles de argentinos lo hacen, al menos en la ciudad de Buenos Aires. Y que yo sepa, esa gente que duerme en las veredas, en las recovas de Paseo Colón, Leandro Alemn y en la misma Plaza de Mayo (enrejaron el edificio de la AFIP para alejar los homeless) nunca les quitó el sueño a los progres. Hace dos décadas, si no más, que esa gente duerme en la vereda. Así que no creo en las lágrimas de cocodrilo, ni en la sensibilidad social de nenes de Barrio Norte como Frederic o servicios como Verbit$ki, o nenes de San Isidro como otros miembros del gabinete.
Así que a mentir a otro lado.
Pero además no se puede creer porque no son desesperados usurpando un terreno, sino una organización que prepara el terreno, es coordinada, contrata personas (por lo general desesmpleados o lúmpenes) para que se instalen, si es con niños mejor, y luego de forzar la transferencia de la propiedad, los echan y lotean los terrenos. De escuchar a la gente contratada en carácter de usurpante, se comprueba que una gran cantidad son extranjeros. En realidad funcionan como figurantes de una obra de teatro, una ópera o una ballet. Y ellos mismos lo sienten de esa manera porque a la fecha no hay castigo. Cobran lo convenidos y vuelven a su casa o casilla en algún otro lugar.
Lo que digo lo saben todos: prensa, fiscales, policía, jueces y funcionarios del poder ejecutivo (intendente, gobernador y ministros, presidente y ministros). Sin embargo todos actúan convalidando lo que resulta una organización delictiva, que no tiene como fin favorecer a los desposeídos, sino hacer negocios para cuatro.
Tanto en casos anteriores de provincia de Buenos Aires, como en la Capital, al menos desde Ibarra, si no antes, funcionaban dos prácticas. La primera es convalidar la usurpación por parte del juez (pide que intervenga el ministerio de acción social y le dé alojamiento a los usurpantes que siempre tienen cinco hijos por matrimonio, llevan a las largas el asunto) y luego suceden una de estas dos cosas: a. aparecen unos abogados que ofrecen pagar a precio vil la propiedad, tras lo cual pagan a los usurpantes - en general es un negocio de peruanos en la capital -; b. el gobierno de la ciudad le compra la propiedad al usurpado y se la da a los peruanos que ni cortos ni perezosos se la venden ipso facto al financista de la movida. En casos de provincia de Buenos Aires, durante Scioli, los propietarios “usurpados” eran funcionarios o amigos de funcionarios que había comprado los terrenos poco antes, tras lo cual se los “usurpaban” y poco después eran generosamente indemnizados por el gobierno provincial. Aprobado por la Legislatura provincial.
Como dije, un negocio.
Lo curioso, como en todos los casos de bienes registrables, es sumamente sencillo identificar a todos los miembros de la organización:
los usurpantes/figurantes.
los abogados que “defienden” a los ocupantes.
los que organizan la usurpación. Son fáciles de atrapar. Coordinación vía celular. Transporte de elementos precarios de construcción (chapas, parantes) y enseres (colchones, trastos) y personas. Contrataciones de figurantes.
Todo eso es fácil de desentrañar y exponer. Sin embargo la justicia no mueve un dedo en ese sentido.
Respecto a las justificaciones de distintos funcionarios y “referentes sociales”: son copiadas de diversos grupos de “sin tierra” que décadas atrás proliferan en Centroamérica y Brasil, aprohijados por la Iglesia de la Liberación. En Brasil duraron hasta que Lula los cortó menos diez. Es un discurso prearmado que repiten sin convicción y decididamente antiguo.
En la Patagonia hay otros elementos adicionales. Las tierras patagónicas son codiciables ya sea porque están en el camino de producciones petroleras y por lo tanto pueden representar el cobro de derechos de servidumbre (el dinero que paga la empresa petrolera al dueño del campo para tener derecho de paso o para explotar y/o explorar). Varias grupos aborígenes o pseudoaborígenes actúan como testaferros de funcionarios para cobrar como derechos de servidumbres lo que no son sino sobornos. En contrapartida las petroleras cuentan la la lealtad inquebrantable de los gobernados y senadores de las provincias patagónicas. Las otras usurpaciones revisten intereses hoteleros. El plan sería que estos grupos de pseudooindios ocupan parte de la costa del Lago Mascardi y luego se la vende o alquila a un grupo hotelero.
El tema “indígena” es muy complicado en Argentina. El artículo 75 inc. 17 de la constitución es como todo lo escrito en 1994 vago y contradictorio. En particular inserta en nuestra constitución un criterio sajón: el utilizado en EEUU para las “reservas” indígenas, que se contraponen con el nuestro de integración y mestización.
Se da de narices con la CN: “Artículo 16.- La Nación Argentina no admite prerrogativas de sangre, ni de nacimiento: no hay en ella fueros personales ni títulos de nobleza. Todos sus habitantes son iguales ante la ley, y admisibles en los empleos sin otra condición que la idoneidad. La igualdad es la base del impuesto y de las cargas públicas”.
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El artículo 75 inc. 17 y su hija putativa, la ley 26.160 son impracticables por una clara razón: a partir de la constitución de 1853 dejó de importar si tu padre era negro, mestizo, indio o blanco, porque todos pasamos a ser iguales. La genealogía en Europa tiene una razón de ser: mantener derechos familiares en una sociedad que admite las desigualdades (“derechos de sangre”). Si en Argentina no hay derechos de sangre, entonces nadie se ocupa de registrar la sangre de cada uno. Los registros de sangre son públicos como los registros de propiedad o de automoteres, tienen por objeto ser validadores de derechos registrables. A partir de 1853 se rompieron todos los registros de la sociedad colonial. En esa época eran muy importantes porque el lugar en la sociedad, lo que uno podía hacer o no dependía de quiénes eran los padres.
Eso se rompe con las Guerras de la Independencia. Todos pasan a ser iguales y esos contratos se rompen. Al igual que los concesiones de España a las familias huincas. Todo se rompe.
A lo que voy es que el Estado dejó de llevar los registros de sangre porque no tenían ninguna utilidad patrimonial, jurídica o política. De hecho son eliminados por la revolución. Entonces, roto el registro ¿cómo podemos saber la genealogía de una persona? ¿Cuándo alguien es indio? ¿Si es 100%, 50%, 25%, ⅛, 1/16 ó 1/64? ¿Dónde se corta? ¿Cómo se demuestra que alguien tiene sangre indígena en un país que decidió hace 167 años que esos registros eran ilegales?
¿A quién demonios se le puede ocurrir insertar el artículo 75 inc. 17 en la constitución si no es un radical? ¿Cuán imbécil se puede ser?
Entonces da lugar a toda suerte de avivadas. Ejemplo: los guaraníes en Salta. Todos los mapas relevados por las autoridades coloniales ponen a los guaraníes lejos de Salta. Son mapas confiables ya que son de inteligencia militar para saber con quién tenían que lidiar en el terreno. Por otra parte hay documentación que durante la guerra entre Bolivia y Paraguay, conocida como la Guerra del Chaco, contingentes de soldados desertaron y se refugiaron en la Argentina. Esto fue entre 1932 y 1935. Ahora resulta que hay “originarios” guaraníes que reclaman tierras en Salta avalados por el departamento de antropología de la Universidad Nacional de Salta. Esto demuestra que es todo un gran fraude y una gran puesta en escena.
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