INVERSIONES CHINAS - ALGUNAS REFLEXIONES IV
Quizás sea oportuno plantearse qué modelo de desarrollo para la cadena porcina argentina puede darse en la Argentina en base a la real disponibilidad de recursos.
Autor: Marcelo Posada (@mgposada)
Por supuesto, a esto se suman los antecedentes de impacto ambiental negativo que generan los grandes establecimientos productores, incluso algunos de esos antecedentes aportados por funcionarios de Cancillería, si bien a título personal (como es el caso de algunos asentamientos productivos en España). En definitiva, tanto por la experiencia en el extranjero, como por lo sucedido a nivel interno durante la tramitación de este acuerdo inversor, todo permite inferir que la cuestión ambiental aún no está resuelta y amerita un tratamiento pormenorizado que, incluso, puede redundar en un cambio de modelo productivo a adoptarse para estas inversiones en Argentina, ambientalmente menos riesgoso y con capacidad estatal efectiva de ejercer poder de policía ambiental.
Otro aspecto relevante a tener en cuenta en un análisis crítico de estas eventuales inversiones, es el económico. Agentes públicos y privados vienen aduciendo en distintos medios que la producción porcina argentina es mucho más competitiva desde el punto de vista de los costos: producir un kilogramo de carne de cerdo cuesta la mitad en Argentina respecto de China. Y en base a esto, como ya mencionamos, sostienen que estas inversiones no serían coyunturales, puesto que aún superando el problema de la peste porcina africana, a China le convendría continuar abasteciéndose de carne porcina desde Argentina.
Lo que no mencionan esos propagandistas de estas inversiones, es que ese menor costo se deriva de que el insumo básico de la producción, los granos, tiene un precio en el mercado local desacoplado del precio internacional. Y esto se debe a la vigencia de los derechos de exportación (las retenciones). Así, entonces, parte de la “capacidad competitiva” de la producción porcina en Argentina para el abasto a China reside en la perduración de la vigencia de ese impuesto. ¿Qué sucedería si un futuro gobierno eliminase dicho impuesto? ¿Seguiría siendo tan conveniente para China continuar abasteciéndose desde Argentina? Si no lo es, ¿qué sucedería con los capitales invertidos aquí?
Cuando una gran inversión asienta un núcleo productivo en determinado territorio, se derrama en el mismo generando dinamismo económico y poblacional (generación de empleo, establecimiento de firmas proveedoras, crecimiento poblacional, etc.). Pero a la vez, puede constituir un punto débil de dicho territorio, puesto que en caso de retirarse la inversión, el entramado productivo y demográfico circundante recibiría el impacto negativo de forma inmediata. Situaciones como estas (propias de economías de enclave) se han registrado en numerosas regiones del mundo, y es una experiencia a tener en cuenta: Argentina debe plantearse si la coyuntura de urgencia por captar inversiones justifica generar enclaves económicos, dada la debilidad estructural que apareja esa configuración económico-territorial.
Otra cuestión relacionada con la anterior es la de la generación de un entramado productivo sólido en torno a las grandes granjas que se instalen. Los agentes públicos y privados que difunden el tema, señalaron en múltiples oportunidades que se “exigirá” a los inversores chinos que tengan socios argentinos, pero también que se aprovisionen en instalaciones y maquinarias localmente (o al menos, a nivel nacional). Antes que nada vuelve a surgir la cuestión: si era un acuerdo entre privados, ¿a título de qué el gobierno nacional puede “exigir” que esos inversores seleccionen socios argentinos? Y a la vez, si es una inversión privada, ¿cómo se puede exigir que esos inversores se aprovisionen en tales o cuales proveedores locales o nacionales? La incongruencia en este punto es muy severa.
El circuito de proveedores en la fase de instalación de las granjas y sus plantas conexas se irá configurando según la conveniencia de los inversores y según la oferta realmente disponible en el país. Algunos componentes metalmecánicos serán accesibles y convenientes desde proveedores nacionales, mientras que determinados equipos o maquinarias deberán ser importados, puesto que no hay oferta local. En esa configuración del circuito de proveedores, la dinámica del mercado es la que definirá el papel que ocupen las firmas argentinas, no una decisión o imposición por parte del gobierno nacional.
Por supuesto, podrá haber tergiversaciones al funcionamiento del mercado de aprovisionamiento, a través de exenciones impositivas especiales para los inversores, a fin de que se aprovisionen en uno u otro lugar, a través de subsidios específicos, etc. Pero si se recurren a estos mecanismos, se abre una cuestión importante: ¿por qué motivo el gobierno nacional podría brindar apoyo normativo o fiscal para la realización de inversiones a esos capitales chinos, y no hace lo mismo para las inversiones que pudiera pretender realizar el capital argentino? La experiencia de las ventajas otorgadas al capital chino para la realización de “inversiones” en el ferrocarril San Martín Cargas durante la presidencia de Macri debería servir de antecedente para analizar lo que podría suceder en el caso de estas inversiones en producción porcina.
Hasta aquí hemos expuesto las principales prevenciones que nos genera este anuncio de inversiones chinas a nivel de la capacidad de gestión pública, a nivel de su sostenibilidad ambiental, de la capacidad de ejercer policía ambiental por parte del Estado, a nivel de competitividad genuina de la producción que se encare y a nivel del arraigo territorial verdadero que puedan desarrollar.
No estamos planteando aquí una postura de oposición frontal contra estas inversiones. En buena medida, porque aún no podemos hacer un análisis fino de las mismas, dado que no hay información fidedigna. Pero sí, en cambio, en base a los dichos y trascendidos relevados para esta ocasión, podemos plantear una serie de dudas como las enunciadas hasta aquí. No es blanco o negro, inversiones sí o inversiones no. Se trata de realizar un análisis crítico y hasta el momento, dicho análisis no permite ser optimista respecto de la solidez multidimensional de esta iniciativa que impulsa el gobierno nacional y agentes privados. Quizás, en el corto plazo, aparezca nueva información que permita un análisis más pormenorizado, sobre bases firmes, y eso lleve el resultado del análisis crítico hacia otra perspectiva. Pero hasta este momento, insistimos, no se trata de anuncios que generen optimismo en cuanto a su solidez y sostenibilidad.
Entre tanto el gobierno, los inversores o sus socios locales se deciden a brindar información completa, clara, transparente, quizás sea oportuno plantearse qué modelo de desarrollo para la cadena porcina argentina puede darse en la Argentina en base a la real disponibilidad de recursos y a la potencialidad que encierran los factores de producción locales. Definir un modelo de granjas porcinas sostenibles desde lo productivo y lo ambiental, con inserción firme en el territorio, y que se sustente en una competitividad genuina (y no solo en el tipo de cambio) es el desafío del presente. Productores, técnicos y dirigentes tienen preparación, conocimientos y experiencia suficiente para empezar esa tarea. Ahora es el momento.
