Implosión Argentina

Gramsci, sus seguidores y la destrucción de nuestro país.




La Argentina


La Argentina sufrió las influencias del neomarxismo gramsciano [1] al igual que todo Occidente. Hoy nos vemos todos frente al mismo dilema: la sensatez burguesa o el delirio de la progresía.


Por eso ganó Trump. Y por eso un número no menor de ciudadanos europeos está harto.


En la Argentina, a partir de Ricardo Alfonsín, hubo un plan de modificación del sistema legal para socavar, paso a paso, el orden burgués alberdiano. No nos equivoquemos. Fue un plan premeditado llevado en conjunto en Europa y América, con gente sumamente conectada entre sí por diferentes agrupaciones y organismos internacionales, donde se copiaron mutuamente los modos.


Las mal llamadas “organizaciones no gubernamentales” u “ONG”, en la Argentina asociaciones civiles por ley 22.315, son una de las armas más funcionales a los grupos de presión. Se atribuyen una representatividad de la sociedad civil que no tienen. Son financiadas muchas veces desde el exterior y por personas o empresas desconocidas, sus miembros disponen de tiempo y predisposición para solicitar audiencias públicas - y concurrir a ellas - de forma de sostener su sobrerrepresentación y, finalmente así, imponer su agenda.


La progresión en Argentina fue:


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Raúl Alfonsín:


Cambió planes y profesores en las universidades, eliminó delitos del código penal (que castigaban a los crímenes contra la propiedad).


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Carlos Menem:


Modificó la Constitución Nacional, destrucción efectuada en conjunto con Raúl Alfonsín, con puntos definitorios: destrucción del sistema de educación con el Consejo Nacional de Educación y la Ley Federal de Educación; de la salud y de las Fuerzas Armadas; la Constitución de la Ciudad, compendio de la progresía redactado por Zaffaroni. Se introdujeron las nefastas acciones positivas (Art 75 inc 23 CN) que otorgan privilegios a las minorías por el sólo hecho de serlo, atentando así contra el principio de igualdad.  Le dieron jerarquía constitucional a tratados elaborados por burócratas progres de la ONU y OEA que nadie votó ni conoce [2].


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Néstor Kirchner:


Apenas asumió sancionó la nueva ley de extranjería, hecha por el CELS a medida de los narcotraficantes, en particular en la parte que habla de las penas por delitos.

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Cristina Fernández:


Nuevos códigos Procesal Penal (que le da mayor discrecionalidad a los jueces). Código Civil (que limita el derecho de propiedad, regala propiedad pública - ciento de miles de hectáreas a privados -, ataca a la familia como bien social a proteger y trastoca los contratos burgueses, eliminó el término “vientre materno” por “vientre” (¿para no ofender la colectividad LGTB). En paralelo, el sistema judicial se vio copado por una escuela ideológica, la que se hace llamar garantista o abolicionista, en detrimento de las otras. Esta línea lo que hace en los hechos, bajo la excusa de ser concesivo con los menos privilegiados, es eliminar toda forma de castigo a dos delitos: el narcotráfico y la malversación de fondos públicos.
Las cátedras de Derecho fueron las grandes claves para decidir quiénes ocupaban los puestos en el sistema judicial, generando un todo compacto, obediente y monocorde. Quien no adscribiera in totum a la fe de quienes cortan el bacalao (ej.: Slokar/Zaffaroni), no tenían (ni tienen) chances de ocupar esos puestos.
Es por esa razón que algunos personajes sobreactúan su progresía con el fin de conservar su ingreso mensual.


Quiero resaltar dos puntos:


En la Reforma Constitucional de 1994 se incluye un gran cambio conceptual que pasó desapercibido. Para los constituyentes de 1853 (como para la Asamblea del Año XIII) todos los seres humanos son iguales en cuanto sujetos políticos. Nada nos diferencia ni nos distingue. No hay prerrogativas de sangre. Pobres, ricos, de a pie o poderosos, todos somos iguales y tenemos los mismos derechos y obligaciones.


La Reforma de 1994 nos divide a los argentinos en dos: los que tienen ascendiente (o dicen tenerlo, ¿cómo saberlo?) indígena y el resto. En contradicción con el artículo 16. Y eliminando el mandato anterior de convertirlos en ciudadanos de pleno derecho. Paradójicamente la división de los habitantes en categorías, cada una de las cuales tenía diferentes obligaciones y derechos, es la particularidad de la sociedad virreinal. Miles de patriotas murieron para lograr abolir ese orden de castas que la Constitución de 1994 tímidamente reinstala.


El nargoprogresismo no es sólo latinoamericano. Los narcogobiernos no son sólo latinoamericanos, que lo son. La cocaína colombiana-boliviana ingresa a EEUU y a Europa. Afganistán está ocupada por los EEUU y la heroína ingresa a EEUU y Europa. El principal productor de droga sintética es Bélgica, que exporta a todo Occidente.


Los cambios legales en la tipificación de los delitos y procesales, en el tratamiento de los delincuentes, es un todo coherente armado en todo Occidente, con el objeto de abolir un orden y construir uno nuevo, con burócratas superpoderosos y grandes empresas que no dan cuentas a nadie, en un mundo paralelo extraterritorial.


La lucha nuestra es discutir uno a uno todos los derrapes de la progresía. Defender la sensatez. En defender el sentido común, nuestras tradiciones y nuestra cultura, se nos va literalmente la vida. Es una tarea ardua, porque la progresía gobierna. Pero su propuesta es fallida y lleva al suicidio cultural y demográfico. Pero como dijo San Martín: “El enemigo es más grande si se lo ve de rodillas”.


Antígona a Creonte: “...he creído que tus decretos, como mortal que eres, puedan tener primacía sobre las leyes no escritas, inmutables de los dioses. No son de hoy ni ayer esas leyes; existen desde siempre y nadie sabe a qué tiempos se remontan. No tenía, pues, por qué yo, que no temo la voluntad de ningún hombre, temer que los dioses me castigasen por haber infringido tus órdenes…”.

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[1] Ver nota “Implosión de Occidente”.
[2] Aquí se repite el argumento del compañero Farage para el Brexit: tiene más valor una ley votado por gente que no fue electa, que no le debe dar cuentas a nadie y que los ciudadanos desconocen su existencia, por sobre las ley del país, sancionados de acuerdo al estado de derecho, de la constitución de cada país.

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